Consejo Gremial alertó sobre efectos de decreto que ordenó traslado de recursos pensionales hacia Colpensiones

La dirigente expresó inquietudes sobre el alcance de la medida y su posible impacto en el sistema pensional. De acuerdo con lo señalado por Gutiérrez, el decreto establece un traslado cercano a 24,5 billones de pesos provenientes de las AFP hacia el sistema público. Según explicó, estos recursos corresponden al ahorro de trabajadores afiliados que aún no han accedido a una pensión, lo que, en su criterio, implica un cambio en la destinación original de dichos fondos.

A través de un pronunciamiento a través de su cuenta de X, la representante del gremio indicó que la decisión podría tener implicaciones sobre la estructura de ahorro de largo plazo. En ese sentido, sostuvo que los recursos administrados por los fondos privados tienen como finalidad generar rendimientos que respalden el pago de pensiones futuras, por lo que su traslado inmediato modificaría esa lógica financiera.

La dirigente también hizo referencia a la Ley 2381 de 2024, al señalar que esta normativa establece que los aportes de los afiliados que no han cumplido los requisitos de jubilación deben permanecer en los fondos privados. Según su interpretación, el decreto no contemplaría este criterio, lo que motivó cuestionamientos desde el sector empresarial sobre la legalidad del mecanismo adoptado.

En su declaración, Gutiérrez manifestó que, desde la perspectiva del Consejo Gremial, no existiría una necesidad inmediata que justifique el traslado de estos recursos, al indicar que Colpensiones cuenta con capacidad para atender sus obligaciones actuales. En ese contexto, expresó inquietudes sobre el destino que tendrían los fondos trasladados, señalando que podrían integrarse al flujo de gasto corriente.

El pronunciamiento incluyó además un llamado a instancias judiciales y de control. En particular, solicitó al Consejo de Estado evaluar la posibilidad de suspender provisionalmente el decreto mientras se revisa su legalidad. Asimismo, pidió la intervención de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para analizar el impacto fiscal y administrativo de la medida.

En su argumentación, la presidente del gremio reiteró que los recursos en cuestión corresponden a aportes individuales de los trabajadores, por lo que, según indicó, su manejo debe mantenerse bajo criterios de protección y sostenibilidad. También señaló que el traslado de estos fondos podría modificar su naturaleza dentro del sistema, al pasar de un esquema de ahorro individual a uno de manejo público.

El contexto en el que se expide el decreto también fue mencionado en el pronunciamiento. Gutiérrez indicó que la decisión se produce en un momento previo a la jornada electoral, lo que, según su planteamiento, genera inquietudes sobre el uso de recursos públicos y su destinación. No obstante, centró su exposición en los efectos técnicos y financieros de la medida.

Por su parte, el Consejo Gremial reiteró que el sistema pensional requiere estabilidad normativa y claridad en las reglas de administración de los recursos. En ese sentido, insistió en que cualquier modificación debe ajustarse a las disposiciones legales vigentes y garantizar la protección de los ahorros de los afiliados.

El decreto 0415 de 2026 forma parte de las medidas adoptadas por el Gobierno en el marco de la implementación del nuevo esquema pensional. La discusión sobre su alcance y efectos continúa en distintos escenarios institucionales, mientras se adelantan solicitudes de revisión ante las autoridades competentes.

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