Procuraduría investiga bombardeo en Guaviare: 20 muertos y siete menores entre las víctimas

El Ministerio Público abrió indagación por la operación militar contra las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco, tras confirmarse la muerte de siete menores y pidió revisar protocolos para evitar violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

La Procuraduría General de la Nación anunció este domingo que investigará la operación de las Fuerzas Militares en zona rural de Calamar, Guaviare, contra las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco. El bombardeo, realizado el 10 de noviembre, dejó 20 integrantes abatidos, entre ellos siete menores de edad, lo que desató una fuerte polémica sobre el cumplimiento de protocolos y el respeto al Derecho Internacional Humanitario.

El procurador general, Gregorio Eljach, lamentó la muerte de los menores y condenó el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales, calificándolo como “una de las más graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”.
“Ninguna causa ni ideología puede justificar el uso de menores en la guerra. Este delito infame destruye el tejido social y deja una huella irreparable en las familias y comunidades”, señaló el Ministerio Público en su comunicado.

La Procuraduría pidió a las Fuerzas Militares “observar y perfeccionar” sus protocolos en operaciones sensibles como los bombardeos, y anunció que revisará si hubo fallas en la intervención contra la estructura de Mordisco. De encontrarse irregularidades, advirtió que se impondrán sanciones disciplinarias.

El organismo también reveló cifras alarmantes: entre 2024 y lo corrido de 2025 se registraron 578 casos de reclutamiento de menores, de los cuales 277 eran indígenas, principalmente en Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Huila, Nariño, Arauca y Guaviare.

Las investigaciones arrojan resultados que preocupan a la Procuraduría que considera casos de negligencia en la atención a temas como los mencionados

Por su parte, las Fuerzas Militares defendieron la legitimidad del operativo, que buscaba desarticular campamentos de las estructuras “Armando Ríos” y “Martín Villa”, responsables de narcotráfico, secuestro y ataques con explosivos. El bombardeo dejó además la recuperación de tres menores y la incautación de un arsenal con fusiles, ametralladoras y granadas.

El caso ha generado reacciones internacionales. La ONU condenó la muerte de los menores y exigió medidas para frenar el reclutamiento forzado. Mientras tanto, el debate interno se centra en la tensión entre la ofensiva militar y la protección de derechos fundamentales en medio del conflicto armado.