Corte Suprema fijó audiencia de acusación contra el almirante (r) Guillermo Barrera

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia programó para el 20 de abril de 2026, a las 8:00 de la mañana, la audiencia de formulación de acusación contra el almirante retirado de la Armada Nacional, Guillermo Enrique Barrera Hurtado.

La diligencia hace parte del proceso penal que se adelanta en su contra por su presunta participación en un montaje judicial relacionado con el caso del también almirante retirado Gabriel Ernesto Arango Bacci.

La programación de la audiencia quedó consignada en un auto fechado el 5 de marzo de 2026, suscrito por la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila y el secretario Rodrigo Ernesto Ortega Sánchez. En el documento se establece que la diligencia se realizará de manera virtual y se ordena a la Secretaría de la Sala remitir a las partes el instructivo correspondiente para la conexión y realizar los ajustes técnicos necesarios para garantizar el desarrollo de la audiencia.

El proceso se origina en una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación. En septiembre de 2025, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó cargos contra Barrera Hurtado por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado y fraude procesal, en calidad de coautor y a título de dolo.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía expuso los hechos que sustentan la investigación y señaló que el almirante retirado habría intervenido en la elaboración o utilización de un documento fechado el 8 de noviembre de 2007, denominado “análisis operacional”. Según la fiscal delegada, ese documento habría sido presentado como elemento probatorio dentro del proceso penal que en su momento se adelantó contra el almirante Gabriel Ernesto Arango Bacci.

De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador, el documento contenía información que posteriormente fue cuestionada dentro de la investigación judicial. La fiscal explicó que ese material fue incorporado al expediente que adelantaba la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia contra Arango Bacci.

Como consecuencia de las actuaciones judiciales en ese proceso, el 19 de junio de 2008 se ordenó una medida de aseguramiento que derivó en la privación de la libertad del oficial de la Armada, quien era investigado por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio. En ese momento se sostenía que habría favorecido a organizaciones dedicadas al narcotráfico al permitirles evadir controles oficiales.

El proceso judicial tomó otro rumbo con el avance de las investigaciones. El 3 de diciembre de 2009, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió al almirante Gabriel Ernesto Arango Bacci de los cargos que se le habían imputado y ordenó su libertad.

Posteriormente surgieron cuestionamientos sobre las actuaciones que dieron origen a la investigación y a las decisiones judiciales que condujeron a su detención. En la imputación presentada por la Fiscalía, la funcionaria señaló que Barrera Hurtado contaba con la capacidad para comprender la ilicitud de los hechos atribuidos y que, según la investigación, no actuó bajo presión ni en condiciones que limitaran su capacidad de decisión.

El caso también tuvo efectos en la jurisdicción contencioso administrativa. En octubre de 2020, el Consejo de Estado condenó a la Nación por la privación injusta de la libertad del almirante Arango Bacci. En esa decisión, la corporación señaló que el oficial fue privado de la libertad sin que posteriormente se demostrara su responsabilidad penal en los hechos por los que fue investigado.