Acemi demandará decreto que ordena redistribución de afiliados entre EPS

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) anunció que acudirá a instancias judiciales para controvertir el Decreto 0182 de 2026, expedido por el Gobierno nacional, mediante el cual se modifican las reglas de habilitación territorial para las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y se ordena la redistribución de afiliados en el país.

En un comunicado, el gremio indicó que la norma introduce cambios en la operación del aseguramiento con enfoque territorial y poblacional. Según expuso, este tipo de ajustes deberían tramitarse a través de una ley y no por vía administrativa.

Además, señaló que el contenido del decreto guarda relación con lo establecido en el Decreto 0885 de 2025, que fue suspendido en octubre del año pasado por el Consejo de Estado.

De acuerdo con Acemi, la aplicación de las nuevas disposiciones tendría varios efectos: el retiro de algunas EPS de municipios donde no cumplan con los porcentajes mínimos de afiliados exigidos; la asignación de usuarios adicionales a entidades que superen determinados umbrales en ciertos territorios; y una mayor concentración de población afiliada en la Nueva EPS.

El gremio estimó que, con la implementación del decreto, la Nueva EPS, que actualmente cuenta con más de 11,5 millones de usuarios, podría recibir cerca de 2,6 millones adicionales. También advirtió que algunas EPS bajo medida de intervención registrarían incrementos cercanos al 40% en su número de afiliados. En contraste, las EPS agremiadas que no están intervenidas perderían más de 800.000 usuarios, según los cálculos presentados por la organización.

Acemi señaló que ocho EPS se encuentran actualmente intervenidas y agrupan más de 24 millones de afiliados. En ese contexto, manifestó que la redistribución de usuarios podría incidir en la red de prestación de servicios, la entrega de medicamentos y la programación de procedimientos médicos.

El gremio expresó que la territorialización del aseguramiento puede responder a criterios de eficiencia, pero sostuvo que se trata de una modificación estructural que requiere debate legislativo. Asimismo, indicó que la fragmentación del sistema y la situación financiera de varias entidades dificultan que el traslado de afiliados se realice bajo condiciones de equilibrio operativo entre las EPS que ceden y las que reciben población.

Frente a la situación de la Nueva EPS, Acemi afirmó que no ha presentado estados financieros desde 2023 y mencionó reportes sobre dificultades en la prestación de servicios. En ese sentido, cuestionó la capacidad de algunas entidades para asumir un incremento significativo en el número de afiliados.

Finalmente, la organización reiteró que insistirá en las acciones legales correspondientes contra el Decreto 0182 de 2026, al considerar que la medida puede generar impactos en la operación del sistema y en la atención de los usuarios en distintas regiones del país.