Preocupación en Huila. Denuncian presiones de disidencias de las FARC para expulsar al Ejército de La Plata

La tensión en el municipio de La Plata, Huila, se intensifica tras denuncias que señalan a las disidencias de las FARC por presionar a campesinos para exigir la salida de tropas del Ejército Nacional desplegadas en la zona rural. Según autoridades militares, alrededor de 150 habitantes de al menos ocho veredas habrían sido instrumentalizados por el grupo armado para forzar el retiro de 32 soldados que cumplen labores operativas en ese territorio.

El coronel Henry Herrera, comandante de la Novena Brigada del Ejército, fue quien alertó públicamente sobre esta situación. “Hacemos una denuncia pública: estos grupos armados, especialmente de la comisión ‘Hernando González Acosta’, están coaccionando y constriñendo a la población civil, obligando a los presidentes de las juntas de acción comunal y a los campesinos a sacar a las unidades militares que se encuentran en tareas de acción ofensiva”, expresó el alto oficial a medios radiales colombianos.

El coronel advirtió que los soldados no pueden ser víctimas de secuestro o coerción, y recordó que su presencia en la región responde a un mandato constitucional orientado a proteger a la población civil y garantizar la seguridad. “Nos encontramos enmarcados en una labor constitucional en favor de la población”, recalcó, al tiempo que solicitó, el acompañamiento de organismos de derechos humanos y del Gobierno Nacional para prevenir una escalada de la violencia que involucre a civiles.

Un contexto marcado por ataques recientes

La denuncia surge en un contexto de alta preocupación por la seguridad en La Plata. La misma comisión ‘Hernando González Acosta’ es señalada como responsable del atentado con motocicleta bomba perpetrado el pasado Jueves Santo, 17 de abril, en inmediaciones de la estación de Policía del municipio. Ese ataque cobró la vida de dos hermanos que transitaban cerca del lugar y dejó más de 30 personas heridas, entre civiles y uniformados.

Ante estos hechos, la Gobernación del Huila activó mecanismos de alerta y pidió reforzar las medidas de seguridad. Juan Carlos Casallas, secretario de Gobierno departamental, explicó que las amenazas no se limitan a La Plata, sino que forman parte de un riesgo extendido en varias regiones del país. “De acuerdo con la información difundida por el ministro de Defensa y la inteligencia militar, la alerta no es solo en Huila, es en todo el país”, declaró.

Casallas reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades mediante la denuncia oportuna de cualquier movimiento sospechoso o actividad ilegal. “La colaboración de la comunidad es clave. Cualquier información puede hacer la diferencia para evitar tragedias y preservar la seguridad en el territorio”, subrayó.

Preocupación por vulnerabilidad de menores en zonas de conflicto

La situación de violencia y control armado también ha dejado nuevas víctimas entre los sectores más vulnerables. Uno de los casos que ha generado mayor consternación es el asesinato de Juan Pablo Lozada Gallo, un adolescente de 15 años que había sido rescatado de las filas de las disidencias de las FARC tras ser reclutado forzosamente. El joven, pese a haber sido rescatado por la Fuerza Pública, fue posteriormente asesinado en La Plata.

De acuerdo con medios locales como Alerta Tolima, ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, ni la Unidad Nacional de Protección, UNP, lograron garantizar su seguridad tras su liberación, a pesar de que era considerado objetivo militar por las estructuras armadas ilegales que operan en la región.

Este caso evidenció las limitaciones institucionales para proteger a menores desvinculados de grupos armados y expuso la compleja situación de las familias que viven bajo la presión de las organizaciones ilegales en el occidente del Huila.

Un llamado urgente a proteger la institucionalidad y a la población

Las autoridades locales y militares coinciden en que la instrumentalización de la población civil por parte de las disidencias representa un grave riesgo para los derechos humanos y para la presencia institucional en zonas rurales. El uso de campesinos para intentar expulsar a las Fuerzas Militares no solo vulnera su autonomía, sino que los pone en riesgo directo al ubicarlos en medio del conflicto.

Las Fuerzas Armadas reiteraron que su presencia busca precisamente evitar que estos territorios queden bajo el dominio de estructuras armadas ilegales y garantizar que los campesinos puedan vivir sin coacción ni amenazas.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y líderes sociales han pedido que se prioricen acciones de protección y atención integral para las comunidades que enfrentan estas presiones, y que se refuercen los mecanismos de prevención para evitar que los civiles sean utilizados como escudos humanos o instrumentos de las disputas armadas.

La situación en La Plata refleja las complejas dinámicas del posconflicto en regiones donde las disidencias han consolidado influencia territorial y operativa. La necesidad de una respuesta articulada entre las autoridades locales, nacionales y las comunidades es, hoy, más urgente que nunca.

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