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Otra rectificación del Presidente. Orden judicial lo obligó a rectificar afirmaciones falsas contra los hermanos Moreno Mejía

El presidente Gustavo Petro publicó una rectificación ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca relacionada con declaraciones realizadas durante un Consejo de Ministros en octubre de 2025 sobre los empresarios Roberto Moreno Mejía y Luis Alberto Moreno Mejía. El mandatario aclaró que ninguno de los mencionados ha sido objeto de imputación, acusación o condena penal por los hechos a los que hizo referencia en aquella intervención, en cumplimiento de una decisión judicial emitida en febrero de este año.

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Otra rectificación del
Presidente. Orden judicial lo obligó a rectificar afirmaciones falsas contra los hermanos Moreno Mejía
Foto: Archivo

El presidente Gustavo Petro tuvo que pronunciarse públicamente para dar cumplimiento a una sentencia de tutela emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, dentro de un proceso relacionado con afirmaciones realizadas durante el Consejo de Ministros del 21 de octubre de 2025.

La decisión judicial obligó al jefe de Estado a aclarar varias manifestaciones efectuadas sobre los empresarios Roberto Moreno Mejía , Luis Alberto Moreno Mejía y Bernie Moreno Mejía; en el marco de referencias a temas como el caso del Banco del Pacífico, el denominado volteo de tierras en la Sabana de Bogotá y otros asuntos que han sido objeto de debate público durante las últimas décadas.

En el documento divulgado por el mandatario, este manifestó actuar por respeto a la administración de justicia y en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales como presidente de la República.

La aclaración sobre los hermanos Moreno Mejía

En la rectificación, Petro señaló expresamente que Roberto Moreno Mejía y Luis Alberto Moreno Mejía no han sido objeto de decisiones penales, imputaciones, acusaciones ni condenas relacionadas con los hechos mencionados durante su intervención de octubre de 2025.

Asimismo, reconoció que ambos ciudadanos conservan plenamente la presunción de inocencia consagrada en la Constitución Política de Colombia y en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país.

El mandatario precisó que esa garantía jurídica permanece vigente mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada emitida por una autoridad judicial competente.

La aclaración constituye el punto central de la decisión judicial y busca restablecer los derechos fundamentales que fueron objeto de análisis dentro del proceso de tutela.

Petro defiende sus investigaciones y publicaciones

Aunque realizó la rectificación exigida por el Tribunal, el presidente también aprovechó el comunicado para recordar su trayectoria en investigaciones relacionadas con asuntos de interés público.

Petro señaló que desde su época como representante a la Cámara participó en debates de control político sobre el caso del Banco del Pacífico. Recordó igualmente la publicación de su libro El caso del Banco del Pacífico, editado en 2005, donde recopiló documentos, pruebas y conclusiones derivadas de dichas actuaciones parlamentarias.

Además, mencionó que temas como el desarrollo urbanístico en la Sabana de Bogotá, la protección ambiental y el uso del suelo han sido objeto de estudios técnicos, investigaciones periodísticas y debates institucionales durante varios años.

Sin embargo, enfatizó que la rectificación se realiza en estricto cumplimiento de la orden judicial y dentro del marco constitucional que protege el debido proceso.

Debate público y límites institucionales

La decisión vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a las afirmaciones realizadas sobre ciudadanos particulares, especialmente cuando estas pueden afectar derechos fundamentales como el buen nombre, la honra y la presunción de inocencia.

En su pronunciamiento, Petro reiteró que respeta la administración de justicia y las decisiones de los tribunales, al tiempo que sostuvo que continuará participando en los debates públicos sobre asuntos que considere de interés nacional.

La rectificación se suma a otros pronunciamientos judiciales que han ordenado aclaraciones o correcciones de declaraciones emitidas por figuras públicas en el marco del debate político nacional.

Con la publicación del documento, el mandatario dio cumplimiento formal a la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cerrando así una actuación judicial que tuvo origen en declaraciones realizadas hace más de siete meses.

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