Gobernadora del Tolima rechazó decreto de emergencia económica y propuso acción ante la Corte

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, centró la atención del primer Encuentro de Gobernadores de 2026 al cuestionar de manera directa el Decreto 1474, mediante el cual el Gobierno nacional declaró una nueva emergencia económica.

Durante su intervención, la mandataria departamental solicitó evaluar la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad frente a esta norma y promover un pronunciamiento específico ante la Corte Constitucional, adicional al control automático que ya adelanta ese tribunal.

Matiz sostuvo que el análisis jurídico no debe limitarse a la figura de la emergencia económica, sino abarcar los efectos concretos que el decreto tendría sobre la autonomía territorial y las finanzas de los departamentos.

Según explicó, las disposiciones contenidas en la norma generan impactos directos en el recaudo y en la capacidad de gestión fiscal de los gobiernos seccionales, aspectos que, a su juicio, requieren un examen constitucional más amplio.

Uno de los puntos que la Gobernadora señaló con mayor énfasis fue el artículo 15, parágrafo segundo, que establece que todo ingreso departamental que supere el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre 2025 y 2026 debe ser transferido al Gobierno nacional.

Esta disposición también obliga a los departamentos a realizar liquidaciones mensuales y a girar los recursos en un plazo máximo de 15 días. Matiz afirmó que este mecanismo limita el recaudo propio y condiciona los resultados de una gestión fiscal más eficiente en los territorios.

En su exposición, la mandataria del Tolima también cuestionó el sustento técnico y legislativo del decreto. Señaló que la norma podría generar efectos adversos en las estrategias que adelantan los departamentos para enfrentar el contrabando de licores.

Al citar estudios de la Federación Nacional de Departamentos, recordó que una proporción relevante del licor que se consume en el país es adulterado o de contrabando, y advirtió que los cambios introducidos por el decreto podrían incidir en ese escenario.

Según indicó, esto tendría implicaciones en materia de salud pública y presión sobre los servicios de urgencias, en un contexto de menor disponibilidad de recursos departamentales.

Matiz también planteó reparos desde el punto de vista constitucional, al considerar que el decreto vulnera el principio de certeza tributaria previsto en el artículo 338 de la Constitución. De acuerdo con su intervención, la norma introduce nuevos hechos generadores sin definir con precisión los elementos esenciales de los tributos, lo que abre cuestionamientos sobre su legalidad.

Las críticas expuestas por la gobernadora del Tolima encontraron eco en otros mandatarios regionales. Al cierre del encuentro, al menos 17 de los 32 gobernadores del país anunciaron que no aplicarán el decreto de emergencia económica en sus departamentos.

Entre los departamentos que manifestaron esta postura se encuentran Atlántico, Tolima, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, San Andrés y Providencia, Caquetá, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Antioquia, mientras el decreto continúa bajo revisión de la Corte Constitucional.