(OPINIÓN) Todavía nos falta por caer al abismo que nos llevaron. Por: Luis Guillermo Suárez Navarro

Esta situación nos lleva a observar la forma como se estructuró la Constitución de 1991, como resultado de los acuerdos entre el gobierno de César Gaviria y los indultados de la guerrilla del M-19, que permitió mezclar tendencias capitalistas con ideologías socialistas y comunistas, dándole cabida a todos los actores sociales y políticos, con el propósito de buscar acuerdos con el grupo guerrillero, que permitieran plantear soluciones con una carta de navegación que marcara los destinos del país.

En la Carta Magna, que en su momento pareció ser la panacea para abordar todos los males, hoy nos está demostrando que el espíritu democrático plasmado en muchos de sus artículos le está dando la razón a críticos y aun a quienes participaron en la redacción de los mismos, sobre necesidad de realizar una reforma de fondo en cuanto a las condiciones para quienes aspiran a ocupar cargos públicos por elección popular y en especial para presidente de la República, porque el artículo 191 de la Constitución estipula que para ser candidato a la presidencia, debe cumplir solamente tres requisitos: Ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años; igual condición para ser aspirante a una curul en el Congreso.

Para unos cargos de tan alta responsabilidad en especial en la persona de un presidente, ser persona honorable, que respete la dignidad para la cual es elegido y en especial, frente a la capacidad en la toma de decisiones en momentos de crisis, son fundamentales para garantizar el éxito de su gestión. No obstante, los frecuentes hechos bochornosos que se han hecho públicos frente a la vida privada de Petro y la presunta forma como se realizaron los contratos de las mujeres que rodearon aquellos hechos, y adicionalmente los que cada día nos presentan los congresistas en las sesiones de ambas cámaras del Congreso, denotan la falta de principios ético-morales de muchos legisladores, para debatir las leyes con la responsabilidad y el respeto que debe primar entre los mismos miembros del parlamento.

Esta laxitud de la norma constitucional en cuanto a la exigencia en la calidad de las personas que participan en las decisiones de Estado y los riesgos de tener un presidente sin la capacidad moral y mental para dirigir los destinos del país nos indican que aún nos falta por caer al fondo del abismo al que nos han llevado. Los colombianos necesitamos reflexionar y ser más responsables al elegir a quienes van a ocupar los cargos por voto popular, porque si queremos que Colombia sea administrada con responsabilidad y buen juicio, debemos considerar ese ajuste al artículo 191 de la Constitución, que nos garantice contar con personas capaces de representar al país, con la dignidad que merecemos los colombianos.