(OPINIÓN) Un Análisis de la Influencia Islamista y Judía en el Conflicto Colombiano. Por: Ángel Gabriel Conde Romero

En este escrito pretendo hacer un análisis de la influencia de actores estatales y no estatales, tanto islamistas como judíos, en el conflicto armado colombiano. Deseo manejar la hipótesis de que estos actores están impulsados por profecías escatológicas y últimamente, en especial de la “Guerra Privada”, utilizan el narcotráfico como una herramienta estratégica para la dominación geopolítica, contrastando esta premisa con la narrativa convencional de que la inestabilidad de Colombia, tanto política como económica se debe principalmente al descontento social interno.

Y tengo una primera pregunta: ¿Ha existido una ignorancia profunda sobre este fenómeno social global o la formación académica ha sido bien encausada para encubrir este fenómeno social? Por ejemplo, podemos iniciar analizando el caso del islam. Yo identifico una persistente «ceguera institucional» en la doctrina de seguridad nacional colombiana, que, históricamente, ha subestimado la amenaza híbrida transnacional que representa la convergencia de Hezbollah con grupos armados locales y redes del crimen organizado, y una dinámica facilitada por el santuario estatal que ofrece Venezuela. Nunca he visto un reclamo contundente. De manera similar, la «influencia judía» se descompone en tres actores distintos con objetivos contradictorios: el Estado de Israel, que ha buscado tener en Colombia un aliado estratégico y proporciona cooperación en la defensa nacional; mercenarios y criminales israelíes, que buscan beneficios económicos de la inestabilidad y han entrenado a grupos paramilitares (que terminan siendo enemigos de la institucionalidad); y la comunidad judía colombiana, un actor doméstico que aboga por la estabilidad.

Estos factores externos no reemplazan la narrativa del «descontento social», sino que se cruzan con ella y la exacerban. Las vulnerabilidades estructurales de Colombia —debilidad estatal, economías ilícitas y profundas divisiones sociales (las cuatro oligarquías)— son el terreno fértil que estos actores externos explotan. Finalmente, quiero destacar el nexo de la desinformación, donde el conflicto de Oriente Medio es instrumentalizado por actores políticos colombianos para polarizar el debate político interno, demostrando que la influencia no es solo una imposición externa, sino también una importación y armamentización activa por parte de actores domésticos ¿A quiénes les compramos las armas y municiones? Para comprender la permeabilidad de Colombia a las influencias externas, es imperativo primero establecer la narrativa base que ha dominado el análisis de su prolongada violencia: el «inconformismo social». Esta perspectiva atribuye al conflicto a una serie de factores históricos y estructurales endógenos que han creado un terreno fértil para la insurgencia y la criminalidad. Informes de instituciones como la Fundación Ideas para la Paz (FIP) han delineado consistentemente las causas profundas que subyacen a más de medio siglo de conflicto armado.

Las raíces de esta inestabilidad se encuentran en la desigualdad extrema en la tenencia de la tierra, la exclusión política de vastos sectores de la población y una presencia estatal débil o inexistente en las regiones rurales del país. Esta ausencia del Estado ha permitido que grupos armados no estatales, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ejerzan control territorial y social, suplantando las funciones gubernamentales y financiándose a través de economías ilícitas. El impacto humanitario de esta dinámica ha sido devastador, con millones de desplazados, masacres, secuestros y violencia sexual, generando un ciclo de trauma y resentimiento que alimenta la continuación del conflicto.

Dentro de este complejo ecosistema de violencia, la percepción de victimización es multifacética. No solo la población civil sufre las consecuencias, sino que los propios actores armados, incluyéndonos a nosotros mismos, los miembros de las Fuerzas Militares, se han reconocido y han buscado ser reconocidos como víctimas directas del conflicto, un concepto que ha evolucionado y que ha sido central en el proceso de justicia transicional. Esta narrativa del descontento social, por lo tanto, no es una simple justificación de la violencia, sino el reconocimiento de un conjunto de vulnerabilidades estructurales no resueltas. Es precisamente este fracaso en abordar las quejas fundamentales de la sociedad colombiana lo que ha perpetuado el conflicto y lo ha hecho susceptible a la explotación por parte de actores externos, quienes encuentran en estas fisuras una oportunidad para avanzar en sus propias agendas. La influencia de actores de Oriente Medio en Colombia no puede analizarse en un vacío histórico. Debe entenderse dentro de un contexto más amplio de intervención extranjera que ha moldeado el conflicto colombiano durante décadas, principalmente por parte de los Estados Unidos. Esta historia de intervención establece un patrón de subordinación estratégica y de configuración externa de las políticas de seguridad de Colombia, creando el escenario en el que actores más recientes, como Irán e Israel, han encontrado espacio para operar.

