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Un proyecto de ley propone un IVA único del 5% para el sector gastronómico en Colombia

Una iniciativa radicada en la Cámara de Representantes plantea reemplazar el actual mosaico de impuestos que pagan restaurantes, franquicias y pequeños negocios de comida por una tarifa unificada del 5% de IVA, con el fin de simplificar las reglas tributarias y de impulsar la formalización de una actividad que aporta cerca del 4% del Producto Interno Bruto.

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Redacción IFM
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Un proyecto de ley propone un IVA único del 5% para el sector gastronómico en Colombia
Imagen: IFMERAImagen procesada con IA

Un régimen fragmentado

En la actualidad, los negocios de comida tributan de maneras distintas según su figura jurídica. Las franquicias aplican el IVA general del 19%, con derecho a descontables; los restaurantes independientes están sujetos al impuesto nacional al consumo del 8%, sin posibilidad de descuento; y los contribuyentes del Régimen Simple de Tributación liquidan ese gravamen integrado a la tarifa del régimen. Esa diversidad, argumentan los promotores, genera diferencias de trato entre establecimientos que prestan un mismo servicio.

El proyecto busca unificar ese tratamiento y, mediante la posibilidad de descontar impuestos, aliviar la carga que hoy recae sobre los negocios más pequeños. El objetivo declarado es reducir las asimetrías del sistema y ampliar la base de contribuyentes.

El peso del sector

En la exposición de motivos, sustentada en cifras del DANE, se señala que la gastronomía representa el 3,9% del PIB colombiano. El renglón de alojamiento y servicios de comida ocupó a 1,83 millones de personas en 2025, equivalentes al 7,6% del empleo nacional, y aportó el 9,8% del empleo joven. Cerca del 68% de su fuerza laboral estuvo conformada por mujeres.

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No obstante, la informalidad laboral en la actividad alcanzó el 76,2% durante el año pasado, una de las más altas de la economía. El documento también advierte sobre la dispersión normativa: identifica 235 normas vigentes aplicables al sector, lo que, según sus autores, eleva los costos de cumplimiento y desincentiva la formalización.

Más allá del impuesto

Además de la tarifa unificada, el articulado contempla otros instrumentos. Crea un Certificado de Inversión Gastronómica, que permitiría emplear aportes a proyectos aprobados como pago parcial del impuesto de renta, dentro de un cupo anual fijado por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis). También propone una Ventanilla Única Territorial Gastronómica en municipios y distritos, con un tiempo máximo de respuesta de 30 días hábiles una vez cumplidos los requisitos, y guías públicas y gratuitas para orientar a los empresarios. La simplificación, precisa el texto, no podrá reducir las garantías de la Ley 1480 de 2011 de protección al consumidor.

La iniciativa incluye un periodo de transición, aunque no detalla su duración ni las condiciones para cada tipo de negocio. Entre los beneficios esperados, sus impulsores mencionan una mayor formalización, el fortalecimiento del turismo regional y la protección de las cocinas tradicionales.

El debate llega en un momento de presión para la industria, golpeada por el encarecimiento de los insumos y por el cierre de establecimientos en distintas ciudades. Su futuro, sin embargo, queda sujeto a los debates que deberá cumplir en la Cámara de Representantes antes de convertirse en norma.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste la propuesta de ley para el sector gastronómico?

Busca reemplazar el actual sistema de impuestos fragmentado por una tarifa única de IVA del 5% para todos los negocios de comida, incluyendo franquicias y restaurantes independientes.

¿Por qué se busca unificar los impuestos en este sector?

El objetivo es simplificar las reglas tributarias, reducir la informalidad laboral que alcanza el 76,2% y eliminar las asimetrías entre establecimientos que hoy pagan tarifas distintas.

¿Qué otros beneficios contempla el proyecto para los empresarios?

Incluye la creación de un Certificado de Inversión Gastronómica para el pago de renta y una Ventanilla Única Territorial para agilizar trámites en un máximo de 30 días.

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