Procuraduría y Contraloría deberán revisar los recursos con los que se llevó a cabo reunión de alcaldes con Juan Fernando Petro
Por la reunión realizada con Juan Fernando Petro y los alcaldes de Urabá, la derecha debería ser la realización de una investigación profunda por parte de la Contraloría y la Procuraduría, quienes analicen y determinen si realmente esto ocasionó un mal uso de los recursos públicos, o si realmente to
El escándalo por la reunión ocurrida el pasado 19 de febrero en la ciudad de Medellín en la que estuvieron presentes la gran mayoría de los alcaldes de la región del Urabá, junto a Juan Fernando Petro, el hermano del presidente de Colombia, Gustavo Petro, no para; por el contrario, cada vez se prenden más alarmas y surgen un sin número de incógnitas que ya han pasado de revolucionar la política antioqueña, a revolcar el país entero.
Uno de los temas que más preocupa es el de los recursos económicos, pues para nadie es un secreto que el encuentro se llevó a cabo en un restaurante costoso de la ciudad de la Eterna Primavera, y que la cuenta de un almuerzo para alrededor de veinte personas puede estar rondando los $10.000.000 millones de pesos.
Además, los viáticos que incluyen tiquetes aéreos y transporte, también suman en la lista, dejando en evidencia que el total de la cuenta final puede llegar a ser un valor considerable.
Según han indicado varios alcaldes presentes, fueron ellos quienes convocaron a la reunión y el señor Juan Fernando Petro «simplemente la aceptó», pero hasta ahora no hay seguridad alguna de cómo fueron repartidos los gastos.
Alejandro Abuchar, alcalde de Turbo, le contó a IFMNOTICIAS que fueron ellos los encargados de asumir la cuenta: “pagamos nosotros el almuerzo, con recursos propios, nada oficial”, indicó.
Todo lo que conlleva a esta reunión que fue realizada de manera clandestina, violando el principio de transparencia administrativa y la autoridad del gobernador, Andrés Julián Rendón, debido a que la interlocución directa para llegar al presidente Gustavo Petro, se debería realizar a través del mandatario seccional como autoridad del departamento, genera un «sin sabor» en el ambiente. Y esto además si se le agrega que en el momento que IFMNOTICIAS llegó al lugar de los hechos y ha intentado dialogar con los presentes, ha habido cierto nivel de prevención, silencio y censura.
Por lo anterior, la derecha debería ser la realización de una investigación profunda por parte de la Contraloría y la Procuraduría, quienes analicen y determinen si realmente esto ocasionó un mal uso de los recursos públicos, o si realmente todo fue costeado con dineros personales de cada uno de los presentes sin alterar los presupuestos establecidos y autorizados para los funcionarios públicos.
Por otro lado, causa también molestia el hecho de comprobar que si teóricamente el evento «no fue oficial» como ellos mismos lo mencionan, entonces, ¿Por qué se lleva a cabo durante el horario laboral de los funcionarios públicos? ¿Descuidaron entonces sus funciones «oficiales» para reunirse con Juan Fernando Petro?

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