Registraduría adjudicó millonario contrato a Thomas Greg & Sons por 2.1 billones

La Registraduría Nacional del Estado Civil adjudicó oficialmente este 9 de julio el contrato para la logística de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 (UT ILE 2026), por un valor de $2.124.806.917.129.

La contratación fue otorgada mediante proceso de selección abreviada bajo la Resolución No. 0315 del 8 de julio de 2025, firmada por Sabrina Calaça Carrera, gerente administrativa y financiera de la entidad.

La Unión Temporal está conformada por varias compañías, entre ellas Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A., Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., Thomas Processing & Systems S.A.S., Securid S.A.S., Thomas Greg Express S.A., Compañía Colombiana de Seguridad Transbank LTDA., Grupo ASD S.A.S., Operadora Opesa S.A.S. y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC – Telefónica.

De acuerdo con la documentación del proceso, esta fue la única oferta presentada tras el retiro de los otros nueve proponentes que manifestaron interés inicial. El contrato no contempla el proceso de escrutinio, pero sí el diseño, impresión y distribución de los kits electorales, los cuales tendrán que ser entregados en todas las mesas de votación del país y en los consulados y representaciones diplomáticas en 180 países para facilitar el voto de los colombianos en el exterior.

Según lo estipulado, los kits electorales incluirán un chip de seguridad para rastrear el material en su proceso de distribución. La UT ILE 2026 deberá cumplir con los tiempos, condiciones técnicas y operativas determinadas por la Registraduría, que establece la ejecución hasta el 30 de junio de 2026.

En la audiencia de adjudicación, que contó con la presencia de la Procuraduría General de la Nación, se reiteró que los datos personales de los ciudadanos no estarán bajo el manejo de Thomas Greg & Sons. El registrador nacional, Hernán Penagos, precisó que esa información está a cargo de Idemia, una empresa francesa que ha administrado tecnológicamente los datos de los colombianos durante las últimas décadas.

La resolución también ordena la publicación del acto administrativo en el SECOP II y en la página oficial de la entidad, y otorga los términos de ley para presentar recursos, si a ello hubiere lugar.