Desde mediados del siglo XX, la política exterior de Estados Unidos ha sido un factor determinante en el origen, desarrollo y persistencia del conflicto armado colombiano. Documentos académicos y análisis históricos señalan tres momentos clave que cimentaron esta relación de dependencia. Primero, la escisión de Panamá en 1903, facilitada por la intervención estadounidense, sentó un precedente de subordinación de las élites colombianas. Segundo, la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948 en Bogotá, en medio del «Bogotazo», fue utilizada por Washington para alinear a Colombia con su agenda anticomunista de la Guerra Fría.

El tercer y más influyente momento fue la implementación del Plan LASO (Latin American Security Operation) en 1964. Este plan, diseñado con la asesoría directa de misiones militares estadounidenses, formalizó la doctrina de la contrainsurgencia y del «enemigo interno» en las Fuerzas Armadas colombianas, recomendando incluso la creación de grupos paramilitares para combatir a las guerrillas comunistas. Esta doctrina, enseñada en la Escuela de las Américas a generaciones de oficiales colombianos, definió el conflicto no como un problema social, sino como una amenaza a la seguridad hemisférica que debía ser confrontada militarmente.

Esta lógica se profundizó con el Plan Colombia a finales de la década de 1990. El Plan Colombia, fue presentado como una estrategia antinarcóticos, fue una inyección de ayuda militar estadounidense ($1.3 mil millones iniciales) que fortaleció nuestras Fuerzas Militares para la lucha contrainsurgente, convirtiendo a Colombia en el tercer receptor mundial de ayuda estadounidense después de Israel y Egipto. Esta intervención, aunque justificada en la lucha contra el narcotráfico, consolidó un enfoque militarista que a menudo ignoró las causas sociales del conflicto y, según algunos senadores colombianos, trajo consigo métodos como la promoción de alianzas con grupos paramilitares y la operación de contratistas privados. Este legado de intervención estadounidense no solo moldeó nuestras capacidades militares y la doctrina de las Fuerzas Militares, sino que también estableció un marco en el que la cooperación en seguridad con otras naciones, como Israel, se vería como una extensión natural de esta alineación estratégica pro-occidental. El campo de batalla contemporáneo en Colombia no solo se limita al territorio físico; se está extendiendo de manera crucial al espacio informativo, donde los conflictos internacionales son sistemáticamente instrumentalizados para fines de polarización política interna. La dinámica del conflicto entre Irán e Israel, en particular, ha sido aprovechada por actores domésticos para exacerbar las divisiones y atacar a los adversarios políticos, demostrando una faceta clave de la guerra híbrida moderna. Una investigación detallada sobre el ecosistema de medios en la plataforma X (anteriormente Twitter) revela la operación de «medios impostores». Estos perfiles, que se presentan como fuentes de noticias legítimas, a menudo con un gran número de seguidores, funcionan en la práctica como canales de propaganda y desinformación. Durante la escalada de tensiones entre Irán e Israel, estas cuentas, frecuentemente con una marcada inclinación antigubernamental, difundieron masivamente contenido falso o descontextualizado. Esto incluyó videos de intercepciones de misiles que eran en realidad animaciones digitales, imágenes de videojuegos presentadas como defensas aéreas reales, y videos antiguos de otros conflictos (como la guerra en Ucrania) atribuidos falsamente a los ataques actuales. Este fenómeno se ve facilitado por la falta de un monitoreo riguroso en las plataformas de redes sociales y la facilidad con la que cualquier cuenta puede obtener una apariencia de legitimidad.

Este uso de la desinformación no es aislado. Se inscribe en un patrón más amplio de manipulación informativa que rodea al conflicto armado colombiano, donde la propaganda y la guerra psicológica han sido herramientas utilizadas por diversos actores para influir en la opinión pública y deslegitimar al adversario. El acceso a información veraz y de calidad se ve obstaculizado por barreras estructurales, como el secretismo de las entidades estatales y la brecha digital, lo que crea un ambiente propicio para que prosperen las narrativas falsas. La instrumentalización del conflicto israelo-palestino demuestra, por tanto, que la «influencia» no es solo una acción unidireccional de actores extranjeros operando en Colombia, sino también un proceso activo en el que los actores colombianos importan y armamentizan conflictos globales para sus propias batallas políticas internas, difuminando las líneas entre la soberanía informativa y la injerencia externa. La política exterior de la República Islámica de Irán desde 1979 está fundamentada en una dualidad estratégica: una doctrina ideológica de «exportación de la revolución» y un enfoque pragmático de guerra asimétrica para asegurar su supervivencia y proyectar su poder. Estos dos pilares son inseparables y se refuerzan mutuamente, proporcionando el marco para entender sus operaciones en regiones tan lejanas como América Latina.

