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(OPINIÓN) Frenar abusos en redes sociales. Por: Diego Arango O

Pero no es que se trate de satanizar o eliminar estas herramientas, ciertamente muy útiles a la comunicación, sino de reglamentarlas y desde luego sancionar a quienes den mal uso de las redes sociales.

IFM Noticias
Redacción
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(OPINIÓN) Frenar abusos en redes sociales. Por: Diego Arango O

Si bien es cierto que las redes sociales son una auténtica realidad que llegó para quedarse en este siglo XXI, que se caracteriza por ser el de las comunicaciones, así como el pasado fue el de la tecnología y el antepasado el de la mecánica, esta útil herramienta que hoy gobierna la opinión pública también se ha convertido en una plataforma comunicativa que está causando beneficio, pero también un fuerte daño por lo siguiente:

Si bien las redes sociales como X, Facebook, Instagram, etc. son formidables para la participación ciudadana, su inmediatez amplifica rápidamente ataques, imputaciones de delitos, amenazas, suplantaciones, fraude y desinformación, causando grave daño a muchas personas en su reputación, seguridad y en general a su vida. Además, el fenómeno de las “bodegas digitales”, quienes con la reiteración de mensajes y la actividad colectiva como suplantación, engaño coordinado, amenazas o calumnias.

La utilización de esa herramienta maravillosa como la IA tomando arbitrariamente las imágenes y voces de las personas, suplantando acciones y vinculaciones fabricadas, altera la realidad causando engaño y graves situaciones tanto en el entorno íntimo y familiar de la persona, así mismo de personajes de la vida pública en su reputación, causando perjuicios como ya se ha visto.

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Todo lo anterior exige un control por parte del gobierno colocando límites a los excesos y protegiendo a la gente del mal uso de las redes por parte de personas inescrupulosas sean influencers o youtubers, así como de las bodegas debidamente montadas para el descrédito de gobernantes, políticos o personajes públicos, inventando y exagerando situaciones con el fin de desprestigiarlos.

No obstante, se resalta la necesidad de proteger tanto a ciudadanos y opositores como a gobernantes, servidores públicos y sus familias, quienes conservan su derecho a la intimidad y la honra. Sin embargo, se recalca que la crítica severa, la sátira o la oposición política no son delitos por más incómodas que resulten. Por tal motivo se debería presentar al Congreso un proyecto de ley que regule, controle y sancione el mal uso de las redes sociales. Pero no es que se trate de satanizar o eliminar estas herramientas, ciertamente muy útiles a la comunicación, sino de reglamentarlas y desde luego sancionar a quienes den mal uso de las redes sociales.

Tampoco busca silenciar la oposición política ni crear una verdad oficial, sino mejorar la prevención, investigación y reparación de daños jurídicamente verificables como imputaciones falsas presentadas como certeza, suplantación, amenazas graves o convocatorias directas a la violencia, partiendo como premisa fundamental, la libertad para cuestionar al poder público y la responsabilidad ante conductas ilícitas que son complementarias en un Estado social de derecho.

Para ello dicho proyecto de ley debe contar como fundamento constitucional y normativo, lo siguiente: La Constitución de Colombia que se apoya en la dignidad humana (arts. 1 y 2), la protección de la intimidad y la honra (arts. 15 y 21), la libertad de expresión e información (art. 20), el debido proceso (art. 29), la protesta pacífica (arts. 37 y 40), y la inviolabilidad parlamentaria (art. 185).

Como jurisprudencia clave, sentencias de la Corte Constitucional (como las T-155 de 2019, T-391 de 2007, C-442 de 2011 y SU-420 de 2019) que diferencian la opinión de la imputación fáctica y exigen una ponderación rigurosa frente al discurso público.

Ahora bien, la arquitectura legislativa a proponer por dicho proyecto sería la siguiente:

Protección eficaz de las personas: Procedimientos accesibles para denunciar contenidos ilícitos y solicitar rectificaciones visibles, con protección reforzada para menores y víctimas de acoso.

Deberes proporcionales para las plataformas como canales de YouTube con transparencia y preservación de evidencia bajo estrictas garantías legales, sin imponer una obligación general de vigilancia o censura automática.

Sancionar conductas delictivas graves, aplicación rigurosa de las normas vigentes contra amenazas e incitación a la violencia, evaluando la intención y el contexto, además de evitar tipificaciones ambiguas.

Garantías y control con prohibición absoluta de censura previa por desacuerdo ideológico, protección del seudónimo/anonimato legítimo y aplicación neutral de la ley para todos los actores políticos.

Debe advertir sobre los riesgos de trasplantar normativas restrictivas de regímenes con antecedentes de control político severo como China, Rusia, Cuba, Venezuela, entre otros. Y puede concluir exigiendo un riguroso anexo empírico con datos de la Fiscalía, la Rama Judicial y centros académicos antes de cualquier radicación formal en el Congreso, garantizando que el remedio legal no afecte las libertades democráticas esenciales.

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