Acemi, advirtió que el decreto de reforma a la salud propuesta por el gobierno excede límites legales

El próximo 10 de mayo, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), gremio que representa a las aseguradoras del sistema de salud en Colombia, radicará un documento con ocho observaciones jurídicas al borrador del decreto que el Gobierno Nacional presentó para realizar cambios estructurales en el sistema de salud del país.

De acuerdo con ACEMI, varios de los artículos del decreto propuesto podrían ser contrarios a la ley y la Constitución. Según lo dio a conocer la asociación el documento con la propuesta va más allá de la potestad reglamentaria del Ejecutivo.

Una de las observaciones centrales de ACEMI está relacionada con las competencias otorgadas a la Superintendencia Nacional de Salud. El decreto permitiría a esta entidad crear mecanismos de participación ciudadana, comités y consejos territoriales. Sin embargo, según la ley vigente, la función de la Superintendencia se limita a la inspección, vigilancia y control del sistema, con el objetivo de garantizar la salud de los ciudadanos. Resaltó la asociación que delegarle funciones de diseño y estructuración territorial excedería sus atribuciones legales.

Otro de los puntos críticos se refiere al uso de los recursos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El decreto contempla que estos recursos, incluidos los de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), sean destinados a infraestructura pública tanto rural como urbana. Acemi advierte que esta medida desvirtúa el objetivo de la UPC, que debe ser utilizado exclusivamente para la prestación efectiva de los servicios de salud.

El decreto sobre la asignación de facultades a las entidades territoriales, como alcaldías y gobernaciones, es preocupante según la asociación, dado que esta disposición no solo es contraria al ordenamiento jurídico, sino que también podría incrementar los riesgos de corrupción al descentralizar decisiones técnicas sin criterios uniformes.

La Asociación insistirá en que cualquier modificación estructural al sistema de salud debe hacerse con respeto al marco legal vigente y con pleno control constitucional. La entrega oficial del documento con las observaciones está prevista para este viernes 10 de mayo.