Angie Rodríguez entregó a la Fiscalía datos bancarios y líneas telefónicas en ampliación de denuncia por extorsión

La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, amplió ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia que había presentado por presuntos hechos de extorsión, aportando nuevas pruebas.

Estas pruebas se relacionarían con las exigencias económicas de las que afirma haber sido víctima. Según información citada por Caracol Radio, la funcionaria entregó a los investigadores números de teléfono y cuentas bancarias a las que, presuntamente, le exigían consignar dinero como parte de las presiones denunciadas. Esta diligencia de ampliación de denuncia se adelanta actualmente en el ente acusador.

La acción judicial fue interpuesta contra Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Juliana Guerrero, exasesora del Ministerio del Interior; y una persona privada de la libertad. El caso está siendo analizado por las autoridades, que avanzan en las verificaciones correspondientes sobre los hechos expuestos.

Rodríguez, quien anteriormente se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), indicó que durante reuniones oficiales habría sido objeto de grabaciones sin su consentimiento. Según su relato, posteriormente habría recibido comunicaciones de un hombre que aseguraba encontrarse recluido en un centro penitenciario, quien le exigía sumas de dinero a cambio de no divulgar los audios o registros obtenidos.

La funcionaria señaló que estos contactos incluían mensajes en los que se le pedían recursos económicos a cambio de información sobre otros funcionarios del Gobierno. En ese contexto, manifestó que decidió aportar a la Fiscalía los datos asociados a las líneas telefónicas y a las cuentas utilizadas en dichas solicitudes.

Las denuncias realizadas por Rodríguez pasaron del ámbito mediático al judicial tras la radicación formal ante la Fiscalía, lo que derivó en su citación para ampliar la información entregada inicialmente. La diligencia busca precisar detalles sobre los hechos, identificar a los posibles responsables y establecer la veracidad del material aportado.

En sus declaraciones públicas, Rodríguez también ha sostenido que existiría un seguimiento en su contra, al referirse a supuestas actividades de vigilancia. En ese sentido, afirmó contar con conversaciones y registros que, según dijo, respaldarían sus afirmaciones. Entre los elementos mencionados se encuentran mensajes recibidos en aplicaciones de mensajería, así como videos que habrían sido enviados desde números desconocidos.

Sobre estos contenidos, la funcionaria relató que en uno de los casos recibió un video que, de acuerdo con su versión, incluía diálogos en los que se harían referencias a acciones en su contra. Indicó que decidió conservar el material mediante grabaciones adicionales realizadas desde su dispositivo.

Frente a estos señalamientos, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, rechazó las acusaciones y cuestionó la veracidad de los supuestos chats y contenidos mencionados. En declaraciones a medios de comunicación, señaló que se trata de afirmaciones sin sustento y negó cualquier vínculo con actividades de espionaje o extorsión.

Carrillo también afirmó que las acusaciones tendrían una motivación distinta y sostuvo que no reconoce los mensajes que han sido mencionados en el caso. Además, indicó que no ha tenido participación en hechos relacionados con solicitudes de dinero o recopilación de información sobre la funcionaria.

Por otra parte, Rodríguez formuló señalamientos contra Juliana Guerrero, a quien vinculó en su denuncia. Entre los aspectos mencionados, afirmó que en encuentros previos se habrían dado conversaciones sobre supuestas relaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como sobre actuaciones dentro de entidades públicas. Estos planteamientos también hacen parte del material que la Fiscalía deberá analizar dentro del proceso.

El expediente continúa en etapa inicial y las autoridades avanzan en la recolección de pruebas, la verificación de la información suministrada y la evaluación de los elementos aportados por las partes involucradas, en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes.

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