La base ideológica se nutre de la escatología islámica chiita, que anticipa el retorno del duodécimo Imán, Muhammad al-Mahdi, una figura mesiánica que, según la creencia, se encuentra en ocultación desde el siglo IX y regresará al final de los tiempos para establecer la justicia en la Tierra. La Revolución Islámica, liderada por el Ayatolá Jomeini, se concibió a sí misma no como un evento nacionalista, sino como el primer paso en un despertar islámico global que prepararía el camino para el advenimiento del Mahdi. La Constitución iraní y las declaraciones de sus líderes reflejan explícitamente el objetivo de exportar esta revolución, vista como un deber religioso para apoyar a los «oprimidos» del mundo contra las potencias «arrogantes», principalmente Estados Unidos (el «Gran Satán») e Israel (el «Pequeño Satán»).

Esta cosmovisión escatológica se traduce en una estrategia geopolítica pragmática. Consciente de su inferioridad militar convencional frente a Estados Unidos, Irán ha adoptado la guerra asimétrica como su principal método de confrontación. Esta estrategia se basa en evitar la confrontación directa y, en su lugar, utilizar una red de actores proxy, operaciones encubiertas, terrorismo y guerra de información para desafiar los intereses estadounidenses y la de sus aliados en todo el mundo. América Latina, considerada el «patio trasero» de Estados Unidos, se convierte en un escenario estratégico de gran valor dentro de esta doctrina.

Establecer una presencia en la región permite a Irán no solo eludir sanciones y construir alianzas diplomáticas, sino también proyectar una amenaza directa a la seguridad del hemisferio occidental. En este contexto, Hezbollah, el movimiento chiita libanés, emerge como el actor proxy más exitoso y letal de Irán. Creado, financiado y entrenado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán en la década de 1980, Hezbollah funciona como el brazo extensor de la política exterior iraní. Su papel no es solo combatir a Israel en el Levante, sino también llevar a cabo la agenda global de Irán, lo que incluye la construcción de redes clandestinas de financiación y logística en lugares como Colombia, donde la debilidad estatal y la presencia de economías ilícitas ofrecen un entorno operativo ideal. La presencia de Hezbollah en Colombia y la región circundante no es una especulación reciente, sino un fenómeno documentado por agencias de inteligencia y analistas de seguridad durante más de tres décadas. Esta presencia ha evolucionado desde actividades iniciales de recaudación de fondos y adoctrinamiento hasta convertirse en una sofisticada red criminal-terrorista profundamente integrada en el ecosistema ilícito del país.

Desde la década de 1980, Hezbollah ha utilizado las diásporas libanesas en América Latina como una base para su expansión. La Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay se consolidó inicialmente como su principal centro de operaciones, pero con el tiempo, una nueva área de importancia estratégica ha surgido en la triple frontera entre Colombia, Panamá y Venezuela. Maicao, en el departamento de La Guajira, se ha identificado como un centro neurálgico para las actividades de Hezbollah debido a su significativa comunidad de origen libanés, su porosa frontera con Venezuela y una economía dominada por el contrabando y el comercio informal. Informes de inteligencia han señalado la difusión de propaganda de Hezbollah a través de emisoras de radio locales en Maicao y la utilización de centros culturales y mezquitas como fachadas para el reclutamiento y la logística.

El papel de Venezuela como un «santuario» patrocinado por el Estado ha sido el catalizador fundamental para la proyección de Hezbollah en Colombia. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, y continuando bajo el régimen de Nicolás Maduro, Venezuela ha proporcionado a los operativos de Hezbollah pasaportes, protección estatal y una plataforma logística segura desde la cual coordinar actividades en toda la región. Esta simbiosis ha permitido a Hezbollah establecer y mantener células operativas y clanes familiares transnacionales que operan a ambos lados de la frontera colombo-venezolana, facilitando el movimiento de personas, dinero y mercancías ilícitas.

