Se cayó la socialización del presupuesto de 2023 en el Concejo de Medellín

La propuesta presentada por el presidente del Concejo de Medellín, Lucas Cañas Jaramillo, sobre socializar el Proyecto de Acuerdo por medio del cual se establece el Presupuesto General del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para la vigencia fiscal 2023, el martes 1 de noviembre, fue retirada del orden del día por petición de los concejales de la ciudad.

¿Cuál fue la razón por la que se cayó la socialización del presupuesto de 2023 en el Concejo de Medellín? De acuerdo con la concejal Leticia Orrego, la respuesta está en las presuntas irregularidades que incluyen la supuesta radicación extemporánea del proyecto.

Otra razón es que, aunque la Administración Distrital insiste en que radicaron el Proyecto de Acuerdo dentro del límite establecido por la Ley (que son los primeros 10 días del mes), hay otra irregularidad que consiste en la recepción de dos correos con el documento pero que tienen el mismo radicado. Además, los concejales dieron a conocer que uno de los documentos, el enviado vía email a las 8:11 p.m. del 10 de octubre, no tendría la firma del alcalde, lo que es también un requisito de ley.

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De acuerdo con información entregada por los abogados del Concejo, el correo con el documento de radicación llegó a la Secretaría de la corporación a las 8:11 p.m. del 10 de octubre. Esto, según el equipo jurídico, va en contravía de las disposiciones consignadas en la Ley 136 de 1994 que es la Norma Orgánica de Presupuesto, y en el reglamento del Concejo.

Orrego también dio a conocer que al día siguiente, es decir, el 11 de octubre, la Alcaldía de Medellín radicó el proyecto de forma presencial en la corporación, algo que para la corporada es una violación absoluta a la norma y al reglamento.

«Ese día vinieron, lo trajeron firmado y organizado. Pero a todas luces extemporáneo. No cumplieron con lo que la norma dice», afirmó.

¿De quién es la culpa?

Para Leticia Orrego, concejal que le ha puesto la lupa al asunto, las irregularidades frente al tema impiden que los corporados discutan el presupuesto para 2023. Aseguró que no pueden echarles la culpa por no socializarlo debido a que la responsabilidad no es de los concejales, sino de la administración de Quintero Calle.

«No es culpa de los concejales de Medellín. Es culpa de un alcalde. Es culpa de un secretario de Hacienda que no cumplió un rol que tenía que cumplir. Aquí estamos hablando que estamos violando un decreto orgánico», cuestionó Leticia Orrego.

La servidora también informó que, después de levantada la Emergencia Sanitaria, hasta la fecha no se había presentado ni un solo proyecto de acuerdo vía correo electrónico, sino que todos han sido radicados de forma personal y presencial.

Por la pretensión de Lucas Cañas, de someter a socialización el presupuesto de Medellín para la vigencia fiscal de 2023, varios concejales lo acusaron de pretender inducirlos a prevaricar y, por ende, a poner en riesgo sus curules y sus carreras políticas.

«Lo que el presidente del Concejo de Medellín quiere es que todos los concejales violemos la ley e incurramos en prevaricato al proponer la socialización del presupuesto para 2023 que fue presentado extemporáneamente. No es cierto que Medellín quede sin presupuesto, no es cierto que se quede sin plata», acusó el concejal Julio Enrique González.

Por este riesgo, González solicitó que no se socializara el presupuesto de Medellín para la vigencia 2023 en la plenaria de este martes por las presuntas irregularidades que acompañaron la radicación del mismo. A la solicitud se sumaron otros concejales logrando que, finalmente, fuera retirada del orden del día, a la espera de que un juez entregue respuesta a una tutela instaurada por el mismo González.

Nadie se atrevió a «prevaricar» en la socialización del presupuesto de 2023

El temor de los concejales radicó en que al haberse entregado de manera extemporánea el proyecto del presupuesto de Medellín, ellos habrían perdido las competencias para discutirlo en la plenaria del recinto.

Otros concejales también se sumaron al llamado de Orrego y González para no prevaricar socializando algo que, según ellos, estaba por fuera de los términos de la Ley.

