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(OPINIÓN) La cara oculta de ir al FMI. Por: Carlos Andrés Echavarría Blandón

El presidente Abelardo De la Espriella dio instrucciones precisas a su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, para explorar la posibilidad de buscar financiación ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el firme objetivo de solventar la severa crisis fiscal que dejó como herencia el expresidente Gustavo Petro.

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(OPINIÓN) La cara oculta de ir al FMI. Por: Carlos Andrés Echavarría Blandón

El país se encuentra en una situación fiscal crítica y la nueva administración busca por todos los medios a su alcance contar con recursos frescos y necesarios para cumplir con las abultadas obligaciones financieras heredadas de la administración saliente.

El Fondo Monetario Internacional es un organismo especializado que hace parte del sistema de las Naciones Unidas (ONU) y, aunque cuenta con una aparente autonomía financiera y operativa, en la práctica no se aleja de los objetivos e ideales planteados por la organización multinacional. La relación principal entre el FMI y la ONU consiste en coordinar de manera conjunta los asuntos macroeconómicos y de desarrollo a escala global: los unos aportando el músculo del dinero y la financiación condicional, y los otros diseñando las políticas y agendas que se pretenden imponer de manera uniforme a los 193 países miembros.

Antes de continuar adentrándonos en la materia económica, resulta revelador analizar el contexto cultural global observando la postura de grandes potencias frente a las agendas internacionales. Para ello, vale la pena recordar al cineasta Oliver Stone, a quien nadie en su sano juicio podría calificar como un ultraconservador de derecha debido a su conocida simpatía hacia casi todas las causas socialistas del mundo y a un expediente personal que incluye haber sido un gran amigo y apologista de dictadores latinoamericanos como Hugo Chávez y Fidel Castro. Cuando hace unos pocos años le realizó una extensa serie de entrevistas al presidente de Rusia, Vladímir Putin.

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En una de ellas le preguntó directamente sobre la situación de los homosexuales en su país y sobre la prohibición explícita de la difusión de la ideología de género. La respuesta brindada por Putin fue contundente y no dejó espacio para ambigüedades:

“En Rusia no se persigue, no se encarcela, no se discrimina a ningún adulto por ser homosexual. Hay actores, hay artistas, hay deportistas que son homosexuales y nadie los persigue ni los discrimina. Pero no vamos a tolerar que adoctrinen a los niños en una ideología que es contraria a la familia, porque la base de esta nación es la familia. Si un niño al llegar a la edad adulta decide ser homosexual es decisión suya, pero no vamos a tolerar que la familia la destruya desde abajo haciendo proselitismo con niños que no tienen el criterio suficiente para decidir en un sentido o en otro”.

Para el líder ruso, la promoción activa de la ideología de género no es una simple bandera de derechos humanos, sino que va dirigida en la práctica a la destrucción de la base fundacional de la sociedad: la familia. Y viéndolo desde esa perspectiva, no le falta la razón.

Esta estrategia de subversión cultural tiene raíces históricas profundas. El teórico socialista, marxista y comunista más importante del siglo XX, Antonio Gramsci, comprendió tempranamente que para imponer el socialismo sobre el capitalismo, no era posible hacerlo y mucho menos sostenerlo exclusivamente con el uso de la fuerza, sino tenían que cambiar el ADN de las personas que han vivido y se han beneficiado del sistema y para ello planteó un cambio radical mucho menos visible pero más convincente en el largo plazo: la hegemonía cultural.

Gramsci veía a la familia tradicional y a la cultura de su época como pilares fundamentales que debían ser transformados. Para él, la mejor manera de lograr la revolución era por medio de la infiltración gradual del sistema educativo y de las instituciones para moldear a las nuevas generaciones, desmontando así la hegemonía cultural burguesa y transmutando desde adentro las normas morales, familiares y religiosas. Conociendo a la perfección este trasfondo ideológico, dirigentes como Putin no permiten imposiciones ni condicionamientos culturales provenientes de organizaciones multinacionales.

Otro país con un enorme peso geopolítico que camina por la misma senda de rechazo a estas agendas es China. Desde las esferas de poder del gigante asiático se ha llegado a afirmar sobre la ideología de género una sentencia tajante: “Esto es peor que el opio que trajeron los ingleses; y si dejamos que entre en nuestra sociedad y que destruya la familia, el efecto va a ser mucho peor que el del opio británico, así que no lo vamos a tolerar”.

