(EN VIDEO) Defensoría pide cambios de fondo en Ley de Sometimiento presentada por el Gobierno

La defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó ante el presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Gabriel Becerra, un concepto sobre la Ley de Sometimiento radicada por el Gobierno Nacional, señalando que el texto requiere modificaciones de fondo para avanzar en su trámite legislativo.

El proyecto busca establecer un marco jurídico que permita procesar los acercamientos en el marco de la política de paz total, incluyendo beneficios jurídicos para integrantes de grupos armados, bandas delincuenciales y personas procesadas en el contexto de las protestas sociales.

Según la funcionaria, la iniciativa resulta positiva en tanto ofrece seguridad jurídica para quienes decidan desmovilizarse o someterse a la justicia, y al mismo tiempo constituye un marco para garantizar los derechos de las víctimas. Sin embargo, sostuvo que algunos apartes deben ajustarse.

En su pronunciamiento, Marín advirtió que uno de los puntos que genera preocupación es la inclusión de nuevos beneficios penales para personas que ya habían hecho parte de procesos de paz anteriores y que fueron expulsadas de Justicia y Paz o de la Jurisdicción Especial para la Paz por incumplimiento de los compromisos adquiridos. A juicio de la defensora, este sector no debería acceder a nuevas prerrogativas, sino únicamente a mecanismos de sometimiento judicial.

Otro de los aspectos señalados por la Defensoría se relaciona con los programas de reparación. Marín indicó que los esquemas destinados a las víctimas del conflicto armado y de la criminalidad organizada son insuficientes y que aún existe una deuda en materia de atención integral.

Según explicó, antes de otorgar beneficios adicionales a quienes han delinquido, es necesario fortalecer los mecanismos de reparación que permitan restituir los derechos de quienes han sufrido los efectos de la violencia.

La funcionaria reiteró que el proyecto en discusión es necesario, siempre y cuando se garantice el equilibrio entre los beneficios judiciales para quienes buscan someterse a la justicia y la salvaguarda de los derechos de las víctimas. Añadió que, con los ajustes correspondientes, la norma podría constituirse en un instrumento para dar respaldo jurídico a los procesos de negociación que actualmente adelanta el Ejecutivo.

El trámite de la Ley de Sometimiento comenzará en la Comisión Primera de la Cámara, que ha realizado audiencias públicas en diferentes regiones del país para recoger insumos de comunidades y autoridades locales. Desde la oposición, ya se ha anunciado la intención de presentar ponencia de archivo, argumentando desacuerdo con el enfoque de la iniciativa.

En este contexto, la intervención de la Defensoría se suma a las posiciones de distintos sectores que han expresado reparos sobre la propuesta oficial y que buscan incidir en la redacción final del articulado antes de que avance en el Congreso.