Oposición califica de «peligroso» el proyecto de jurisdicción agraria del Gobierno Petro

El reciente proyecto de ley de jurisdicción agraria radicado por el Gobierno de Gustavo Petro ha generado una fuerte reacción por parte de la oposición.

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, ha sido una de las voces más críticas, calificando la iniciativa como una amenaza para los derechos de los propietarios rurales y advirtiendo que podría legalizar la invasión de tierras.

A través de sus redes sociales, Valencia expresó su preocupación, señalando que el proyecto busca revivir figuras como la expropiación express, previamente declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, y abriría la puerta a la protección legal de invasores de tierras.

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Según la Senadora, basta con que los invasores realicen alguna actividad productiva en los predios, como una pequeña cosecha, para que los jueces no puedan desalojarlos. Esta situación, afirmó, «debilitaría los derechos de los propietarios legítimos y legitimaría la ocupación de tierras».

Críticas a la protección al «más débil» en el campo

Valencia también expresó sus dudas sobre la insistencia del Gobierno en incorporar el principio de protección al más débil en las zonas rurales, a pesar de que la Corte Suprema había solicitado su eliminación.

Para la Senadora, la ambigüedad sobre quién es realmente el débil en estos casos, si el invasor o el invadido, podría generar un conflicto legal y ético, poniendo en desventaja a los legítimos propietarios.

Además, Valencia criticó la inclusión de controversias del sector minero-energético en la jurisdicción agraria. Según la Senadora, esto podría generar incertidumbre para sectores clave de la economía, como el carbón y el petróleo, al proponer que los jueces agrarios resuelvan disputas que ya cuentan con especialistas.

El Gobierno defiende la propuesta como una «deuda histórica»

Por su parte, el gobierno de Gustavo Petro, a través de los ministros Juan Fernando Cristo (Interior), Ángela María Buitrago (Justicia) y Martha Carvajalino (Agricultura), defendió el proyecto como una herramienta esencial para la implementación de la reforma agraria contemplada en el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

El objetivo, según el gobierno, es cerrar las brechas entre el campo y las ciudades, y brindar justicia a los campesinos, quienes durante décadas han sido víctimas de la violencia y el despojo.

El ministro Cristo subrayó la importancia de la creación de jueces agrarios para resolver los conflictos territoriales que han afectado al campo colombiano por tantos años.

«Es un gran avance tener jueces agrarios que puedan resolver estos conflictos históricos», afirmó.

De igual forma, la ministra Buitrago destacó que el proyecto permitiría dar solución a las múltiples disputas territoriales de manera pacífica, evitando la resolución violenta de estos conflictos que ha perpetuado la violencia armada en varias regiones.

Este proyecto de jurisdicción agraria ha generado un intenso debate entre quienes lo ven como una solución necesaria para el campo colombiano y quienes, como Paloma Valencia, lo consideran un peligro para la seguridad jurídica de los propietarios rurales.

Mientras el gobierno insiste en que la propuesta es un paso fundamental hacia la justicia social y el cumplimiento de los acuerdos de paz, la oposición continúa señalando sus riesgos y posibles impactos negativos en la estabilidad del sector rural y minero-energético.

El proyecto aún debe ser debatido y aprobado en el Congreso, donde seguramente continuará polarizando las posiciones tanto del oficialismo como de la oposición.

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