El proyecto de ley que buscaba reglamentar el funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural fue archivado en el Congreso de la República tras no lograr avanzar en sus últimos debates antes de finalizar el periodo legislativo.

La iniciativa, promovida por el gobierno Nacional como una herramienta para resolver de manera especializada los conflictos relacionados con la tierra, quedó sin posibilidad de ser aprobada en esta legislatura.

El hundimiento se dio luego de que la plenaria de la Cámara de Representantes no incluyera el proyecto en el orden del día de su última sesión.

Por lo cual, la jornada legislativa terminó siendo cancelada por falta de quórum y por solicitudes presentadas por sectores de la oposición, lo que impidió que la propuesta continuara su trámite.

Cabe recordar que la Jurisdicción Agraria y Rural fue creada mediante el Acto Legislativo 03 de 2023 como parte de los compromisos derivados del Acuerdo Final de Paz.

Con esto en cuenta, su propósito consistía en establecer jueces y tribunales especializados para atender controversias relacionadas con la propiedad, posesión, uso y tenencia de la tierra en las zonas rurales del país.

Sin embargo, para que esta jurisdicción pudiera entrar en funcionamiento plenamente, era necesario aprobar una ley ordinaria que definiera sus competencias, procedimientos y principios de actuación, justamente era precisamente este el objetivo del proyecto que terminó archivado.

Aunque no obtuvo la votación esperada, en el pasado había logrado importantes avances durante su discusión en el Congreso, por ejemplo, en diciembre de 2024 recibió aprobación en las comisiones conjuntas de Cámara y Senado, luego de que el Gobierno impulsara su trámite mediante mensaje de urgencia, No obstante, aún debía superar dos debates finales en las plenarias de ambas corporaciones.

Uno de los principales puntos de controversia estuvo relacionado con las competencias para resolver disputas sobre los terrenos baldíos de la Nación ocupados por particulares.

Según explicaron algunos congresistas que participaron en la discusión, existían desacuerdos sobre el papel que debía asumir la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en estos procesos.

Razón por la cual, mientras algunos sectores respaldaban que la entidad tuviera facultades administrativas para tomar decisiones, otros consideraban que dichas competencias debían permanecer exclusivamente en manos de los jueces.

Las diferencias alrededor de este aspecto impidieron alcanzar un consenso definitivo para sacar adelante la iniciativa antes del cierre de la legislatura.

Tras conocer el hundimiento, desde el Ministerio de Justicia se confirmó que el proyecto será presentado nuevamente el próximo 20 de julio, fecha en la que iniciará el nuevo periodo legislativo.

En este sentido, el Gobierno manifestó su intención de retomar las discusiones incorporando las lecciones aprendidas durante el trámite anterior y buscando acuerdos que permitan su aprobación.

Pero, se mencionó que el reto será mayor debido a la renovación significativa del Congreso, para el próximo cuatrienio, el 75 % de los integrantes de la Cámara de Representantes serán nuevos, mientras que en el Senado más de la mitad de los congresistas llegarán por primera vez a esa corporación.

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