Procuraduría cuestionó al Gobierno por mesa de trabajo sobre la UPC y alertó sobre las consecuencias en el sistema de salud

La Procuraduría General de la Nación expresó fuertes críticas hacia la actuación del Ministerio de Salud en el proceso de fijación del valor de la Unidad de Pago por Capitación -UPC-, generando una alerta sobre un posible desacato a las órdenes de la Corte Constitucional. En un informe enviado al alto tribunal, el ente de control advirtió que la convocatoria realizada por el Gobierno a una mesa de trabajo desconoce las disposiciones judiciales previamente establecidas.

El documento emitido por la Procuraduría indica que la Resolución 370 del Ministerio de Salud no cumple con las directrices impartidas por la Corte en el Auto 007 de enero de 2025, lo que podría derivar en sanciones para el ministro Guillermo Jaramillo.

Según el informe, la metodología definida por el gobierno limita la participación de los actores del sistema de salud y restringe las fuentes de información para el análisis de la suficiencia de la UPC.

Uno de los principales cuestionamientos del Ministerio Público radica en que la mesa convocada por el gobierno no tiene un carácter vinculante en la toma de decisiones, sino que se presenta como un espacio de escucha. La Procuraduría subrayó que la orden de la Corte es clara en cuanto a la necesidad de revisar la UPC con criterios de suficiencia, no solo como una instancia consultiva.

El informe también destaca que el Ministerio de Salud ha impuesto restricciones en la forma en que se analizan los datos y ha desconocido que la Corte ya había determinado que el valor de la UPC fijado para 2024 es insuficiente. Asimismo, se le reprocha al Gobierno haber asumido unilateralmente la organización y el orden del día de la mesa de trabajo, sin garantizar una participación equitativa de los diferentes sectores involucrados.

La Procuraduría también alertó que esta situación podría agravar la crisis en el sistema de salud, afectando a millones de colombianos que dependen de la atención pública y la entrega de medicamentos. La falta de garantías para una discusión efectiva sobre el financiamiento del sector podría traducirse en mayores dificultades para la sostenibilidad del sistema.

Además del riesgo de desacato, el ente de control señaló que la actitud del Ministerio de Salud pone en entredicho el cumplimiento de las decisiones judiciales y podría derivar en medidas disciplinarias contra el ministro Jaramillo. Por ello, se instó a la Corte Constitucional a evaluar con rigurosidad las implicaciones de la resolución expedida por el gobierno.

Se espera que en los próximos días haya nuevas determinaciones sobre el papel del Ministerio de Salud en este proceso. Mientras tanto, las advertencias de la Procuraduría evidencian la crisis de la salud en Colombia y el papel del Gobierno en la misma.

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