Contraloría advirtió que la Nueva EPS tiene $15,3 billones en anticipos pendientes de legalizar

La Contraloría General de la República reiteró que la Nueva EPS mantiene anticipos sin legalizar por un valor de $15,3 billones a corte del 30 de junio de 2025. Según el organismo de control, estos pagos no pueden considerarse como obligaciones cumplidas hasta que se presenten los soportes que respalden su ejecución.

De acuerdo con la normatividad contable vigente, “en tanto no haya soporte de la obligación, el pago sigue siendo un anticipo, no un gasto devengado ni una obligación extinguida”.

La entidad explicó que, como garante de la correcta utilización de los recursos públicos de la salud, ha venido adelantando labores de vigilancia y control sobre la gestión fiscal de la Nueva EPS. Sin embargo, señaló que la entidad no entregó los estados financieros certificados y dictaminados correspondientes a 2023 y 2024, lo que llevó a la Contraloría a realizar una actuación de policía judicial para obtener la totalidad de los datos administrativos y financieros.

El informe advierte que se encontraron “limitaciones significativas con relación a la calidad y seguridad de los datos”, lo que, según la Contraloría, evidencia que la EPS no cumple con los atributos esenciales de un sistema de información que garantice la trazabilidad y consistencia. Esta situación, agrega el ente de control, dificulta conocer con precisión el uso de los recursos de la salud en Colombia.

En el marco de esta investigación, la Contraloría identificó varias irregularidades:

1. Incumplimientos contractuales. El organismo señaló un “incumplimiento sistemático del Decreto 441 de 2022”, que regula la contratación en el sistema de salud. Entre las falencias detectadas están la ausencia de notas técnicas, la falta de soportes documentales, la omisión en la definición de modalidades de pago y la no identificación de población objetivo. Estos hechos, advirtió la Contraloría, “impiden verificar la suficiencia financiera, fomentan la opacidad contractual y abren la puerta a riesgos de doble pago, sobreutilización de servicios y desvío de recursos públicos”.
2. Anticipos sin legalizar. El ente de control aseguró que la Nueva EPS giró anticipos de manera recurrente a IPS y prestadores de servicios de salud durante las vigencias 2022 a 2025. En algunos casos, dichos giros se hicieron bajo la modalidad de “pago por evento”, pese a que esta figura contempla desembolsos posteriores a la prestación del servicio.

La Contraloría concluyó que estas prácticas han generado que, desde 2022, varias IPS dejaran de recibir los giros correspondientes, lo que afecta la operación del sistema y la prestación oportuna de los servicios de salud.