Senador Enrique Gómez y representante Simón Molina, proponen ante el Congreso el cierre de la JEP

El panorama político colombiano se agita con una propuesta legislativa que busca establecer un régimen de cierre definitivo para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una vez concluya su periodo inicial de diez años. Esta iniciativa, presentada por el senador Enrique Gómez del partido Salvación Nacional y el representante a la Cámara por Antioquia, Simón Molina, de Creemos, se configura como un Acto Legislativo que busca evitar la prórroga de esta entidad judicial.

La propuesta de los congresistas Gómez y Molina no solo plantea la no continuidad de la JEP, sino que también delinea un mecanismo de transición para los procesos en curso. Según el articulado propuesto, aquellos casos que no hayan culminado su trámite dentro del plazo establecido serían trasladados a la justicia ordinaria. Asimismo, se garantiza la conservación de todas las decisiones ya tomadas por la JEP, asegurando la seguridad jurídica de los fallos emitidos. Un aspecto crucial de este proyecto es la salvaguarda de los derechos de quienes han estado sometidos a esta jurisdicción, estipulando que ninguna persona recibirá un trato más gravoso del que ya tenía.

La génesis y la crítica a la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz fue concebida como una instancia judicial excepcional y de carácter temporal, diseñada para investigar, juzgar y sancionar los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado colombiano, en el marco del Acuerdo de Paz. Su propósito fundamental era contribuir a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Sin embargo, a lo largo de su funcionamiento, la JEP ha sido objeto de crecientes cuestionamientos y críticas, que la señalan de haberse desviado de su propósito original.

Los proponentes del Acto Legislativo argumentan que la JEP se ha transformado en un organismo burocratizado e inoperante. A pesar de su ambicioso mandato, se le atribuyen pocos resultados concretos en favor de las víctimas, lo que contrasta con el significativo costo fiscal que ha representado para el país. Se estima que la JEP ha demandado una inversión superior a los 4.2 billones de pesos de los contribuyentes colombianos, una cifra que, según los críticos, no se ve reflejada en su eficiencia o en el impacto positivo esperado para la sociedad.

Escándalos y cuestionamientos recientes

En los últimos tiempos, la JEP ha estado en el ojo del huracán debido a una serie de escándalos y revelaciones que han puesto en entredicho su gestión y transparencia. Las denuncias abarcan desde presuntos despilfarros en viajes y gastos operativos, hasta una cuestionada estructura de personal. Se ha señalado que la entidad cuenta con una planta de más de 1.400 empleados con salarios considerados generosos, a los que se suman aproximadamente 1.100 contratistas, lo que configura una nómina considerable para una jurisdicción de carácter temporal.

Otro punto de controversia ha sido el pago a abogados de victimarios, una práctica que ha generado indignación en diversos sectores de la opinión pública. A esto se suma la percepción de una baja productividad en términos de investigaciones concluidas y sentencias emitidas, lo que alimenta la crítica sobre su inoperancia. Además, se han revelado contratos de arrendamiento multimillonarios para su sede, que, según los críticos, habrían permitido la adquisición de varios inmuebles de características similares. Paradójicamente, en medio de estas revelaciones, la presidencia de la JEP ha manifestado que la entidad se encuentra al borde de la quiebra debido a recortes presupuestales, una afirmación que ha generado aún más debate y escepticismo.

La justificación del proyecto y el sentir ciudadano

Los autores del proyecto de Acto Legislativo defienden su iniciativa no solo como una medida racional, sino también como una respuesta consecuente con la actual situación fiscal del país. En un contexto de déficit fiscal heredado del gobierno anterior, que requiere ajustes y recortes presupuestarios, la propuesta busca optimizar el uso de los recursos públicos. Según Gómez y Molina, el cierre de la JEP al término de su periodo inicial se alinea con la necesidad de eficiencia y austeridad en el gasto estatal.

Más allá de las consideraciones económicas, los congresistas afirman que este proyecto legislativo refleja el sentir de millones de colombianos. Una parte significativa de la ciudadanía percibe a la JEP como una institución que ha priorizado la burocracia y ha otorgado consentimientos a los victimarios, sin haber logrado avances significativos en la reparación y justicia para las víctimas del conflicto. Esta percepción de desequilibrio y falta de resultados concretos es, según los promotores de la iniciativa, el motor principal detrás de la propuesta de no prorrogar la Jurisdicción Especial para la Paz.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué proponen el senador Enrique Gómez y el representante Simón Molina?

Proponen un Acto Legislativo ante el Congreso para establecer un régimen de cierre definitivo para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y evitar su prórroga tras sus diez años iniciales.

¿Por qué los congresistas buscan el cierre de la JEP?

Argumentan que la JEP es inoperante, costosa (más de 4.2 billones de pesos), tiene pocos resultados para las víctimas y ha sido objeto de escándalos por su gestión y gastos. Además, citan el déficit fiscal y el sentir ciudadano.

¿Qué pasaría con los casos en curso de la JEP si se aprueba esta propuesta?

Los casos que no hayan culminado su trámite serían trasladados a la justicia ordinaria, mientras que las decisiones ya tomadas por la JEP se conservarían para garantizar la seguridad jurídica.