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(OPINIÓN) Legitimidad a gritos. Por: María Clara Posada

El poder puede imponer sus decisiones, pero no puede imponer retrospectivamente el consentimiento popular.

IFM Noticias
Redacción
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(OPINIÓN) Legitimidad a gritos. Por: María Clara Posada

Durante una audiencia de la JEP, el magistrado Gustavo Salazar reaccionó al cuestionamiento de su legitimidad con dos expresiones reveladoras: “No vinimos acá para hablar de la legitimidad de la JEP” y “Tengo la palabra yo aquí”. El episodio trasciende una discusión judicial. Plantea uno de los interrogantes fundamentales de cualquier democracia: ¿de dónde procede la autoridad de quienes ejercen el poder y qué ocurre cuando su origen es cuestionado?

La legitimidad no es una formalidad jurídica. Es el fundamento moral y democrático de la autoridad. Una institución puede estar revestida de legalidad, respaldada por sentencias y protegida por disposiciones constitucionales, sin que ello clausure el debate sobre la legitimidad de su nacimiento. La legalidad explica por qué una institución puede ejercer el poder. La legitimidad exige explicar por qué ese poder merece reconocimiento. Así de simple. Esta distinción resulta indispensable para comprender lo ocurrido en Colombia después del 2 de octubre de 2016.

Ese día, convocados por el propio gobierno de Juan Manuel Santos, los colombianos rechazamos en las urnas el acuerdo negociado con las Farc. No fue una consulta informal ni una encuesta de opinión. Fue una manifestación directa de la soberanía popular. Sin embargo, después de aquel resultado, el Gobierno renegoció el acuerdo y acudió al Congreso para refrendarlo. La Corte Constitucional avaló jurídicamente ese procedimiento. Quedó entonces planteada una controversia que ninguna sentencia puede borrar: ¿hasta dónde pueden los poderes constituidos interpretar una decisión popular sin terminar sustituyendo su significado?

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El artículo tercero de nuestra Constitución establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Sieyès distinguió entre el poder constituyente y los poderes constituidos precisamente para recordar que estos últimos reciben su autoridad de una fuente superior. La soberanía no es una concesión de los gobernantes a los gobernados, sino exactamente lo contrario. Creo que la historia examinará con particular severidad aquella coyuntura. Estudiará cómo Santos consiguió articular una extensa red de respaldos políticos, institucionales y jurídicos que permitió implementar, mediante otro procedimiento, un proyecto cuya primera versión había sido derrotada electoralmente. También examinará las responsabilidades de quienes participaron en ese proceso, sus argumentos, sus silencios y sus decisiones.

Pero quizá lo que más sorprenda a la posteridad sea la pequeñez política que, a mi juicio, revelaron tantos voceros públicos ante una cuestión de semejante trascendencia. Faltó una voz entre tantos bienpensantes, con suficiente carácter para pronunciar una frase elemental: el pueblo se ha pronunciado y su decisión debe respetarse. Y no señores. No se trataba de renunciar a la paz. Se trataba de reconocer que ningún propósito político, por noble que se proclame, puede quedar exento del principio democrático que legitima el ejercicio del poder.

Las instituciones pueden sobrevivir jurídicamente a las controversias de su nacimiento. Lo que no pueden hacer es decretar que esas controversias desaparezcan de la conciencia histórica de una nación. Por eso, cada vez que se cuestione la legitimidad de la JEP, reaparecerá inevitablemente aquella fecha. Siempre habrá una voz que recuerde que el acuerdo original fue rechazado y que su posterior implementación siguió un camino distinto al de la aprobación popular directa. Esa discusión no constituye una ofensa contra la justicia. Al contrario. Es una pregunta sobre sus fundamentos. El magistrado Salazar puede exigir respeto por su autoridad procesal. Lo que no puede pretender es que esa autoridad convierta en indiscutible la legitimidad histórica de la institución a la que pertenece.

El poder puede imponer sus decisiones, pero no puede imponer retrospectivamente el consentimiento popular. Algún día, cuando desaparezcan los protagonistas y se apaguen las controversias actuales, permanecerá una pregunta incómoda: ¿qué valor tuvo realmente la palabra del pueblo colombiano? La respuesta será parte del juicio de la historia. Para entonces, el magistrado Salazar ya no estará allí para reclamar la palabra ni para mandar callar a la posteridad.

Pd: No sorprende que, en esa arrogancia tan propia de la JEP, ahora quieran impedir que los colombianos conozcamos los videos de las audiencias “reservadas” con las Farc.

Contrasta, por decir lo menos, con las audiencias absolutamente públicas a los miembros de nuestras Fuerzas; revictimiza y desconoce el derecho a una reparación integral a las víctimas de las Farc y deja en evidencia, una vez más, que la JEP necesita opacidad para legitimarse. Seguiremos haciendo lo posible, dentro del marco de la Constitución y la Ley, para que los colombianos podamos conocer, al detalle, las condiciones en las que se desarrollaron las audiencias donde debía, según los acuerdos, impartirse justicia.

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