Grupos armados reactivaron la violencia en Vichada, Defensoría emitió Alerta Temprana por riesgo a la población civil

Tras identificar un preocupante incremento de la violencia en el departamento del Vichada, como consecuencia de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia, se emitió una alerta por parte de la Defensoría del Pueblo.

La situación llegó al punto de que la Defensoría emitió una Alerta Temprana de Inminencia 015 de 2025. Los enfrentamientos se iniciaron ante la ruptura de la alianza que ambos grupos mantuvieron durante dos años y que ha desencadenado una nueva ola de confrontaciones armadas que ponen en grave riesgo a la población civil.

De acuerdo con el documento, la alianza se quebró en agosto de este año debido a disputas por el control de rutas del narcotráfico y zonas de explotación ilegal de oro y coltán, particularmente en las regiones fronterizas con Venezuela. Desde entonces, la Defensoría ha documentado asesinatos selectivos, confinamientos, desplazamientos masivos e incluso el uso de drones con explosivos, lo que demuestra el alto nivel de sofisticación y violencia que ha adquirido el conflicto.

La alerta se centra en los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Cumaribo y Santa Rosalía, donde las comunidades rurales e indígenas viven una situación de extrema vulnerabilidad. Según la entidad, las disputas entre los grupos ilegales han provocado la paralización de la actividad económica, restricciones de movilidad y la instalación de retenes ilegales, afectando el acceso a alimentos, medicinas y atención médica.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la instrumentalización de la población civil, forzada a cumplir labores de transporte, logística y vigilancia para los grupos armados. Este tipo de prácticas constituye una grave violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y aumenta el riesgo de reclutamiento forzado, especialmente entre menores de edad.

El organismo de control también alertó sobre la posible participación de otros actores armados en la zona, entre ellos el Estado Mayor Central (EMC), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y remanentes del ERPAC, lo que podría generar una escalada del conflicto y una mayor fragmentación del control territorial en el oriente del país.

Ante esta situación, la Defensoría formuló 18 recomendaciones urgentes dirigidas al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Gobernación del Vichada, Fiscalía General, Unidad de Víctimas y la UNP, entre otras instituciones. La entidad pidió una respuesta articulada que priorice la seguridad humana, el refuerzo de la presencia institucional y la protección de las comunidades más afectadas.

Finalmente, el organismo hizo un llamado al Gobierno nacional para fortalecer la política de prevención y atención temprana de conflictos armados. Solicitó garantizar la seguridad de líderes sociales, comunidades étnicas y mujeres, quienes históricamente han sido las principales víctimas del recrudecimiento de la violencia.

La Defensoría reiteró que la situación en Vichada requiere una acción inmediata y sostenida del Estado para evitar una crisis humanitaria de mayores proporciones, y recordó que la defensa de los derechos humanos debe ser el eje central de cualquier estrategia de seguridad en los territorios fronterizos.