Las operaciones de Hezbollah en Colombia no se han limitado a la financiación. En 2021, el entonces Ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, confirmó que las agencias de seguridad habían desmantelado un complot de Hezbollah para asesinar a ciudadanos estadounidenses e israelíes en Bogotá. Este incidente subrayó que, aunque América Latina no es un frente de combate armado principal para Hezbollah, la organización mantiene la capacidad y la intención de llevar a cabo operaciones cinéticas en la región cuando lo considera estratégicamente necesario. El pilar fundamental que sostiene y expande la influencia de Hezbollah en Colombia es su profunda y simbiótica relación con el crimen organizado transnacional, especialmente el narcotráfico. Esta «convergencia crimen-terror» no es una alianza ideológica, sino una transacción pragmática que proporciona a Hezbollah un flujo de ingresos masivo y diversificado, crucial para financiar sus operaciones globales y reducir su dependencia directa de Irán.

Informes de inteligencia de Colombia, Estados Unidos y otras agencias internacionales han documentado repetidamente los vínculos operativos entre Hezbollah y los principales actores armados y criminales de Colombia. Desde la década de 2000, se han establecido conexiones con las FARC (y posteriormente con sus disidencias) y el ELN. Estas alianzas se basan en un intercambio de servicios: los grupos colombianos, que controlan vastos territorios de cultivo y producción de cocaína, proporcionan la droga, mientras que Hezbollah ofrece sus sofisticadas redes globales para el lavado de dinero y el tráfico de armas.

Un caso documentado en 2009 reveló una reunión en Siria entre operativos de Hezbollah, altos funcionarios del gobierno venezolano (incluido Tareck El Aissami) y el jefe de la contrainteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal. En esta reunión se coordinó un esquema de «armas por cocaína» con las FARC. Posteriormente, en 2014, se informó que un avión de carga libanés entregó fusiles AK-103 y lanzagranadas en Venezuela como pago parcial por la cocaína suministrada por las FARC. Más recientemente, la inteligencia colombiana ha señalado la colaboración directa de Hezbollah con el Clan del Golfo, el principal cartel de la droga del país.

El modus operandi de Hezbollah implica el uso de complejas redes de lavado de activos. Empresas de fachada en sectores como el textil, la exportación de carbón y la venta de ganado se utilizan para blanquear los ingresos del narcotráfico. Los fondos se mueven a través de sistemas financieros internacionales, a menudo triangulados a través de Europa y Oriente Medio, para finalmente llegar a las arcas de la organización en el Líbano. Un informe de la Fiscalía colombiana describió cómo clanes familiares y ONGs en la costa Caribe del país forman parte de esta estructura, moviendo dinero en efectivo y armas, y colaborando con figuras clave del régimen venezolano.

Esta convergencia representa una amenaza híbrida de primer orden. No se trata simplemente de narcotráfico ni de terrorismo de forma aislada, sino de un nexo donde las capacidades y recursos de ambos mundos se potencian mutuamente. Para Hezbollah, el narcotráfico es una herramienta de guerra asimétrica, una forma de «debilitar a sus enemigos a través de la adicción» mientras genera los fondos necesarios para su lucha principal en Oriente Medio. Para los grupos colombianos, la alianza con Hezbollah les da acceso a mercados y capacidades logísticas globales que de otro modo estarían fuera de su alcance. A pesar de la abrumadora evidencia acumulada durante décadas sobre la presencia y las actividades de Hezbollah, la respuesta del Estado colombiano se ha caracterizado por una notable «ceguera institucional». Un análisis de las políticas de seguridad y defensa de las sucesivas administraciones desde 2001 revela una omisión sistemática de Hezbollah como una amenaza específica y prioritaria, lo que ha creado una vulnerabilidad estratégica significativa para el país.

Durante las administraciones de Andrés Pastrana (1998-2002) y Juan Manuel Santos (2010-2018), el enfoque de seguridad estuvo dominado por los procesos de paz con las FARC, dejando poco espacio para la consideración de amenazas transnacionales no directamente vinculadas al conflicto interno inmediato. Incluso durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), cuya política de «Seguridad Democrática» reconoció explícitamente el terrorismo transnacional, los documentos doctrinales no identificaron a Hezbollah ni a otros grupos islamistas como parte de la matriz de amenazas del país.

El punto de inflexión llegó en 2020, bajo el gobierno de Iván Duque, cuando Colombia designó oficialmente a Hezbollah como una organización terrorista, uniéndose a una lista creciente de países latinoamericanos como Argentina, Paraguay y Honduras. Sin embargo, esta designación fue en gran medida simbólica. La política de defensa y seguridad del gobierno Duque no se tradujo en la creación de medidas concretas o marcos legales específicos para contrarrestar las operaciones de Hezbollah en el territorio. La atención siguió centrada en los actores domésticos, como las disidencias de las FARC y el ELN.

