Comisión de Acusaciones prepara ponencia absolutoria para Petro sobre violación de topes a su campaña y revive críticas por falta de independencia

El proceso que analiza la presunta violación de topes de financiación en la campaña presidencial de Gustavo Petro entra en una nueva etapa dentro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, órgano encargado constitucionalmente de investigar al jefe de Estado.

Según información conocida en las últimas horas, la ponencia elaborada por el representante Alirio Uribe, coordinador de la investigación, concluye que el presidente Petro no tendría responsabilidad penal, administrativa ni disciplinaria frente a las irregularidades detectadas en la financiación de la campaña de 2022.

El documento sostiene que el hoy mandatario habría actuado bajo el principio de “debida diligencia” para mantener en orden las cuentas de la campaña y que, en caso de existir responsabilidades, estas recaerían sobre el gerente de campaña y no directamente sobre el entonces candidato presidencial.

No obstante, la misma ponencia sí ratificaría la existencia de violación de topes electorales, en línea con lo ya determinado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en decisiones previas relacionadas con el caso.

Persisten las críticas contra la Comisión de Acusaciones

El avance del proceso volvió a generar fuertes cuestionamientos desde sectores de oposición, que históricamente han señalado a la Comisión de Acusaciones como un organismo sin verdadera independencia política.

Diversos críticos han denominado a esa instancia como la “Comisión de Absoluciones”, debido a la escasa cantidad de condenas o decisiones de fondo adoptadas contra presidentes y altos funcionarios investigados a lo largo de las últimas décadas.

Las críticas apuntan principalmente a que la mayoría de integrantes de la comisión pertenecen a partidos o sectores políticos cercanos al Gobierno Nacional, lo que, según opositores, afectaría la imparcialidad de las investigaciones.

Sectores jurídicos y políticos recuerdan además que la legislación electoral colombiana establece que, en caso de confirmarse una violación de topes de campaña, la responsabilidad recae directamente sobre el candidato inscrito.

Para algunos dirigentes opositores, el proceso estaría privilegiando interpretaciones políticas antes que criterios estrictamente jurídicos.

Salvamento de voto y nuevo capítulo político

Fuentes cercanas al proceso indicaron que al menos uno de los integrantes del denominado “triunvirato investigador” presentará un salvamento de voto frente a la ponencia que sería radicada oficialmente en las próximas dos semanas.

Ese desacuerdo interno podría abrir un nuevo debate político y jurídico alrededor de las responsabilidades derivadas de la financiación de la campaña presidencial de 2022.

El caso ha permanecido bajo observación de distintos sectores debido al impacto institucional que tendría una eventual decisión sobre la legitimidad de la elección presidencial.

Mientras tanto, desde la oposición continúan insistiendo en que la Comisión de Acusaciones carece de independencia suficiente para investigar al jefe de Estado con neutralidad.