Paloma Valencia citó a Armando Benedetti a debate sobre seguridad electoral y planteó interrogantes sobre influencia de grupos armados

La senadora Paloma Valencia radicó una proposición ante el Senado de la República para citar a debate de control político al ministro del Interior, Armando Benedetti, con el objetivo de examinar las condiciones de seguridad electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2026 y la posible incidencia de actores armados en el proceso democrático.

El documento, dirigido al presidente del Senado, Lidio García Turbay, señala que la citación se hace “en cumplimiento de mis deberes constitucionales y legales para ejercer control político como Senadora de la República de Colombia”, y en el marco de lo dispuesto por la Ley 5 de 1992. 

En la proposición, Valencia solicita no solo la presencia del ministro, sino también la invitación a varios precandidatos presidenciales: Iván Cepeda, Claudia López, Sergio Fajardo, Abelardo De La Espriella y Roy Barreras, quienes participarían “en calidad de candidatos presidenciales”. 

La senadora también pidió que el debate sea transmitido en directo por el Canal Institucional y las redes sociales del Congreso, con el fin de que “los colombianos puedan conocer la problemática expuesta”. 

El cuestionario propuesto por Valencia incluye 40 preguntas dirigidas al ministro del Interior, centradas en temas como la presencia de grupos armados ilegales, el control territorial, la financiación de campañas y las garantías para el ejercicio del voto en zonas de riesgo. Entre los interrogantes se plantea: “¿En cuántos municipios hay presencia activa de grupos armados ilegales donde la Fuerza Pública no tiene control efectivo?” y “¿Cuál es el plan concreto para evitar que en esas zonas el voto sea coaccionado, inducido o comprado por actores armados?”. 

El documento también cuestiona si se están repitiendo condiciones históricas asociadas a fraude electoral en zonas rurales y solicita información detallada sobre asesinatos de líderes sociales y actores políticos en el último año, así como el estado de judicialización de estos casos. 

Otro bloque de preguntas se enfoca en la posible relación entre economías ilegales y procesos electorales. En ese sentido, se pregunta: “¿Qué evidencia tiene el Gobierno de que estos recursos ilegales están siendo usados para financiar campañas o influir en elecciones?” y “¿Coinciden estos municipios con corredores estratégicos del narcotráfico o economías ilegales?”. 

Asimismo, se indaga sobre la capacidad operativa del Estado para garantizar la seguridad en los comicios, incluyendo el número de efectivos de la Fuerza Pública disponibles, la cobertura en puestos de votación rurales y la existencia de territorios donde las autoridades no pueden ingresar plenamente. 

El cuestionario también aborda el rol de entidades como la Registraduría Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral en la prevención de delitos electorales, la vigilancia de la financiación de campañas y la integridad del proceso electoral. 

Finalmente, Valencia plantea una de las preguntas centrales del debate: “¿Puede el Gobierno garantizar hoy que ningún grupo armado va a influir en las próximas elecciones? Si no puede garantizarlo, ¿estamos ante unas elecciones realmente libres?”.