(EN VIDEO) Tensión en Bosa, orden judicial activó desalojo del barrio El Remanso y generó bloqueos por afectación a cerca de mil personas

La intervención dictaminada para este miércoles 6 de mayo, está dirigida a un predio donde habitan cerca de 100 familias, lo que implica aproximadamente 1.000 personas, entre ellas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.

La actuación judicial estaba programada para iniciarse a las 8:00 de la mañana, sin embargo, desde temprano los residentes comenzaron a ubicarse en los accesos viales que conectan a Bosa San José con el sector de Ciudad Verde, en el municipio de Soacha. En estos puntos se instalaron carpas y otros elementos para impedir el paso vehicular.

De acuerdo con la información entregada por habitantes del sector, la comunidad afirmó haber permanecido en estos predios durante aproximadamente 16 años. Algunos residentes señalan haber adquirido los lotes en 2011 mediante compraventas particulares. También indican que cuentan con documentos relacionados con dichas transacciones y que durante este tiempo han asumido el pago de servicios públicos como acueducto, energía y gas, además de figurar en registros catastrales e instrumentos públicos.

Los voceros comunitarios sostienen que las adquisiciones se realizaron bajo la figura de buena fe y que, en su criterio, habrían sido objeto de posibles engaños por parte de terceros que vendieron los terrenos. Este argumento ha sido reiterado en el contexto de la diligencia, que se origina en un proceso judicial que ordena la restitución del predio.

En el lugar se desplegó un dispositivo de la Policía Metropolitana de Bogotá con entre 300 y 350 uniformados, incluyendo unidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). A la zona también llegaron delegados de la Defensoría del Pueblo y la Personería de Bogotá con el fin de acompañar el procedimiento y verificar el cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de actuaciones.

Desde el Concejo de Bogotá, la cabildante Heidy Sánchez Barreto solicitó la suspensión del operativo, señalando la presencia de población en condición de desplazamiento forzado y pidiendo a la Administración Distrital alternativas de reubicación para las familias afectadas. En paralelo, los habitantes del sector han manifestado que no cuentan con garantías de vivienda por parte de la administración distrital en el marco del cumplimiento del fallo.

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha señalado que el proceso responde a una orden judicial y que su papel ha estado centrado en la articulación interinstitucional. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, indicó que la diligencia fue definida a partir de un fallo de policía del Consejo de Justicia de 2019 y una sentencia de tutela en segunda instancia. También señaló que la administración ha adelantado procesos de preparación, mesas interinstitucionales y caracterización de la población afectada.

La Alcaldía de Bosa, por su parte, informó mediante comunicado que la diligencia se ejecuta en cumplimiento de decisiones judiciales que ordenan la restitución del predio a la empresa Sotrandes. La entidad precisó que no tiene competencia en la ejecución material del desalojo ni en las decisiones operativas del mismo, funciones que recaen en la Inspección de Policía de Paz y Convivencia 7-A de Bosa.

Según la Administración Local, en el desarrollo del proceso se han realizado mesas técnicas y espacios de articulación con distintas entidades en fechas comprendidas entre diciembre de 2024 y febrero de 2026, además de procesos de censo y caracterización poblacional en 2021, 2025 y 2026. También se han adelantado reuniones interinstitucionales para la coordinación del operativo y la atención de la población.

El procedimiento incluye la participación de entidades distritales, organismos de control, servicios de salud y equipos de atención de emergencias. La Alcaldía ha reiterado que el cumplimiento de la orden judicial es obligatorio y que el proceso se desarrolla dentro del marco de las competencias asignadas a cada entidad.

En el punto del operativo, la comunidad mantiene concentraciones y bloqueos en los accesos viales, mientras las autoridades continúan con la intervención prevista. La situación mantiene la atención sobre el desarrollo de la diligencia y sus efectos en la movilidad del sector y en la población residente del predio.

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