El ABC en IFMNOTICIAS: Conozca la Constitución de 1991, el fundamento del Estado y de los derechos de los colombianos

La Constitución Política de Colombia constituye la máxima norma jurídica del país y representa el fundamento sobre el cual se estructura el Estado colombiano. También conocida como la Carta Magna o Ley Suprema, establece los principios esenciales que regulan la convivencia entre los ciudadanos, determina la organización de las instituciones públicas y define los derechos, las garantías y los deberes de quienes habitan el territorio nacional.

Su función principal es servir como el pacto social que orienta la vida democrática, fija los límites del poder estatal y asegura que las autoridades ejerzan sus funciones conforme a la ley. En ese sentido, ninguna norma de menor jerarquía puede contradecir sus disposiciones.

La Constitución actualmente vigente fue promulgada el 4 de julio de 1991, luego del trabajo realizado por la Asamblea Nacional Constituyente durante el gobierno del entonces presidente César Gaviria Trujillo. Este nuevo texto constitucional reemplazó la Constitución de 1886, que había permanecido en vigor durante más de un siglo.

La Carta Política de 1991 introdujo cambios significativos en el modelo institucional del país, fortaleciendo los principios democráticos, ampliando el catálogo de derechos fundamentales y creando nuevos mecanismos de participación ciudadana.

Desde su entrada en vigencia, la Constitución ha servido como el principal referente jurídico para el funcionamiento del Estado colombiano y para la protección de las libertades individuales y colectivas.

La Constitución está organizada en dos grandes partes que cumplen funciones complementarias.

La primera corresponde a la parte dogmática, en la cual se reconocen y garantizan los derechos humanos fundamentales, las libertades públicas y los deberes de los ciudadanos. En esta sección se consagran derechos como la vida, la igualdad, la libertad de conciencia, el debido proceso y la libertad de expresión, entre muchos otros.

La segunda es la parte orgánica, que determina cómo se encuentra organizado el Estado colombiano. Allí se establecen las funciones de las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial, así como los organismos de control, la organización electoral y los mecanismos de equilibrio entre las instituciones para evitar la concentración del poder.

Uno de los principios más relevantes incorporados por la Constitución de 1991 es la definición de Colombia como un Estado social de derecho.

Este modelo establece que la actuación del Estado debe orientarse por los principios de la democracia participativa, el pluralismo, la dignidad humana, la solidaridad y la prevalencia del interés general. Además, reconoce la obligación de las autoridades de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas.

La Constitución también fortaleció la participación ciudadana mediante instrumentos como el derecho de petición, las acciones populares, las acciones de grupo y la acción de tutela, mecanismo que permite solicitar la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando estos resultan vulnerados o amenazados.

Una de las principales características de la Carta Política es su condición de norma de normas, lo que significa que todas las leyes, decretos y demás disposiciones expedidas por las autoridades deben ajustarse a sus principios y mandatos. Por esa razón, cualquier reforma constitucional exige procedimientos especiales que garanticen la participación democrática y el respeto por la voluntad popular, entre ellos los actos legislativos, el referendo constitucional o una Asamblea Nacional Constituyente, según lo previsto en la propia Constitución.

Entre los derechos protegidos por la Constitución se encuentran la libertad de expresión y de información. El texto constitucional garantiza a todas las personas el derecho a expresar y difundir libremente sus pensamientos y opiniones, así como a informar y recibir información veraz e imparcial.

Asimismo, reconoce la libertad para fundar medios masivos de comunicación, establece que estos tienen una responsabilidad social y garantiza el derecho de rectificación en condiciones de equidad social.