Defensoría impulsó ruta nacional de salud mental para estudiantes universitarios

La reunión se desarrolló en la sede de la Defensoría del Pueblo junto a representantes de entidades del Gobierno Nacional, autoridades distritales, universidades, asociaciones académicas y organizaciones especializadas en salud mental. El encuentro tuvo como eje principal la definición de una ruta común para la implementación de mecanismos de tamizaje, medición y generación de alertas tempranas que permitan identificar situaciones de riesgo dentro de las instituciones de educación superior.

La iniciativa surge a partir de la Ley 2460 de 2025, norma que modificó disposiciones de la Ley 1616 de 2013 relacionadas con la promoción, prevención y atención de la salud mental. Como resultado de la jornada, se consolidó la propuesta para crear un Comité de Salud Mental que funcionará como instancia de coordinación, articulación técnica y gobernanza para la construcción de una ruta nacional dirigida al sector universitario.

Según la propuesta presentada, la Defensoría del Pueblo asumirá el papel de entidad convocante y articuladora del proceso, además de garantizar que las acciones se desarrollen bajo principios relacionados con los derechos humanos, la dignidad, la no discriminación, la confidencialidad y el acceso efectivo a los servicios de salud.

El comité estaría integrado por entidades nacionales como los ministerios de Educación, Salud y Protección Social, y Ciencia, Tecnología e Innovación, así como por el Instituto Nacional de Salud y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. También participarían la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, Atenea.

A esta estructura se sumarían organizaciones académicas y gremiales como la Asociación Colombiana de Universidades, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, el Colegio Colombiano de Psicólogos y la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Asimismo, se contempla la participación de instituciones de educación superior, EPS e IPS y redes de bienestar universitario.

Durante la sesión se discutieron aspectos técnicos que tendrán que ser incorporados en la futura ruta nacional. Entre ellos se encuentran criterios relacionados con la validez y confiabilidad de los instrumentos de medición, la sensibilidad cultural, la pertinencia poblacional y los mecanismos para garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información, así como la protección de los datos personales de los usuarios.

La propuesta también plantea avanzar hacia un modelo de evaluación integral que permita identificar no solo síntomas asociados a la salud mental, sino otros factores que inciden en el bienestar de la población universitaria. Entre ellos se encuentran los riesgos psicosociales, las barreras de acceso a servicios de atención, la exposición a diferentes formas de violencia, el consumo de sustancias psicoactivas, las cargas académicas y diversas condiciones sociales que pueden afectar el entorno educativo.

Otro de los objetivos planteados es que el Comité de Salud Mental defina parámetros comunes para las instituciones participantes, incluyendo los dominios mínimos de evaluación, los instrumentos que serán utilizados, los umbrales de alerta, los tiempos de respuesta y los mecanismos de remisión cuando se detecten situaciones que requieran atención especializada.

Durante el encuentro también fueron revisados los alcances de la Ley 2460 de 2025 en materia de coordinación entre el sector educativo y el sector salud. La normativa contempla el fortalecimiento de modelos comunitarios de prevención y la creación de espacios permanentes de trabajo técnico para abordar las necesidades de salud mental en los entornos universitarios.

La Defensoría del Pueblo informó además que pondrá a disposición de las entidades participantes investigaciones, estudios e insumos técnicos relacionados con factores de riesgo y salud mental en población universitaria, con el propósito de apoyar la construcción de la estrategia nacional. La entidad señaló que experiencias previas desarrolladas en el país sobre evaluación de riesgos psicosociales servirán como referencia para el diseño del modelo que se busca implementar en las instituciones de educación superior.

El proceso continuará con nuevas mesas de trabajo orientadas a consolidar una ruta articulada entre universidades, entidades de salud y organismos del Estado para fortalecer las acciones de prevención, detección temprana y atención integral en salud mental dentro de las comunidades universitarias del país.

Presidente de ANDEG cuestiona propuesta de liquidar Air-e y advierte riesgos para el servicio eléctrico en la Costa Caribe