Exministros advirtieron que el Decreto 0858 impone una reforma en salud “de facto, sin debate democrático”

Un grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud y Protección Social alzó la voz frente al Decreto 0858 expedido por el Gobierno Nacional el pasado 30 de julio, advirtiendo que se trata de una reforma impuesta “sin el debido debate democrático” y que pone en riesgo la sostenibilidad y calidad del sistema de salud en Colombia.

En un comunicado a la opinión pública, los exfuncionarios aseguran que el Decreto 0858 no representa una solución estructural a la crisis actual del sistema, sino que genera mayor incertidumbre institucional, operativa y financiera. “El Decreto 0858 no soluciona la profunda crisis que el sistema padece en la actualidad, ni tiene el respaldo técnico y financiero”, afirman.

El decreto en cuestión sustituye la parte II del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 y adopta el llamado “Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo”. Según los exministros, esta medida representa un cambio estructural que debió ser tramitado mediante una reforma legislativa en el Congreso, no por vía de decreto presidencial. “La nueva norma impone una reforma de facto sin el debido debate democrático”, señalaron.

El grupo criticó además que el nuevo modelo debilita el aseguramiento individual, traslada funciones clave a entidades territoriales sin suficiente capacidad y altera el rol de las EPS sin estudios técnicos, fiscales ni financieros que sustenten los cambios. “El modelo propuesto genera incertidumbre institucional, operativa y financiera”, advirtieron.

En su pronunciamiento, los exministros manifestaron preocupación por el impacto que podría tener el decreto sobre la atención en salud de millones de colombianos. “La salida a la crisis exige diálogo, evidencia técnica y responsabilidad institucional”, subrayaron, al tiempo que exhortaron al Gobierno y al Congreso a retomar un camino democrático con estudios actuariales, análisis de impacto y participación experta e independiente.

Asimismo, consideraron que el instrumento jurídico utilizado no es el adecuado para implementar una transformación de esta magnitud. Por ello, hicieron un llamado al Consejo de Estado para que adopte medidas cautelares “hasta tanto no haya un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad del instrumento jurídico”.

El documento también advierte que, a pesar de que el decreto declara como objetivo garantizar el derecho a la salud y el bienestar, “identificamos varias alertas y preocupaciones que, en línea con nuestros pronunciamientos anteriores, podrían exacerbar ya la crítica situación del sistema”.

Según el análisis del grupo, la norma abre un nuevo capítulo de fragmentación, riesgo de desorden en la afiliación y pérdida de libertad de elección para los usuarios. Alertan que el acceso podría restringirse, la calidad deteriorarse y que el modelo impuesto carece de “lineamientos definidos ni capacidades establecidas”.

También critican que se ignoren llamados previos de la Corte Constitucional, la Contraloría General, la academia, los usuarios y centros de pensamiento sobre la necesidad de fortalecer la gestión del riesgo, garantizar la suficiencia de la UPC y mantener una rectoría técnica sólida. “No se presentan estudios de impacto fiscal ni territorial, ni se respalda la transformación propuesta con tiempos razonables, capacidades institucionales ni mecanismos de evaluación”, enfatizaron.

El grupo concluyó que “el Decreto 0858 no constituye una salida a la crisis, sino una imposición unilateral que profundiza la incertidumbre”. Cuestionan que no tiene anclaje técnico, ni consenso social, ni diálogo democrático real, y que “encamina hacia una transformación de alto riesgo, más ideológica que técnica”.

Finalmente, hicieron un llamado al Congreso de la República para que ejerza su responsabilidad histórica y corrija el rumbo, y exigieron al Gobierno “una actitud de diálogo democrático y constructivo”. También pidieron convocar audiencias públicas con expertos independientes, exigir estudios de impacto fiscal certificados y garantizar un debate técnico que trascienda las presiones políticas del momento.

“Reafirmamos la necesidad de que cualquier reforma se base en evidencia técnica rigurosa”, concluyeron, invitando a la ciudadanía a ejercer un seguimiento permanente a estas decisiones para evitar que sus derechos en salud sean afectados.