Centro Democrático afirmó que decisión de la JEP desmonta acusaciones históricas del petrismo contra la Seguridad Democrática

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la imputación de cargos contra cuatro generales retirados por 442 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Antioquia entre 2004 y 2007.

La magistrada Catalina Díaz precisó que estos crímenes no fueron parte de la política de Seguridad Democrática implementada durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

Tras el pronunciamiento, el Centro Democrático sostuvo que la decisión del tribunal «derrumba» los señalamientos políticos que durante años se hicieron contra la administración de Uribe. Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín, afirmó que la resolución de la JEP marca un punto de quiebre en la discusión política.

“Se cae el relato que durante dos décadas utilizó la izquierda para atacar al presidente Uribe con el tema de los falsos positivos. La misma JEP dejó en claro que no fueron política de Estado”, aseguró.

López instó a los ciudadanos a conocer el fallo y subrayó que la imputación no debería ser usada en la campaña electoral de 2026. “Ya no tienen excusas para seguir con ataques infundados. La Seguridad Democrática representó la recuperación del orden en Colombia, y hoy más que nunca se reclama su retorno”, añadió.

La magistrada Díaz explicó que, si bien hubo patrones orientados a la búsqueda de resultados operacionales, la política de Seguridad Democrática no contemplaba directrices para medir el éxito en términos de bajas ni incluía disposiciones que promovieran la comisión de estos delitos.

Hasta el momento, sectores progresistas no se han pronunciado sobre la resolución de la JEP, que genera repercusiones en el panorama político nacional y en el debate sobre las responsabilidades estatales durante ese periodo.

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