Gobierno confirma que tres menores murieron en operación militar contra estructura de alias Calarcá en Guaviare

El Gobierno Nacional confirmó que tres menores de edad se encontraban entre los integrantes de una estructura armada que fueron muertos durante una operación militar desarrollada el pasado 27 de agosto en una zona selvática del departamento del Guaviare. El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, general retirado Jorge Mora, quien entregó detalles de la ofensiva y aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía actuaron bajo los protocolos establecidos para este tipo de operaciones.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, la acción se desarrolló de manera conjunta y coordinada entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y tuvo como objetivo tres zonas campamentarias ubicadas en lo profundo de la selva, en jurisdicción del municipio de El Retorno, en cercanías del río Inírida.

La operación estuvo dirigida contra una estructura del bloque Jorge Suárez Briseño, señalada por las autoridades de estar bajo el mando de alias Cotiz, integrante de la facción liderada por alias Calarcá.

"El pasado 27 de agosto, en una operación conjunta y coordinada entre fuerzas militares y Policía Nacional, se realizó un ataque aéreo estratégico sobre tres zonas campamentarias en lo profundo de la selva del departamento del Guaviare", explicó Mora al presentar el balance de la operación.

Según la información entregada por el Ministerio de Defensa, diez integrantes de la estructura fueron muertos y uno más fue capturado. Además, las autoridades reportaron la recuperación de un menor de edad, a quien se le restablecieron sus derechos.

En el lugar de los hechos también fue encontrado un importante arsenal que, según las autoridades, estaba en poder de la estructura armada. El material incautado incluyó 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 milímetros, 22 granadas de mortero y ocho granadas de 40 milímetros.

A este material se sumaron 174 proveedores, 184 minas antipersonales, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones. Para el ministro, la incautación de las minas representa un resultado relevante debido al riesgo que este tipo de artefactos representa tanto para la población civil como para los integrantes de la Fuerza Pública.

Mora aseguró que la operación cumplió con los estándares legales establecidos para este tipo de acciones militares y señaló que, una vez finalizada la intervención, fueron adelantados los procedimientos correspondientes para la identificación de los cuerpos.

"La operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante su planeamiento y durante su ejecución", afirmó el ministro.

Sin embargo, el balance de la operación tomó una nueva dimensión tras el reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal, que estableció que tres de los diez combatientes muertos eran menores de edad. Según el informe citado por el Gobierno, se trataba de dos adolescentes de 15 años y uno de 16.

La confirmación generó un nuevo llamado de atención del Ejecutivo frente al reclutamiento de menores por parte de estructuras armadas ilegales. El ministro calificó esta práctica como una violación grave de las normas que protegen a los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado.

"El reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al derecho internacional humanitario", sostuvo Mora.

El funcionario también señaló que estas conductas están contempladas dentro del ordenamiento jurídico colombiano y mencionó la Ley 599 de 2000, correspondiente al Código Penal, que establece el reclutamiento ilícito como conducta penal.

Ante este escenario, los ministerios de Defensa y Justicia trabajan en una mesa interdisciplinaria destinada a fortalecer la respuesta estatal frente al reclutamiento y la utilización de menores por parte de estructuras armadas y organizaciones criminales.

La estrategia contará, según el anuncio, con la participación de otras instituciones. El Gobierno prevé convocar a la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y demás entidades competentes para establecer una ruta integral que permita reforzar la protección de los menores y avanzar en la persecución de quienes participan en su captación, reclutamiento o instrumentalización.

Entre las medidas que serán estudiadas se encuentran posibles modificaciones al régimen penal, el endurecimiento de sanciones y el fortalecimiento de las investigaciones dirigidas contra los responsables de las estructuras de mando y las redes encargadas de captar menores.

El Ministerio de Defensa también anunció que formulará las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que se investiguen los hechos relacionados con el reclutamiento y utilización de menores.

"Rechazamos de manera categórica esta aberrante práctica", manifestó Mora, quien reiteró que las autoridades continuarán desarrollando operaciones contra los grupos armados ilegales.