(SERIE) El venenoso proyecto de ley para «despolarizar» al país… ¡Mucho más que micos!
Aunque Clara López Obregón ha querido vender su proyecto ley de «despolarización» del país, como la panacea para alcanzar la concordia en Colombia, la iniciativa va más allá de los tradicionales micos que le cuelgan a las leyes en el país. El proyecto, que supuestamente «promueve la despolarización

Aunque Clara López Obregón ha querido vender su proyecto ley de «despolarización» del país, como la panacea para alcanzar la concordia en Colombia, la iniciativa va más allá de los tradicionales micos que le cuelgan a las leyes en el país.
El proyecto, que supuestamente «promueve la despolarización de la sociedad y establece medidas a favor de la convivencia pacífica, la democracia y el pluralismo político», es un ataque certero contra las libertades y contra la aplicación de la ley.
En un hilo publicado en Twitter, López Obregón aseguró que «Colombia necesita avanzar a una Paz Total y afianzar los valores democráticos», por lo cual, quiere convertir la «despolarización» en una política de Estado con el fin de «desescalar» la conflictividad política.
El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. La venta se oye bonita, pero el trasfondo del proyecto está plagado de impunidad, liberticidio y contrasentidos que golpean directamente la Constitución y la Ley.
Así, en el proyecto, López propuso un tratamiento no punitivo para los delitos «menores» que se cometan en el marco de la protesta social. ¿Cuáles son esos delitos menores? Todos aquellos en los que incurren los vándalos y terroristas en las tales protestas sociales.
Además de la «afectación» de bienes públicos, López incluyó las lesiones personales que los delincuentes ocasionen durante las protestas.
Esto significa que, si uno de los vándalos incurre en lesiones personales contra un policía o contra un ciudadano del común, con una papa bomba, una piedra o un lanzacohetes hechizo, no irá a la cárcel, porque sus crímenes serán justificados a través de la «protesta social».
Esto es, ni más ni menos, la extensión forzada del delito político, ese con el que han beneficiado la impunidad de los terroristas de las FARC, del EPL y del M-19 para justificar sus crímenes atroces.
Ahora, con las bandas terroristas urbanas, lo que pretende la congresista es lanzarles un salvavidas a los pichones de la Primera Línea, que el año pasado, lesionaron, violentaron y agredieron a la fuerza pública y a la ciudadanía en general. Por lo pronto, no se le ocurrió incluir el homicidio, aunque de seguro lo contempló en sus desvaríos.
Sin embargo, López no se ocupa solamente de la impunidad de las milicias urbanas del ELN, de las FARC y del Clan del Golfo, las que protagonizaron el «estallido social» de 2021.
De hecho, la congresista propone «depurar los archivos de inteligencia para retirar los procesos de perfilamiento a líderes sociales y políticos, periodistas, y de cualquier otro sector que en el marco del conflicto armado fue incluido como objetivo de inteligencia».
Lo anterior, en plata blanca, significa que los organismos de inteligencia del Estado deben eliminar la información recaudada de colaboradores, financiadores, cabecillas y patrocinadores del vandalismo, de la destrucción y de la anarquía; todo con el propósito de limpiarles la cara y mostrarlos como víctimas, cuando en realidad han sido crueles y sanguinarios victimarios, dignos de estudios psicopatológicos.
Difícilmente el país se «despolarizará» con semejantes tropelías. A lo sumo, logrará venezolanizar a la sociedad colombiana, con leyes de censura contra el «odio» y el disenso, que irrita a los fundamentalistas del comunismo en Colombia y en el mundo.

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