La posición expresada por China resulta sumamente interesante de analizar. Al ser un país gobernado con mano de hierro por el Partido Comunista desde 1949, se trata de un Estado oficialmente ateo y, aun así, defienden con vehemencia su pilar más importante sosteniendo que creen firmemente en la familia y saben que la fuerza de la nación se basa sobre ella. Desde esta perspectiva, la ideología de género es vista no como un avance, sino como un ataque directo contra la soberanía nacional y la estabilidad social.

Volviendo al caso colombiano, en el plano económico, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas publicó en sus redes sociales un video en donde expone que los préstamos que otorga el FMI ofrecen tasas de interés que rondan el 4%. A primera vista, esto representa un ahorro gigante para un país que, por culpa de la desastrosa gestión de Gustavo Petro, hoy tiene títulos de deuda colocados en el mercado internacional a tasas por encima del 15%. Sin embargo, la letra pequeña es lo que verdaderamente importa: para acceder a esa línea de financiación en apariencia tan económica, el país debe comprometerse formalmente con una serie de modificaciones, reformas y regulaciones que terminan cediendo y destruyendo parte de la soberanía nacional y eso es presumiblemente lo que quiere Abelardo de la Espriella que se investigue antes de colocar su firma en un acuerdo.

Dentro de los compromisos y cartas de intención que tienen que firmar los países que se acogen a estos créditos, se terminan incluyendo de manera indirecta varios de los puntos centrales de la llamada Agenda 2030 de la ONU. Resulta obvio que la entidad encargada de prestar el dinero dentro del engranaje multilateral impone las condiciones de juego para garantizar que sus políticas globales sean aplicadas en los países receptores a los que supuestamente van a ayudar.

Este mecanismo de presión y condicionamiento funciona a través de tres áreas clave perfectamente delimitadas:

1. Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad: En este punto actúa de manera directa el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, enfocado en la llamada acción por el clima. Bajo este concepto, el FMI exige medidas como la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles, la implementación de impuestos al carbono o la fijación de metas macroeconómicas para acelerar la transición energética. Todas estas exigencias van directamente en contra de las verdaderas fuentes de riqueza que tiene Colombia para competir a nivel global: sus recursos hídricos y sus sectores minero-energéticos.

2. Macro-criticidad: Bajo este criterio técnico, el FMI justifica su intervención argumentando que ciertos temas sociales impactan la economía. Es aquí donde se introducen el ODS 5 (Igualdad de género), el ODS 1 (Fin de la pobreza), el ODS 10 (Reducción de las desigualdades) y el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas). A través de esta vía, la meta implícita es la imposición de leyes que promuevan la perspectiva de género desde la infancia, el aumento obligado del gasto social sin posibilidad de recortes eficientes, y la creación de un gigantismo institucional disfrazado de entidades "robustas" que terminan sofocando al contribuyente.

3. Asistencia Técnica: Mediante este mecanismo, los burócratas del FMI se meten de lleno en la filigrana del manejo macroeconómico del país receptor del crédito. Con la excusa de brindarle apoyo en la sostenibilidad fiscal, la eficiencia en la gestión del gasto público y la administración de riesgos climáticos, el gobierno nacional pierde paulatinamente el control autónomo sobre sus propias políticas económicas.

Algo completamente interesante en este aparte: si Colombia quiere acceder a un crédito a una tasa del 4% otorgado por el FMI, tiene que crear más estrés a las finanzas nacionales porque cada uno de los compromisos requiere de nuevos burócratas, nuevas entidades y nuevos espacios para aplicar o para verificar esos compromisos.

Así las cosas, si Colombia quiere obtener recursos para salir del paso a pesar de estar completamente quebrada, y si el gobierno no quiere asumir el costo político de implementar los cambios duros y estructurales que se requieren para un ajuste fiscal real, soberano y sostenible, la alternativa es venderle el alma al diablo.

El precio a pagar no es otro que entregar la autonomía y la soberanía del país a una burocracia internacional que busca el control total y aspira a dirigir la vida y la cultura de todos los habitantes del planeta desde la comodidad de sus oficinas en Nueva York y Washington.

Refresquemos la política desde Antioquia para Colombia.

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