Pensional, laboral, paz total y agraria: las reformas del gobierno que ya son ley en Colombia

Cuatro reformas estructurales del Gobierno Nacional ya han sido tramitadas y sancionadas por el Congreso de la República en lo que va del mandato del presidente Gustavo Petro: pensional, laboral, paz total y jurisdicción agraria.

En el caso de la reforma pensional, el proyecto fue aprobado como Ley 2381 del 16 de julio de 2024. El texto propone un Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, estructurado en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario.

Colpensiones administrará las cotizaciones de hasta 2,3 salarios mínimos, mientras que los ingresos adicionales son gestionados por las nuevas Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI). Actualmente, la norma se encuentra a la espera de una revisión definitiva por parte de la Corte Constitucional, que analiza un vicio de trámite subsanado en la Cámara de Representantes.

En cuanto a la reforma laboral, la Ley 2466 de 2025 fue sancionada el 25 de junio y entró en vigor el 1 de julio. Incluye una jornada máxima semanal de 42 horas, que se implementará de forma gradual.

Se modificaron los recargos dominicales y festivos, que pasarán del 75% al 100% en un periodo de transición hasta 2027. También se amplió el horario nocturno desde las 7:00 p.m., se fortalecieron los derechos sindicales y se incluyó protección laboral para trabajadores de plataformas digitales y víctimas de violencia o discriminación en el entorno laboral.

Además, se encuentra vigente desde 2022 la Ley 2272, que establece el marco jurídico de la política de “Paz Total”. Esta iniciativa habilita al Gobierno para entablar negociaciones con grupos armados ilegales y estructuras criminales, y plantea un enfoque integral para abordar el conflicto armado en Colombia.

Finalmente, el Congreso aprobó el proyecto que crea la Jurisdicción Agraria y Rural, mediante el cual se busca agilizar la resolución de disputas relacionadas con el uso, tenencia y propiedad de tierras rurales. La norma define las competencias de los jueces agrarios y fue avalada tras varias sesiones conjuntas de las comisiones primeras de Senado y Cámara.

Estas iniciativas han sido parte central de la agenda legislativa del actual gobierno, que además ha tramitado otras leyes complementarias como el Plan Nacional de Desarrollo y normas sociales en materia de igualdad, educación y protección a grupos poblacionales.