Reforma al Sistema General de Participaciones: Riesgo fiscal que el Gobierno ignora

La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) avanza en el Congreso colombiano, con el reciente paso de su sexto debate de los ocho que necesita para convertirse en ley.

A pesar de los argumentos del gobierno, que la promueve como un paso hacia la descentralización, los expertos y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advierten sobre los riesgos financieros que la iniciativa implica a mediano plazo.

La propuesta de reforma al SGP busca cambiar la forma en que los recursos nacionales se distribuyen a municipios, distritos y departamentos, fondos destinados a servicios básicos como educación, salud y agua.

Actualmente, los recursos del SGP se extraen de los ingresos corrientes de la Nación, financiados por impuestos y otros ingresos estatales, como derechos administrativos y ventas de bienes.

Bajo la legislación vigente, el SGP representa el 23.8% de estos ingresos. Sin embargo, la reforma pretende elevar esa cifra al 46.5% en la próxima década.

Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, este aumento fortalecería las capacidades de los gobiernos locales para administrar sus proyectos y promueve la descentralización, una demanda histórica de los territorios.

“El proyecto de alguna manera hace justicia con los territorios y resuelve un lío que se tuvo con las contrarreformas a la Constitución de 1991, de 2001 y de 2007″, afirmó Cristo.

Una carga fiscal imposible de sostener

Aunque la descentralización es una meta valiosa, el Carf sostiene que el proyecto ignora la realidad financiera del país. Según el comité, la asignación presupuestaria para 2024 y 2025 ya está al límite de la regla fiscal, sin espacio para enfrentar posibles crisis económicas. Este escenario deja a Colombia en una situación de vulnerabilidad ante cualquier choque externo o interno.

En respuesta, el Ministerio del Interior aseguró que el proyecto no quebrará las finanzas del país, alegando que las nuevas transferencias estarán acompañadas de responsabilidades adicionales para los gobiernos locales, lo que, según ellos, mantendría la sostenibilidad fiscal.

Impacto Económico: Reformas Tributarias para financiación

El incremento de las transferencias a un 46.5% de los ingresos corrientes hacia 2036 implicaría un esfuerzo financiero descomunal.

Según cálculos de Corficolombiana, para sostener este aumento en las transferencias del SGP, el gobierno necesitaría ingresos adicionales equivalentes a tres reformas tributarias. Además, el impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) sería significativo: la carga del SGP pasaría de un 5.1% a un 9.2% en los próximos diez años.

Este aumento en los recursos para los territorios, si bien suena positivo, presenta un riesgo evidente de desequilibrio fiscal. César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, subrayó la gravedad del problema: “Aunque la propuesta de reforma del SGP está bien intencionada, en su forma actual podría llevar al país a una quiebra fiscal y poner en riesgo el desarrollo de las regiones”.

Consciente del impacto fiscal, el Ministerio de Hacienda planteó que la reforma solo será viable si se acompaña de una ley de competencias. Esta ley transferiría funciones a los entes territoriales bajo un análisis de sostenibilidad fiscal y capacidad de endeudamiento, permitiendo así equilibrar las competencias y los recursos.

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