La actual administración de Gustavo Petro (2022-presente), con su enfoque en la estrategia de «Paz Total», ha continuado esta tendencia, centrando su política de seguridad en la negociación con grupos armados internos y en amenazas como la delincuencia organizada y los delitos ambientales, sin identificar a Hezbollah como una amenaza relevante para la seguridad nacional.

Las declaraciones de los ministros de Defensa han reflejado esta ambigüedad. En 2021, el ministro Diego Molano declaró públicamente a Irán y Hezbollah como «enemigos» de Colombia, citando un operativo que frustró un atentado en Bogotá. Sin embargo, estas contundentes declaraciones fueron rápidamente matizadas por el propio presidente Duque, quien afirmó que Colombia «no usa la palabra enemigo para referirse a ningún país», evidenciando las tensiones diplomáticas y la falta de una postura estatal unificada. Esta falta de coherencia se ve agravada por las respuestas de Venezuela, que ha desestimado sistemáticamente estas acusaciones como «enemigos imaginarios» inventados para justificar la cooperación militar con Estados Unidos e Israel. En última instancia, la percepción oficial colombiana ha sido la de tratar las actividades de Hezbollah como un problema de delincuencia organizada en lugar de una amenaza geopolítica y de seguridad nacional, un enfoque que no logra captar la naturaleza híbrida y transnacional del desafío. La relación entre Colombia e Israel ha estado históricamente definida por una robusta y profunda cooperación en materia de seguridad y defensa. Durante décadas, Israel se ha posicionado como un proveedor crucial de armamento, tecnología y entrenamiento para las Fuerzas Armadas colombianas en su lucha contra las guerrillas y los carteles del narcotráfico, convirtiendo a Colombia en su principal aliado en la región.

Esta alianza militar se consolidó a partir de la década de 1980. Uno de los pilares de esta cooperación fue la adquisición y posterior producción bajo licencia del fusil de asalto Galil, que se convirtió en el arma de dotación estándar para las fuerzas colombianas. La industria militar colombiana (Indumil) no solo fabricó los fusiles para uso interno, sino que la calidad de su producción llevó a que el propio Israel se convirtiera en cliente, importando kits de ensamblaje de Galil fabricados en Colombia.

El componente aéreo ha sido igualmente crítico. La Fuerza Aérea Colombiana ha dependido durante mucho tiempo de una flota de aviones de combate Kfir de fabricación israelí. El mantenimiento y la modernización de estas aeronaves, que ya llegaron al final de su vida útil, ha sido un punto central y, a la vez, una vulnerabilidad en la relación bilateral, ya que depende exclusivamente de la empresa estatal Israel Aerospace Industries (IAI).57 Además de los Kfir y los Galil, la cooperación ha incluido la venta de drones, sistemas de misiles, ciberseguridad e inteligencia militar.

Sin embargo, esta estrecha alianza estratégica ha entrado en una fase de crisis bajo la administración del presidente Gustavo Petro. Sus duras críticas a las acciones militares de Israel en Gaza, calificándolas de «genocidio», llevaron a una escalada de tensiones diplomáticas que culminó con la suspensión de la compra de armas a Israel en febrero de 2024 y la ruptura total de relaciones diplomáticas en mayo de 2024. Esta ruptura tiene implicaciones directas y graves para la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Militares. Aunque los contratos existentes para el mantenimiento de los Kfir y otros sistemas siguen vigentes por el momento, la imposibilidad de firmar nuevos acuerdos pone en riesgo la operatividad a mediano y largo plazo de la flota de combate del país. La situación ha obligado al Ministerio de Defensa a buscar una «diversificación» de proveedores y a acelerar el desarrollo de un fusil de fabricación nacional para reemplazar al Galil, marcando un punto de inflexión potencialmente irreversible en una de las alianzas de seguridad más sólidas de América Latina.

En marcado contraste con la cooperación oficial entre los Estados de Colombia e Israel, existe una historia paralela y oscura de actores no estatales israelíes que han contribuido significativamente a la violencia y la desestabilización en el país. Estos individuos, operando como mercenarios o como parte de redes de crimen organizado transnacional, han entrenado a escuadrones de la muerte y han participado directamente en el narcotráfico, ilustrando la naturaleza multifacética y a menudo contradictoria de la «influencia» israelí en el conflicto colombiano.

