ICP alerta sobre posibles riesgos electorales en zonas con presencia de grupos armados

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) presentó un informe en el que advierte sobre posibles riesgos de afectación al voto libre en zonas con presencia de grupos armados ilegales y estructuras criminales.

Según el análisis realizado por la organización, fueron identificados 722 puestos de votación con al menos tres señales electorales consideradas atípicas, ubicados en municipios con condiciones de riesgo territorial. A estos se suman otros 103 puestos donde el voto en blanco, nulo o no marcado obtuvo resultados predominantes en contextos de vulnerabilidad institucional.

De acuerdo con el reporte, estos puntos concentran más de 521.000 votos efectivos y un potencial electoral cercano a los 494.434 ciudadanos habilitados para sufragar.

El ICP aclaró que los hallazgos no constituyen acusaciones directas contra campañas, partidos o candidatos, sino señales de alerta que requieren verificación por parte de las autoridades electorales y organismos de control antes de la jornada presidencial.

Veeduría documentó presiones en varias regiones

El informe fue elaborado a partir de dos componentes: un análisis estadístico de las elecciones legislativas de 2026 y la Veeduría Entorno Electoral 2026, desarrollada junto a la Fundación Colombia 2050.

La veeduría contó con la participación de 126 observadores ciudadanos en 42 municipios de 15 departamentos del país, además de entrevistas con partidos políticos y monitoreo de denuncias territoriales.

Carlos Augusto Chacón Monsalve, director ejecutivo del ICP, aseguró que las formas de presión identificadas van más allá de hechos visibles de violencia.

“El voto se captura antes de llegar a la urna. Donde no hay denuncias visibles puede haber miedo. La observación nacional e internacional debe llegar al entorno electoral y no solamente al puesto de votación”, afirmó.

Entre los casos documentados aparecen denuncias de constreñimiento electoral, vigilancia comunitaria, restricciones a la movilidad y presión sobre electores en diferentes regiones del país.

Casos reportados en Cauca, Guaviare y Norte de Santander

El informe menciona hechos concretos registrados por los veedores en departamentos como Caquetá, Guaviare, Cauca y Chocó.

En Caquetá se reportaron presuntas exigencias de certificados electorales bajo amenazas de sanciones o multas. En Guaviare, según la veeduría, se habrían presentado restricciones al transporte de personas vinculadas a campañas políticas.

En municipios como Guapi y López de Micay, en el Cauca, observadores documentaron acompañamiento de votantes hasta las mesas y registros sobre las opciones marcadas en el tarjetón.

Asimismo, en Bajo Baudó, Chocó, se denunciaron presiones contra comunidades indígenas, mientras que en El Tarra, Norte de Santander, se reportó presencia de grupos armados en inmediaciones de puestos de votación.

El documento también recoge alertas de partidos políticos relacionadas con restricciones al proselitismo, extorsiones y afectaciones a la seguridad de candidatos y equipos de campaña.

Solicitan mayor vigilancia nacional e internacional

El ICP anunció que entregará a las autoridades una lista priorizada de 353 puestos físicos considerados sensibles, con el propósito de fortalecer los controles institucionales antes de las elecciones.

Además, informó que ampliará la Veeduría Entorno Electoral para la primera y eventual segunda vuelta presidencial, con presencia de 204 observadores en 117 municipios considerados críticos.

Finalmente, la organización hizo un llamado a la Registraduría, Fiscalía, Procuraduría, Fuerzas Militares y organismos internacionales de observación electoral para reforzar la vigilancia en los territorios identificados.

También pidió a campañas políticas, medios de comunicación y ciudadanía rechazar cualquier forma de presión o intimidación que pueda afectar el ejercicio libre del voto en el país.