Antioquia pidió reglas claras para la actuación de la Fuerza Pública durante protestas y hechos violentos

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó al Gobierno Nacional las observaciones del departamento frente al proyecto de decreto que busca modificar el Decreto 003 de 2021, norma que establece los lineamientos para la actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas.

El proyecto, publicado por el Ministerio del Interior el pasado 28 de septiembre, plantea una actualización del marco de actuación estatal frente a las protestas, con disposiciones relacionadas con la prevención, el diálogo, la coordinación institucional y la intervención de las autoridades ante situaciones que puedan afectar el orden público o los derechos de terceros.

Desde Antioquia se respalda la modificación, bajo el argumento de que las nuevas disposiciones deben permitir diferenciar entre el ejercicio legítimo y pacífico de la protesta y aquellos hechos en los que se presenten actos violentos, afectaciones a bienes o riesgos para la integridad de las personas.

“Es una modificación necesaria: hay que desamarrarle las manos a la Fuerza Pública. La protesta pacífica es un derecho que debemos garantizar, pero la violencia no puede recibir el mismo tratamiento”, aseguró el gobernador Andrés Julián.

Uno de los principales planteamientos formulados por la Administración Departamental está relacionado con las manifestaciones que tienen lugar en universidades y otros centros educativos. Antioquia propone que el nuevo decreto contemple un artículo específico para estos escenarios, teniendo en cuenta que el derecho a la protesta debe armonizarse con la integridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa, así como con el derecho a la educación de quienes no participan en las movilizaciones.

La propuesta también busca que se considere la continuidad del servicio educativo y la protección de la infraestructura, los bienes públicos y privados y el medio ambiente sano.

En los casos en que dentro de estos espacios se presenten actos violentos o situaciones de flagrancia, la Gobernación plantea que la Fuerza Pública pueda intervenir sin requerir autorización previa de las directivas de la institución, siempre bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación.

“La autonomía universitaria se respeta, pero no puede convertirse en una barrera para que las autoridades actúen cuando hay actos violentos”, señaló Rendón.

El planteamiento constituye una de las observaciones más sensibles dentro de la discusión, debido a que la propuesta busca establecer con mayor precisión las circunstancias en las que las autoridades podrían intervenir dentro de instituciones de educación superior. Por ahora, se trata de una propuesta presentada al Gobierno Nacional y no de una regla vigente.

Otro de los ajustes planteados por Antioquia tiene que ver con la participación de las gobernaciones en los Puestos de Mando Unificado, PMU. El gobernador propone que la presencia de los departamentos no esté condicionada únicamente a que una manifestación se desarrolle en varios municipios, sino que también pueda activarse cuando existan razones relacionadas con la seguridad y el orden público.

De acuerdo con la propuesta, esta modificación permitiría la participación del Gobierno Departamental cuando la dimensión de los hechos o las condiciones de seguridad hagan necesaria su intervención y coordinación, incluso si la movilización tiene lugar en un solo municipio.

La Gobernación también plantea precisiones frente a las verificaciones que corresponden al Ministerio Público. Según las observaciones presentadas, estas podrían desarrollarse antes, durante o después de las actuaciones, pero sin que su realización pueda retrasar o impedir la intervención de la Policía cuando esta resulte necesaria.

Otro punto señalado por Antioquia consiste en ampliar los elementos que deben ser considerados dentro del denominado equilibrio constitucional durante una manifestación. La propuesta busca incorporar de manera expresa la protección de la propiedad pública y privada y el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, junto con los demás derechos que deben ser ponderados frente al ejercicio de la protesta.

El planteamiento de la Gobernación parte de una distinción que Rendón ha reiterado en sus observaciones: garantizar el derecho fundamental a la protesta pacífica no implica otorgar el mismo tratamiento a quienes incurran en actos violentos.

“La protesta pacífica es un derecho y debe garantizarse. Pero la violencia no puede disfrazarse de protesta ni el diálogo puede convertirse en una excusa para impedir que la Fuerza Pública cumpla con su deber”, agregó el mandatario.

El Decreto 003 de 2021 actualmente establece, entre otros aspectos, que las autoridades deben privilegiar el diálogo y la mediación durante las manifestaciones públicas y que, ante actos de violencia que pongan en riesgo la vida, la integridad de las personas o los bienes, la actuación policial debe observar principios como necesidad, gradualidad, proporcionalidad y racionalidad.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué propone Antioquia sobre la actuación de la Fuerza Pública durante las protestas?

El departamento de Antioquia propone modificar el Decreto 003 de 2021 para diferenciar entre la protesta pacífica y los actos violentos, permitiendo una intervención más clara de las autoridades en estos últimos.

¿Por qué el gobernador Andrés Julián Rendón considera necesarias estas modificaciones?

El gobernador Rendón argumenta que es necesario 'desamarrarle las manos a la Fuerza Pública' para que pueda actuar ante la violencia, sin que la protesta pacífica pierda sus garantías.

¿Cuál es la propuesta más sensible de Antioquia respecto a las protestas en instituciones educativas?

Antioquia plantea que la Fuerza Pública pueda intervenir en universidades y centros educativos sin autorización previa de las directivas cuando haya actos violentos o flagrancia, respetando la autonomía universitaria pero no como barrera para la acción.