El caso más notorio es el de Yair Klein, un exteniente coronel del ejército israelí que, a través de su empresa mercenaria privada Spearhead Ltd., fue contratado en la década de 1980 por una coalición de narcotraficantes del Cartel de Medellín (incluidos Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar), ganaderos y políticos para entrenar a los ejércitos privados que más tarde se consolidarían en los grupos paramilitares de extrema derecha. Klein y otros mercenarios israelíes y británicos impartieron entrenamiento en tácticas militares, fabricación de bombas y técnicas de asesinato a los hombres que cometerían algunas de las peores masacres en la historia de Colombia. Aunque Klein afirmó que creía estar entrenando a grupos de autodefensa campesina con el conocimiento de las autoridades colombianas, fue condenado en ausencia por la justicia colombiana por conspiración criminal e instrucción en terrorismo. A pesar de una orden de arresto internacional de Interpol, nunca fue extraditado a Colombia.

Más recientemente, el caso de Gabriel Kenigsberger expuso otra faceta de esta influencia criminal. Kenigsberger, un ciudadano israelí que residía en Colombia desde hacía más de 20 años, fue arrestado en 2020 y condenado a 26 años de prisión por liderar una importante red de narcotráfico y lavado de dinero. Utilizando un hotel en Bogotá como fachada, Kenigsberger exportaba cocaína a mafias en Europa, a la Yakuza japonesa y al «Clan de Jerusalén» en Israel. La investigación reveló que actuaba como enlace con el grupo criminal colombiano «La Oficina».

Estos dos casos, separados por décadas, demuestran un patrón persistente de implicación de actores no estatales israelíes en el corazón del nexo entre el narcotráfico y la violencia política en Colombia. Sus acciones no solo contradicen los objetivos de la cooperación oficial en seguridad, sino que han fortalecido directamente a algunos de los actores más violentos y desestabilizadores del conflicto armado, añadiendo una capa de complejidad a cualquier análisis sobre la influencia extranjera en el país. Para evaluar rigurosamente la hipótesis de que las acciones israelíes en Colombia están impulsadas por profecías escatológicas, es necesario examinar la ideología del sionismo mesiánico radical y su influencia política en Israel, para luego determinar si esta cosmovisión se traduce en políticas o acciones concretas en América Latina.

El sionismo mesiánico es una corriente del sionismo religioso que interpreta la creación y existencia del Estado de Israel no solo como un proyecto político nacional, sino como un paso fundamental en el proceso de redención divina que culminará con la llegada del Mesías. Esta ideología cobró una fuerza política significativa después de la Guerra de los Seis Días en 1967, cuando la captura de Judea y Samaria (Cisjordania) fue vista por sus seguidores como un milagro divino y el cumplimiento de profecías bíblicas. Para estos grupos, como Gush Emunim («Bloque de los Fieles») y sus sucesores, retener y colonizar estos territorios es un mandato divino, y cualquier compromiso territorial es una traición a la voluntad de Dios.

Una de las aspiraciones centrales de las facciones más radicales de este movimiento es la reconstrucción del Tercer Templo en el Monte del Templo en Jerusalén, donde actualmente se encuentran la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Organizaciones como el Instituto del Templo ya están preparando los utensilios y vestimentas sacerdotales para el momento en que el Templo pueda ser reconstruido, un acto que inevitablemente requeriría la demolición de los lugares sagrados musulmanes y que, según sus creencias, precederá a la era mesiánica. Esta visión a menudo está ligada a una profecía apocalíptica de una guerra final, la guerra de Gog y Magog, que precederá a la redención final.

La influencia política de estos grupos en Israel es innegable y ha crecido en las últimas décadas, con partidos de extrema derecha que defienden estas posturas formando parte de las coaliciones de gobierno y promoviendo políticas de anexión y expansión de asentamientos. Sin embargo, al analizar la política exterior de Israel y las acciones de sus actores (estatales y no estatales) en Colombia, no existe evidencia documental en las fuentes consultadas que vincule directamente esta agenda mesiánica con las decisiones estratégicas en América Latina.

La cooperación militar con Colombia se justifica en términos de seguridad nacional, intereses comerciales y alineación geopolítica con un aliado pro-occidental. Las acciones de mercenarios y criminales israelíes están motivadas por el lucro personal. Por lo tanto, se puede concluir que, si bien el sionismo mesiánico es una fuerza poderosa que moldea la política israelí en Oriente Medio, su influencia directa en las operaciones en un escenario tan remoto como Colombia parece ser negligible. La escatología funciona como una cosmovisión para ciertos actores, pero no como un manual de operaciones para la política exterior israelí en el hemisferio occidental. Al analizar la «influencia judía» en Colombia, es fundamental distinguir entre las acciones del Estado de Israel y sus ciudadanos en el extranjero, y el papel de la comunidad judía colombiana como un actor doméstico. La comunidad judía en Colombia, aunque numéricamente pequeña, tiene una larga historia de integración económica y social, y sus organizaciones representativas actúan como un grupo de interés dentro del panorama político nacional.

