Ola de cancelaciones y renuncias de visas en el gabinete de Petro tras decisión de EE. UU.
La revocación de la visa al presidente Gustavo Petro por parte del gobierno de Estados Unidos desencadenó una cadena de medidas similares contra miembros de su gabinete y funcionarios cercanos, además de renuncias voluntarias en señal de respaldo al mandatario.
La revocación de la visa al presidente Gustavo Petro por parte del gobierno de Estados Unidos desencadenó una cadena de medidas similares contra miembros de su gabinete y funcionarios cercanos, además de renuncias voluntarias en señal de respaldo al mandatario.
El tema ha generado tensiones diplomáticas y preocupación por las implicaciones que tendría la ausencia de visados en la gestión de la política exterior y económica de Colombia.
El primer caso confirmado fue el del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien reveló que recibió un correo en el que se notificaba la cancelación de sus visas diplomática y de turismo. “Gaza bien vale una visa”, escribió en redes sociales tras conocerse la medida.
Poco después, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, confirmó haber recibido la misma comunicación. Ambos hicieron parte de la delegación que acompañó a Petro en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU y la manifestación en la que el mandatario pidió a los militares estadounidenses desobedecer las órdenes de Donald Trump.
Horas más tarde se sumó un nuevo nombre: el ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, quien informó en X que también le fue cancelada la visa. El funcionario señaló que la decisión no afectaba su respaldo al presidente e hizo alusión al discurso que Petro pronunció en Naciones Unidas. Con estos tres casos, ya son varios los miembros del círculo cercano al mandatario que quedan sin autorización para ingresar a territorio estadounidense.

En paralelo, algunos integrantes del gabinete y altos funcionarios optaron por renunciar voluntariamente a sus visados. El primero en anunciarlo fue el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo. A él se unieron la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Hacienda Germán Ávila y la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque.
En un comunicado, Villavicencio calificó su decisión como un acto de coherencia política y rechazo a lo que denominó injerencia extranjera. Por su parte, Rusinque envió una carta formal a la Embajada de Estados Unidos solicitando la cancelación de su visa.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que podría presentarse una cascada de renuncias en solidaridad con Petro, aunque aclaró que no haría parte de ellas debido a que su visa ya había sido revocada en dos ocasiones. El propio presidente, en Consejo de Ministros, insistió en sus críticas al expresidente Donald Trump, a quien acusó de complicidad en el conflicto de Gaza. Washington respondió rechazando los llamados de Petro a los militares estadounidenses para desobedecer órdenes y lo acusó de incitar a la violencia en una manifestación propalestina.
Más allá de las posiciones políticas, la situación plantea retos prácticos para el gobierno colombiano. Exfuncionarios como José Manuel Restrepo recordaron que gran parte del financiamiento público proviene de instituciones con sede en Estados Unidos y que las reuniones cara a cara con inversionistas y calificadoras de riesgo resultan esenciales para garantizar recursos y confianza en la economía del país.
Asimismo, la imposibilidad de que la canciller acceda a ese territorio plantea dificultades en la interlocución con organismos multilaterales como la ONU y la OEA, cuyas sedes principales están en Washington y Nueva York.

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