«Hoy es evidente el prevaricato que se está cometiendo aquí en el Concejo. Presidente (Lucas Cañas) su mala intención con un acto administrativo nombrando ponentes, generando socializaciones para darle una presunción de legalidad, exponiendo además a los concejales a una pérdida de investidura. Ustedes no tienen ética jurídica», señaló el concejal Sebastián López.

Frente a las acusaciones de sus colegas, el presidente del Concejo de Medellín, Lucas Cañas Jaramillo, respondió que su intención no era exponer a nadie ni inducir a la comisión de delitos a ningún concejal.

«Aquí no estoy buscando exponer a nadie. Aquí lo que queremos es generarles garantías a todos los concejales. El concepto y la solicitud del concepto lo elevamos con las abogadas del Concejo. Es decir, yo he permitido todas las condiciones necesarias para que busquemos una solución a esta situación en particular que se deriva de dudas por parte de ustedes», aseguró Cañas Jaramillo.

El presidente del Concejo también insistió en que el proyecto en discusión sí fue presentado en los tiempos exigidos por la ley, aunque en la fecha límite, y aclaró que lo que se recibió el 11 de octubre fue la ratificación del documento enviado por correo electrónico el día anterior.

«Es claro que recibimos en la fecha límite dentro de los términos el Proyecto de Acuerdo del presupuesto y que el día 11 recibimos ratificación de radicación en aras de darle celeridad a los temas y no buscar obstáculos administrativos», afirmó.

Finalmente, aceptó que se retirara del orden del día la socialización del presupuesto de Medellín para la vigencia fiscal 2023: «Si ustedes quieren que no demos la discusión, o que esperemos a que el juez de tutela lo responda, yo no tengo problema porque mi ánimo es garantizar que todos estemos tranquilos».

¿Qué dice la Administración Distrital?

Para el secretario de Hacienda de Medellín, Oscar Hurtado Pérez, el procedimiento de radicación fue hecho conforme a lo estipulado en la Norma Orgánica de Presupuesto y en el reglamento interno del Concejo.

El funcionario también insistió en que, al haberse radicado el proyecto en los tiempos de ley, la tarea de los concejales era socializar y debatir el asunto para sacar adelante el trámite.

«Le pido al Concejo Municipal que continúe con el trámite. El trámite lo hicimos nosotros con la radicación; radicación que se hizo cumpliendo no solo la Constitución sino la Ley y los decretos que tienen que ver con el sistema de presupuesto del municipio y de la nación. Cumpliendo el procedimiento legal. Acudiendo a los medios idóneos, como es la radicación de manera electrónica», afirmó Hurtado.

Acto seguido, arremetió contra el Concejo de la ciudad afirmando que la culpa de las dudas en el procedimiento era exclusivamente de la corporación porque, según él, no tienen un sistema informático actualizado que permita radicar electrónicamente los proyectos que la administración requiere presentar.

«Ahí quiero hacer una claridad: a mí me llamaron el 11 para que hiciera la radicación física y yo dejé constancia de que hacíamos la radicación física porque aquí tienen una plataforma bastante obsoleta que no le permite asignar un número a un Proyecto de Acuerdo si no se hace de manera física», afirmó.

Y agregó que «La radicación se hizo el 10 y esa es nuestra tarea. La hemos hecho bien. Algunos dicen que el alcalde nos ordenó hacer una jugada y no. Eso es menospreciar la inteligencia de más de 350 funcionarios de carrera administrativa que tiene la secretaría de Hacienda».

Por ahora, el tema quedó en modo pausa hasta que un juez se pronuncie sobre la tutela presentada por el concejal Julio Enrique González con el propósito de conocer el concepto sobre cuál debe ser la actuación de los 21 concejales.

De no poderse socializar el Proyecto de Acuerdo del Presupuesto de Medellín para la vigencia fiscal 2023, entonces será el alcalde de la ciudad a quien le corresponda, mediante decreto, asignar un presupuesto de repetición. Es decir, tendrá que trabajar en 2023 con el presupuesto de 2022 y que está en los $6,5 billones.

Lo anterior significa que Daniel Quintero Calle y la ciudad de Medellín, se perderían, por la aparente negligencia de la misma administración, $1 billón de pesos ya que la aprobación que está en juego para el 2023 asciende a los $7,5 billones.