La historia de la presencia judía en Colombia se remonta a la época colonial, aunque la inmigración significativa ocurrió en los siglos XIX y XX, con oleadas de judíos sefardíes y asquenazíes que huían de la persecución en Europa y el Imperio Otomano. A pesar de enfrentar períodos de políticas migratorias restrictivas y discursos antisemitas, especialmente en las décadas de 1920 y 1930, que buscaban limitar la entrada de inmigrantes considerados «indeseables» por razones raciales y económicas, la comunidad logró establecerse en nuestro territorio patrio. Los inmigrantes judíos jugaron un papel importante en el desarrollo económico, particularmente en el comercio y la industria, contribuyendo a la modernización del país.

En la actualidad, la comunidad está organizada principalmente bajo la Confederación de Comunidades Judías de Colombia (CCJC), que funciona como la entidad coordinadora de las diversas instituciones judías del país y representa sus intereses ante el gobierno y la sociedad. El papel político de la CCJC se manifiesta principalmente en la defensa de los intereses de la comunidad y en el fomento de las relaciones entre Colombia e Israel.

Esta función se hizo particularmente visible tras la decisión del gobierno de Gustavo Petro de romper relaciones diplomáticas con Israel en 2024. La CCJC emitió un comunicado público en el que «lamentaba profundamente» la decisión del presidente, rechazando el calificativo de «genocida» aplicado al gobierno israelí y destacando las históricas relaciones de beneficio mutuo entre ambas naciones. En su declaración, la comunidad instó a mantener abiertos los canales de diálogo, posicionándose claramente como un actor que aboga por la estabilidad diplomática y la alianza con Israel. Este episodio ilustra que la influencia de la comunidad judía colombiana no debe confundirse con la de un agente de un poder extranjero. Actúa como un grupo de la sociedad civil colombiana con una identidad y unos intereses particulares, participando en el debate público para influir en la política exterior del país desde una perspectiva doméstica. El núcleo esta investigación documental hecha con ayuda de Inteligencia Artificial, radica en la tensión entre dos posibles marcos explicativos para la influencia de actores islamistas y judíos en Colombia: uno basado en la profecía escatológica y otro en el pragmatismo geopolítico y criminal. Al sopesar la evidencia recopilada, emerge un patrón claro: mientras que la ideología y la escatología proporcionan una cosmovisión y una justificación de alto nivel, las acciones operativas en el terreno colombiano están abrumadoramente dictadas por consideraciones pragmáticas.

Para el eje Irán-Hezbollah, la doctrina de «exportar la revolución» está intrínsecamente ligada a una visión del mundo chiita que anticipa un enfrentamiento final contra las fuerzas de la opresión global, preparando el camino para el Mahdi. Sin embargo, en el contexto colombiano, esta gran narrativa se traduce en objetivos mucho más concretos y funcionales. La principal actividad de Hezbollah no es la proselitización religiosa a gran escala ni la preparación de un frente de batalla escatológico, sino la generación de ingresos a través del narcotráfico y el lavado de dinero. Estos fondos son vitales para sostener su lucha principal contra Israel en el Líbano y para financiar su aparato político y social. Por lo tanto, el narcotráfico no es una «estrategia de dominación» en sí misma, sino una herramienta de financiación indispensable para un conflicto que ocurre a miles de kilómetros de distancia. La alianza con grupos como las disidencias de las FARC y el ELN es una conveniencia criminal, no una convergencia ideológica.

Del mismo modo, aunque facciones influyentes dentro de la política israelí están motivadas por una visión sionista mesiánica centrada en la Tierra de Israel y la reconstrucción del Templo , no hay evidencia que sugiera que esta agenda escatológica dirija la política de seguridad o las actividades criminales israelíes en Colombia. La cooperación militar del Estado de Israel con Colombia se basa en intereses de seguridad nacional, comercio de armas y la consolidación de una alianza estratégica en una región a menudo hostil. Por otro lado, las actividades de mercenarios como Yair Klein y criminales como Gabriel Kenigsberger están impulsadas por el afán de lucro, explotando el mismo entorno de conflicto que la cooperación estatal pretende mitigar. La conclusión ineludible de este análisis es que los actores extranjeros no crean el conflicto colombiano, sino que explotan sus vulnerabilidades crónicas. La narrativa del «inconformismo social» no es una explicación alternativa a la de la influencia externa, sino que es el sustrato indispensable sobre el cual operan estos actores. La debilidad de la gobernanza, la persistencia de poderosas economías criminales y las profundas divisiones sociales y políticas son las condiciones preexistentes que hacen de Colombia un escenario atractivo para la intervención y la explotación.

