Vicepresidente de la Cámara Simón Molina cuestionó costos de esquemas de la UNP y pidió verificar asignaciones vigentes

El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina, solicitó revisar los esquemas de protección asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), con especial atención a los recursos públicos destinados a exfuncionarios del Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

La solicitud surgió durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara, en el que el director de la UNP, Didier Blanco, entregó información sobre algunos de los esquemas actualmente vigentes y sobre los elementos de seguridad que permanecen en poder de personas que ya no ejercen cargos públicos.

Uno de los casos abordados fue el de Juliana Guerrero, cuyo esquema de protección, según lo expuesto por Blanco durante la sesión, habría representado un costo de $739 millones entre marzo y septiembre de 2026. La cifra fue puesta en consideración del Congreso en medio de la discusión sobre el manejo de los recursos destinados a la protección individual.

Molina pidió que se establezca qué exministros y exfuncionarios mantienen vehículos blindados u otros elementos entregados por la UNP, así como las razones por las cuales esos recursos continúan asignados después de la salida de los cargos que ocupaban.

De acuerdo con lo señalado durante el debate, existirían antiguos funcionarios del Gobierno Petro que aún no habrían realizado la devolución de vehículos asignados dentro de sus esquemas de seguridad. El congresista planteó que la entidad precise el número de bienes que permanecen en esa condición y determine cuáles cuentan con una justificación vigente.

El caso de Guerrero ya había sido objeto de actuaciones de organismos de control. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación para revisar las circunstancias relacionadas con la asignación y continuidad de sus medidas de protección y solicitó información a la UNP y al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem).

La UNP había explicado previamente que la protección de Guerrero se originó en una valoración técnica de riesgo realizada cuando ejercía funciones públicas. De acuerdo con la entidad, el retiro de un cargo no implica automáticamente la eliminación de las medidas, pues corresponde adelantar los procedimientos establecidos para determinar si persisten las condiciones que justifican su continuidad.

Durante el debate también fue mencionado Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’. Molina solicitó revisar las condiciones de su esquema de seguridad y afirmó que, según la información presentada en la Comisión Segunda, actualmente tendría asignados seis vehículos blindados y 16 personas de protección.

La petición busca establecer la situación actual de esas medidas, los criterios utilizados para mantenerlas y los recursos públicos destinados a su operación. La asignación de esquemas de protección depende de evaluaciones de riesgo y de los procedimientos establecidos por la UNP para cada caso.

La entidad ha señalado que parte de la información relacionada con los esquemas de seguridad tiene carácter reservado debido a razones de protección y seguridad. Por esa razón, los datos sobre desplazamientos, ubicación, número de escoltas y otros componentes operativos pueden estar sujetos a restricciones de divulgación.

En abril de 2026, el entonces director de la UNP, Augusto Rodríguez, también se había referido públicamente al esquema de Guerrero y cuestionó algunas de las cifras que circulaban sobre el número de personas y recursos destinados a su protección.

La discusión planteada en el Congreso abarca, además, el manejo de los vehículos y demás elementos asignados a personas que dejaron de desempeñar funciones públicas. La revisión propuesta pretende diferenciar entre los bienes que ya fueron devueltos, de la UNP no están destinados exclusivamente a exfuncionarios. La entidad atiende a diferentes poblaciones y personas que, después de una una revisión administrativa y financiera de las asignaciones señaladas durante el debate. El objetivo es determinar qué medidas permanecen vigentes, cuáles han sido aquellos que continúan bajo asignación y los casos en los que existen decisiones administrativas que respaldan su permanencia.

Los esquemas de protección de la UNP no están destinados exclusivamente a exfuncionarios. La entidad atiende a diferentes poblaciones y personas que, después de una evaluación técnica, pueden ser consideradas en situación de riesgo y recibir medidas de protección conforme a los procedimientos establecidos.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué solicitó el vicepresidente de la Cámara, Simón Molina, a la UNP?

Simón Molina solicitó revisar los esquemas de protección asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), con especial atención a los recursos públicos destinados a exfuncionarios del Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

¿Por qué se pidió esta revisión de los esquemas de protección?

La revisión busca verificar los altos costos, los vehículos y elementos que aún estarían en poder de exfuncionarios, y establecer las razones por las cuales esos recursos continúan asignados después de la salida de sus cargos.

¿Qué casos específicos de esquemas de protección fueron mencionados durante el debate?

Se mencionaron los esquemas de Juliana Guerrero, con un costo de $739 millones entre marzo y septiembre de 2026, y el de Rodrigo Londoño ('Timochenko'), quien tendría seis vehículos blindados y 16 personas de protección.