La reunión clandestina que sostuvo ayer Juan Fernando Petro, el hermano del presidente de la República, con los 12 alcaldes de la subregión del Urabá antioqueño en el restaurante Angus Brangus en Medellín, ha dejado en duda la intención de esa reunión, toda vez que no fue convocado el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, ni sus secretarios ni informado siquiera por protocolo, lo que deja ver una agenda oculta, como ya es costumbre en el proceder del hermano, el presidente Gustavo Petro.
IFMNOTICIAS consultó a varios analistas quienes coinciden que la reunión, que fue, por demás, desconocida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y desautorizada por la Alta Consejería Presidencial para las Regiones; se trató de una estrategia que puede estar buscando socavar la autoridad del Gobierno regional elegido popularmente con la mayor votación.
El abogado y analista político Andrés Úsuga, señala que la de ayer “es una reunión que intenta socavar la autoridad de la Gobernación de Antioquia y sus Secretarías, porque está intentando saltarse la autoridad departamental que es el enlace natural entre las autoridades municipales y el Gobierno Nacional y es muy triste que los alcaldes se hayan prestado para eso, inclusive donde hay alcaldes que no son nuevos, caso Turbo que es el segundo mandato”.
Úsuga fue enfático en preguntarse sobre quién pagó el encuentro, que según pudo establecer IFMONOTICIAS, tuvo una cuenta cercana a los $9.000.000 millones de pesos, sin contar los gastos logísticos.
Entre las preguntas del abogado y analista, están: ¿Quién pagó esas cuentas, el Gobierno Nacional o el señor Petro? ¿Quién convocó a la reunión? ¿A través de qué medio lo hicieron, Whatsapp, correo o una carta formal de algún despacho?, ¿Quién lo hizo un diputado? ¿Un congresista del Pacto Histórico? ¿Con qué autoridad para hacerlo?”
Úsuga va más allá al afirmar que “este es un asunto delicado, más cuando se trata de una región tan sensible como el Urabá antioqueño” y agrega que “preocupan los resultados, acuerdos y compromisos que salieron de esa reunión y sobre qué tipo de eficiencia tienen, porque de reuniones como esas siempre salen compromisos, toda vez que no se trata de reuniones de amigos y más cuando le dieron informes detallados de los municipios al señor Petro”. Me pregunto: ¿De esos acuerdos que salieron? ¿Tienen alguna fuerza vinculante? esos compromisos adquiridos, ¿Quién los soporta?.
A la lista de preguntas y dudas que la reunión genera, el abogado Úsuga complementa con si “¿Esta es la primera reunión o es la última? y si ya ha habido más reuniones con otros alcaldes de otras subregiones”.
A modo de conclusión en la conversación de IFMNOTICIAS, el abogado y analista Andrés Úsuga, señaló que: “yo creería que los reunió para prometerles cosas y darles recursos; pero con la contraprestación de que le ayuden para rebelarse al gobernador y que no le copien al Gobierno departamental. Es decir, darles prebendas e invitarlos para que se salten al Gobierno regional, es tratar de sacar de la ecuación al Gobierno departamental y negociar directamente con los municipios, que los alcaldes no acompañen las iniciativas del Gobernador ni los proyectos departamentales y trazar una línea directa”.
Por su parte el representante a la Cámara Hernán Cadavid, señaló que: “en principio es una acto de irresponsabilidad adelantar reuniones con tinte oficial pero de manera clandestina con alcaldes, desconociendo al Gobierno regional y a las autoridades locales. En sí ya esa reunión es un irrespeto más con Antioquia, que viene siendo la línea de los Petro.”
Cadavid perteneciente al Partido del Centro Democrático y quien representa al departamento de Antioquia en la Cámara señala además que la reunión clandestina “es un antecedente de como es el proceder del Gobierno, de crear un planteamiento paralelo, desconociendo a la autoridad regional para adelantar agendas de paz ocultas como ocurrió con la bandas criminales hoy recluidas en la cárcel de Itagüí desconociendo a las autoridades locales.”
Para Cadavid, “se suma al hecho, la gravedad el antecedente de quien convoca a la reunión, pues Juan Fernando Petro es un hombre cuestionado por el “Pacto de La Picota” y que siempre ha mostrado ir adelante en la preparación de proyectos del Gobierno”, concluye el congresista.
Hay que recordar que esta reunión fue desconocida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y desautorizada por la Alta Consejería Presidencial para las Regiones, lo que no solo la hace clandestina, sino que pone en una situación de usurpación de función pública al hermano del presidente Petro.
El hermano del presidente, de manera extraña, “tiene privilegios y beneficios que ni siquiera tienen los funcionarios del alto Gobierno”, como un amplio esquema de seguridad de Presidencia, camionetas oficiales, avanzada y logística propia de la Casa de Nariño; según lo señaló a IFMNOTICIAS la Alta Consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, quien manifestó su extrañeza al respecto.
Todo parece indicar que la función de Juan Fernando Petro es la de adelantar una agenda paralela de avanzada del presidente, al margen de la oficialidad del Gobierno, como ya ha sido costumbre en el controvertido hermano, con quien el mandatario arma tramas que resultan siendo luego, políticas oficiales del Gobierno.
Basta recordar el papel que tuvo Juan Fernando Petro, en el marco de las negociaciones previas con grupos armados, narcotraficantes, y otros personajes presos en cárceles acusados de corrupción y con los que se construyó lo que hoy se denomina la “Paz Total” y los proyectos frustrados de Voceros de Paz.
Y mientras esta reunión socava la autoridad de la Gobernación de Antioquia, desde esta instancia no se ha producido pronunciamiento oficial alguno, solo se obtuvo un comentario suelto de una funcionaria que atinó a decir, que “la Gobernación no fue notificada ni invitada y todo parece que fue una reunión privada”.
