Afiliados de Nueva EPS en Barranquilla denunciaron que solo estaban atendiendo urgencias vitales
Usuarios en el Atlántico denunciaron que afiliados de la Nueva EPS habrían enfrentado limitaciones en la atención médica en la Clínica General del Norte de Barranquilla, donde solo se estarían recibiendo casos catalogados como urgencias vitales.
Usuarios de la Nueva EPS denunciarán presuntas restricciones en la atención en la Clínica General del Norte, en Barranquilla; según los reportes difundidos desde la semana pasada, el centro asistencial solo habría estado recibiendo pacientes clasificados como urgencias vitales.
De acuerdo con las denuncias realizadas por representantes de usuarios, la medida habría afectado a múltiples afiliados que acudieron al servicio médico por diferentes enfermedades y padecimientos, pero que no fueron atendidos en el mismo centro, y habrían sido remitidos a otras instituciones de salud de la ciudad.
Entre los casos mencionados por se encontraban únicamente aquellos considerados de máxima gravedad, como infartos, heridas por arma blanca u otras emergencias críticas, los cuales sí habrían sido recibidos en la institución, según lo indicado en los reportes ciudadanos recopilados en Barranquilla.
El veedor de salud Andrés Meza Pérez explicó que la situación habría generado incertidumbre entre los usuarios de la EPS en la región Caribe, debido a la dificultad para acceder a servicios médicos oportunos en casos que no fueran catalogados como vitales.
Los representantes de los usuarios informaron que se había programado una reunión con funcionarios zonales de la Nueva EPS en Barranquilla, con el objetivo de conocer las razones detrás de las presuntas restricciones y establecer si existían factores administrativos o financieros que estuvieran afectando la prestación del servicio.
También, y como ha sido frecuente con esta entidad promotora de salud, se reportaron dificultades en la entrega de medicamentos para algunos pacientes afiliados, lo que habría incrementado la preocupación entre los usuarios del sistema de salud en el departamento.
Los líderes de la Asociación de Usuarios anunciaron que, en caso de no obtener respuestas claras, se contemplaría la posibilidad de acudir a entidades de control como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo o la Personería Distrital de Barranquilla.
De acuerdo con los testimonios recogidos, algunos pacientes con síntomas como fiebre o presión arterial elevada habrían sido remitidos a otros centros asistenciales, entre ellos la Clínica del Prado. Sin embargo, en esos lugares también se habrían presentado dificultades para recibir atención inmediata, según lo reportado por los usuarios.
La situación se habría dado en medio de cuestionamientos más amplios sobre el funcionamiento de la Nueva EPS, entidad que concentra a más de 11 millones de afiliados en el país y que ha sido objeto de denuncias relacionadas con demoras en la atención y entrega de medicamentos.
Hasta el momento, la Clínica General del Norte no se habría pronunciado oficialmente sobre las denuncias realizadas por los veedores y usuarios de salud en Barranquilla.
Sobre esta EPS, hace un par de semanas, los delegados de la Superintendencia Nacional de Salud habrían identificado posibles irregularidades en el proceso administrativo adelantado sobre la entidad.
Según los reportes conocidos a través de Caracol Radio, el procedimiento habría presentado vacíos en etapas clave del trámite institucional; entre las observaciones se incluyó la presunta ausencia de informes técnicos previos y de conceptos obligatorios que debían sustentar la decisión de intervención, elementos que hacen parte del debido proceso administrativo.
Los documentos también señalaron posibles inconsistencias en la resolución mediante la cual se formalizó la medida. En dichos registros se mencionaron referencias a recomendaciones internas que, de acuerdo con la información divulgada, no habrían coincidido con lo consignado finalmente en el acto administrativo expedido por la autoridad competente.
El informe también abordó los plazos de la medida anterior de intervención. De acuerdo con lo expuesto, dicha intervención habría tenido vigencia hasta el 3 de abril de 2026. Sin embargo, los documentos indicaron que no se habría gestionado una prórroga dentro del término establecido, lo que habría generado un vacío temporal en la situación administrativa de la entidad.

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