La influencia de Irán y Hezbollah no se materializa a través de una conquista ideológica, sino mediante la parasitación de la economía del narcotráfico. Al hacerlo, inyectan recursos y capacidades en los grupos armados ilegales colombianos, prolongando el conflicto interno y haciendo que la solución sea aún más difícil. Su presencia convierte un problema de seguridad nacional en un desafío geopolítico, vinculando la estabilidad de Colombia a las dinámicas de poder en Oriente Medio y a la relación hostil entre Venezuela e Irán con Estados Unidos. Esto representa una forma de guerra híbrida, donde las fronteras entre el crimen, el terrorismo y la política de Estado se disuelven.35

Por otro lado, la influencia israelí es paradójica. Mientras que el Estado de Israel ha sido un pilar para la modernización y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Colombia, proporcionando herramientas para que el Estado afirme su monopolio de la fuerza, actores no estatales de la misma nacionalidad han hecho exactamente lo contrario: han entrenado y armado a los enemigos del Estado para su propio beneficio económico. Esta dualidad desmantela cualquier noción simplista de una «agenda judía» unificada y expone la naturaleza caótica y multifactorial del conflicto, donde los intereses estatales, corporativos y criminales a menudo operan en direcciones opuestas.

La verdadera «estrategia de dominación» que se observa no es de naturaleza escatológica, sino criminal y geopolítica. Diversos actores, tanto estatales como no estatales, compiten por la influencia y los recursos dentro de un Estado perpetuamente inestable. El conflicto colombiano, por tanto, no puede entenderse únicamente a través de un lente doméstico o de un lente de injerencia extranjera. Es el producto de la interacción tóxica entre ambos, un sistema complejo y autoperpetuante donde las vulnerabilidades internas son explotadas por agendas externas, y los resultados de esa explotación (más violencia, más dinero ilícito, más polarización) retroalimentan y profundizan las crisis internas originales. Basado en los hallazgos de este documento recomiendo estratégicas para que el Estado colombiano pueda abordar de manera más efectiva las complejas amenazas a su seguridad y soberanía: Superar la Ceguera Institucional y Desarrollar una Doctrina de Amenazas Híbridas: Es imperativo que Colombia actualice su doctrina de seguridad nacional para ir más allá del enfoque tradicional en la contrainsurgencia interna. Se debe desarrollar y adoptar formalmente un marco conceptual y operativo para enfrentar las amenazas híbridas transnacionales. Esto implica reconocer explícitamente a actores como Hezbollah no solo como entidades criminales, sino como instrumentos de guerra asimétrica de un Estado extranjero (Irán), y entender la simbiosis con actores estatales hostiles en la región (Venezuela). La doctrina militar debe reflejar esta realidad, pasando de manuales abstractos sobre amenazas híbridas a planes de contingencia específicos.

Fortalecer la Inteligencia Financiera y la Cooperación Internacional: El principal punto de apoyo de Hezbollah en Colombia es su capacidad para lavar los ingresos del narcotráfico. Por lo tanto, la estrategia más efectiva para desmantelar sus redes es atacar sus finanzas. Se debe fortalecer la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, dotándola de más recursos y capacidades tecnológicas para rastrear flujos financieros ilícitos. Es crucial intensificar la cooperación en inteligencia financiera con Estados Unidos, la Unión Europea y aliados regionales como Argentina y Paraguay, que tienen experiencia en la lucha contra las redes de financiación de Hezbollah.

Reforzar la Seguridad Fronteriza y la Integridad Institucional: La porosa frontera con Venezuela es la principal vía de entrada para las operaciones de Hezbollah. Es necesario implementar una estrategia de seguridad fronteriza más robusta, que combine tecnología de vigilancia, mayor presencia de la fuerza pública y programas de desarrollo social para reducir la dependencia de las comunidades locales de las economías ilícitas. Simultáneamente, se deben redoblar los esfuerzos anticorrupción para prevenir la penetración de estas redes en las instituciones estatales, especialmente en los organismos de migración y registro, que han sido vulnerados para proporcionar documentación a operativos extranjeros.

Desarrollar una Estrategia Nacional de Contradesinformación: Los conflictos extranjeros son instrumentalizados para la polarización interna. El Estado colombiano debe desarrollar una capacidad sofisticada de contradesinformación para identificar y neutralizar campañas de influencia que utilizan temas de política exterior para desestabilizar el debate doméstico. Esto implica una colaboración entre agencias de inteligencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para monitorear el espacio informativo, verificar activamente las narrativas falsas y promover la alfabetización mediática entre la ciudadanía.