(OPINIÓN) Las camas que nadie planeó. Por: Cristian Halaby Fernández

La pregunta que este debate ha pasado por alto es sencilla: ¿dónde durmió toda esa gente? Según Cotelco, al cierre del año pasado Medellín tenía veinte mil seiscientas cincuenta y nueve habitaciones hoteleras y dieciocho mil ochocientas ochenta y cuatro viviendas turísticas legales.

Casi la mitad de la capacidad formal de alojamiento no la construyeron los hoteles ni la planeó el Estado. La pusieron los ciudadanos: pensionados, familias que convirtieron un cuarto en ingreso, pequeños inversionistas que apostaron sus ahorros cuando la ciudad necesitaba camas y nadie las ofrecía.

Sin ellos, Medellín no habría podido recibir a los turistas que hoy celebra. Esos visitantes, con cuatro noches promedio y un gasto diario cercano a doscientos dólares, dejaron alrededor de novecientos cincuenta millones de dólares en la economía local.

Buena parte se queda en el barrio: la panadería, el restaurante de la esquina, el conductor, el guía. En economía se llama derrama; en la calle, camello. Ahora la Alcaldía propone en el POT concentrar la vivienda turística en zonas de alta mixtura y cerca del Metro. Según el sector, quedaría restringida en el setenta y dos por ciento de la ciudad. Planeación responde que en zonas residenciales nunca estuvo permitida.

Ambos confirman lo mismo: la norma fue desbordada por la realidad hace años, y en lugar de actualizarla se pretende devolver la ciudad a lo que dice el papel. El argumento es la vivienda, pero el propio alcalde reconoce que la renta corta no es la única causa de los arriendos altos.

Un estudio de la Universidad Javeriana no encontró evidencia causal de que lo sea. Camacol muestra el problema real: en dos mil trece el setenta por ciento de la vivienda nueva del Valle de Aburrá se vendía en Medellín, y hoy es al revés. La ciudad dejó de construir. La respuesta es habilitar suelo y licenciar, no quitarle el ingreso a quien sí invirtió.

Nadie defiende el ruido ni la explotación sexual de menores. Pero esos son delitos y contravenciones, y para eso existen el Código de Policía, la propiedad horizontal, el Registro Nacional de Turismo y la trazabilidad de las plataformas. Se sanciona la conducta, no la dirección.

Castigar a miles de prestadores formales por lo que hacen unos pocos es empujarlos a la informalidad. Propongo algo sencillo: que la vivienda turística con registro y buena convivencia opere en toda la ciudad; que cada asamblea de copropietarios decida sobre su edificio; que las sanciones lleguen hasta la cancelación del registro, y que parte de sus impuestos financie vivienda de interés social. Así se protege al vecino, la vivienda y el camello.

Un Estado facilitador reconoce que la inversión privada llenó el vacío que dejó la planeación pública, y la ordena. Un Estado obstáculo decide desde un escritorio dónde puede trabajar un ciudadano. Medellín llegó hasta aquí porque su gente se adelantó a sus instituciones. Lo mínimo es que ahora esas instituciones no le cierren la puerta.