Deuda del sistema de salud con los laboratorios fue de $4,75 billones en 2025, según AFIDRO
La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO), en alianza con la firma Sectorial, presentó la socialización de un reciente estudio de cartera de la industria farmacéutica en el país, con cifras consolidadas al cierre del cuarto trimestre de 2025.
La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO), en alianza con la firma Sectorial, presentó la socialización de un reciente estudio de cartera de la industria farmacéutica en el país, con cifras consolidadas al cierre del cuarto trimestre de 2025.
El informe publicado, evidenció, entre otras cosas, un deterioro en los indicadores financieros del sistema de salud confirmando el aumento de la morosidad. De acuerdo con el reporte, a diciembre del año pasado la cartera total de la industria alcanzó los $4,75 billones, de los cuales, $1,8 billones correspondieron a cartera vencida, es decir, a facturas que no se pagaron en los plazos establecidos.
Sobre esta cifra, se mencionó que en comparación con el cierre del año 2024, los indicadores de vencimiento se deterioraron en 10 puntos, reflejando una presión creciente sobre la liquidez del sector.
Se indicó además que la cartera corriente representó el 66,69 % del total $3,18 billones, sin embargo, se aseguró. dentro de este valor, el 20,5 % presentó retrasos superiores a 121 días.
Por su parte, la cartera castigada, considerada irrecuperable, pasó de 3,59 % en septiembre de 2025 a 6,53 % en diciembre del mismo año, lo que implicó que se duplicara en apenas tres meses.
El tiempo promedio de pago también se incrementó, ya que la rotación de cartera se ubicó en 196 días en diciembre de 2025, frente a 134 días en diciembre de 2024 y 125 días en diciembre de 2023, lo que evidenció una profundización de los problemas de liquidez.
En el mismo orden de ideas, los gestores farmacéuticos concentraron el 61 % de la cartera total, con $2,9 billones, de los cuales $1,6 billones correspondieron a cartera vencida, mientras que la cartera del canal institucional ascendió a $3,4 billones, con un 28,70 % en condición de vencida.
Según explicó Alejandro Escobar, representante de Sectorial, el nivel de vencimiento de cartera pasó de 17,5 % en diciembre de 2023 a 23,4 % en diciembre de 2024 y alcanzó 37,4 % en diciembre de 2025, lo que confirmó un deterioro progresivo en la capacidad de pago del sistema.
El informe también analizó el flujo de recursos hacia el sistema de salud. Entre enero y octubre de 2025 se giraron $80 billones, lo que representó un crecimiento de 7,23 %, cifra inferior a la media de años anteriores, que superaba el 10 %. Esta desaceleración ocurrió en un contexto de mayor demanda de servicios.

Las cifras coincidieron con las advertencias del modelo econométrico de la Contraloría, que proyectó un aumento en la probabilidad de una crisis sistémica: del 30 % en 2019 al 49,5 % en 2024, con una posible proyección de 60,4 % para 2026. El estudio señaló que la evolución de la cartera, el crecimiento de la morosidad y la desaceleración en el flujo de recursos materializaron ese riesgo.
Uno de los factores estructurales señalados fue la insuficiencia en el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), para 2026 se definió un incremento de 9,03 %, aunque distintos análisis técnicos estimaron que debía aproximarse al 15 % para cubrir los costos reales del sistema. Dado que la UPC y los presupuestos máximos determinan los recursos destinados a medicamentos, talento humano y prestadores, el ajuste por debajo de las necesidades generó un desfinanciamiento progresivo.
El impacto de estas cifras, se ha reflejado directamente en los pacientes, puesto que, reportes de entidades de control indicaron que el 58 % de la población asegurada dependía de entidades con dificultades operativas y financieras, lo que incrementó el riesgo de barreras en el acceso a servicios y medicamentos.
Frente a este panorama, AFIDRO reiteró su disposición de contribuir a la construcción de soluciones, se propuso la creación de mesas de trabajo con el Gobierno, aseguradores y prestadores, la modernización de la metodología de cálculo de la UPC incorporando variables demográficas y epidemiológicas, entre otras, para recuperar la sostenibilidad del sistema.

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