(OPINIÓN) Un decreto contra el tejido empresarial del país. Por: Nicolás Albeiro Echeverry

El Decreto 0572 de 2025, expedido por el presidente Gustavo Petro, representa un golpe profundo a la médula de la economía colombiana: nuestras micro, pequeñas y medianas empresas.

Bajo la justificación de anticipar el recaudo del impuesto de renta para el año 2026, el Gobierno ha optado por una decisión que desconoce por completo la realidad financiera de las MiPymes, sectores que representan el 99,5 % del aparato productivo nacional y el sustento de millones de familias colombianas.

Con aumentos desproporcionados en las tarifas de autorretención en la fuente, como el caso del sector transporte, que pasa del 1,10 % al 3,50 %, o el agrícola, que sube del 0,55 % al 1,20 %, este decreto no es una estrategia fiscal, es un asalto anticipado a la liquidez de las empresas que sostienen el empleo formal en Colombia.

Lo que el presidente Petro llama “eficiencia tributaria” no es más que una improvisación que ahoga el flujo de caja, desincentiva la inversión, pone en riesgo la nómina y, en los casos más graves, lleva al cierre de operaciones.

El Gobierno nacional ha optado por imponer cargas sin medir consecuencias. No hubo diálogo con los gremios, no se plantearon mecanismos de compensación, ni se consideró la heterogeneidad del tejido empresarial.

¿Acaso creen que una MiPyme rural puede absorber el mismo impacto que una gran empresa urbana? Este tipo de medidas aumentan la inequidad y empujan a más emprendedores a la informalidad, justo en un país que necesita más y mejor formalización.

Desde el Senado de la República, y en consonancia con el rechazo expresado por ACOPI, alzamos la voz para exigir que este decreto sea retirado y que se abra de manera inmediata un canal de concertación real con las organizaciones que representan a las MiPymes.

Colombia no necesita decisiones unilaterales que vulneren su base económica. Necesita políticas públicas responsables, equitativas y sostenibles que fortalezcan el desarrollo empresarial en lugar de estrangularlo.

Las MiPymes no son un “obstáculo” fiscal. Son el motor del país. Y ese motor, señor presidente, no puede seguir funcionando si usted decide sacarle el combustible a la fuerza.