Cepeda celebró apertura de investigación contra Uribe y la calificó como un avance contra la impunidad

La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, según informó este jueves el senador Iván Cepeda Castro junto con los abogados representantes de víctimas y del actor popular dentro del proceso.

A través de un comunicado de prensa divulgado en Bogotá, los firmantes señalaron que fueron notificados de la decisión mediante la cual el ente acusador ordenó la vinculación formal del exmandatario a través de diligencia de indagatoria. De acuerdo con el documento, la investigación se adelanta por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.

El comunicado indica que la Fiscalía considera necesario esclarecer si Uribe Vélez habría tenido alguna responsabilidad en hechos relacionados con la actuación de un grupo armado ilegal que, según la investigación, “habría tenido por base la hacienda Guacharacas”.

Los representantes de las víctimas recordaron que el origen de este proceso se remonta a una denuncia presentada el 11 de abril de 2012 por Iván Cepeda ante la Fiscalía General de la Nación. En ella fueron señalados, además del expresidente, su hermano Santiago Uribe Vélez, así como Juan Guillermo Villegas y Santiago Gallón Henao, por su presunta participación en la conformación del denominado Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según los firmantes, la reapertura de la investigación permitió retomar líneas de indagación relacionadas con hechos ocurridos durante la década de los noventa en el departamento de Antioquia y reconocer formalmente a Cepeda como actor popular dentro del proceso.

El comunicado también hace referencia a una decisión adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 30 de mayo de 2018. En esa providencia, recuerda el documento, el alto tribunal resolvió “declarar crímenes de lesa humanidad” los delitos asociados a varias masacres ocurridas en Antioquia y al homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

Entre los hechos mencionados figuran las masacres registradas en el municipio de San Roque en 1996, así como las ocurridas en los corregimientos de La Granja y El Aro, en Ituango, entre 1996 y 1997. También se incluye el asesinato de Valle Jaramillo, perpetrado en Medellín el 27 de febrero de 1998.

Los representantes de víctimas resaltaron además que estos casos han sido objeto de pronunciamientos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En particular, recordaron las sentencias emitidas en los casos Masacres de Ituango vs. Colombia y Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, mediante las cuales el tribunal internacional declaró la responsabilidad del Estado colombiano por violaciones a derechos fundamentales de las víctimas.

De acuerdo con el comunicado, pese a las decisiones judiciales nacionales e internacionales, gran parte de los responsables materiales e intelectuales de estos hechos aún no han sido plenamente identificados o condenados. Los firmantes señalaron que, salvo algunas sentencias emitidas contra autores materiales en el caso del homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, persisten vacíos en materia de esclarecimiento judicial.

Por esa razón, calificaron la apertura de la investigación como un paso relevante para avanzar en la búsqueda de verdad y justicia. “Este llamado constituye un avance significativo en la lucha contra la impunidad y una esperanza para que las víctimas y la sociedad puedan obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición frente a estos graves hechos”, señala el documento.