(OPINIÓN) EL ATAJO de Juliana Guerrero y el mensaje deletéreo para la sociedad. Por: María Alejandra Jaramillo Puerta

Juliana Guerrero obtuvo de la Fundación Universitaria San José dos títulos, profesional en Contaduría Pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, sin cumplir los requisitos académicos para graduarse, y los presentó ante el Ministerio de la Igualdad, con el propósito de acreditar los requisitos para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes en el fallido Gobierno de Gustavo Petro. Por estos hechos llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el que admitió su responsabilidad por fraude procesal y reconoció haber utilizado esos documentos para inducir a error a la administración pública.

Más allá de lo que finalmente determine la justicia sobre las responsabilidades individuales, lo conocido alrededor de este caso pone en juego algo mucho más trascendente que merece profundo respeto, el valor del mérito en Colombia. Por eso, la siguiente pregunta es necesaria para analizar la gravedad del asunto: ¿Qué le estamos diciendo a nuestros jóvenes y especialmente a millones de mujeres que estudian, trabajan, se preparan, acumulan experiencia y luchan legítimamente por abrirse camino? Pues que prepararse no importa tanto, que un título puede convertirse en un simple requisito que se resuelve de cualquier manera, que los contactos, la apariencia, la cercanía al poder o la habilidad para moverse en determinados círculos pueden valer más que años de estudio y trabajo.

Lo anterior transmite un mensaje deletéreo que conduce a nuestra sociedad a una especie de saturnal, en la que se invierten los valores y el atajo termina imponiéndose sobre el mérito. Casos como este alimentan el prejuicio de que, cuando una mujer joven y atractiva alcanza una posición de poder, su mérito debe ser puesto en duda. Esto es un insulto para millones de mujeres que han construido sus carreras con estudio, trabajo, experiencia y disciplina.

Una sociedad comienza a deteriorarse cuando el atajo deja de producir vergüenza y empieza a producir resultados. En este caso además hay un agravante: Juliana Guerrero estuvo muy cerca de convertirse en viceministra de las Juventudes, el ejemplo de los jóvenes de Colombia. Cabe entonces otra pregunta: ¿Qué habría ocurrido si el escándalo no hubiera estallado?

Ahora bien, no creo que Juliana Guerrero sea la única. ¿Cuántos funcionarios públicos pueden estar hoy ocupando cargos con títulos falsos, experiencias infladas, certificaciones cuestionables o requisitos que nadie verificó adecuadamente?. Mientras tanto, miles de colombianos hacen exactamente lo contrario: cursan pregrados, especializaciones, maestrías y doctorados, trabajan arduamente años para construir experiencia con el objetivo de servirle al país acreditando su trayectoria, presentando certificados, demostrando sus estudios y compitiendo legítimamente por una oportunidad en el Estado.

Entonces no estamos hablando simplemente de un diploma, estamos hablando del mérito, y es ahí donde aparece la Fiscalía General de la Nación. Los preacuerdos existen y están permitidos por la ley, son herramientas legítimas de nuestro sistema penal y pueden cumplir importantes finalidades de política criminal. Sin embargo, algo debe quedar absolutamente claro: un acuerdo necesita dos voluntades; que la ley permita negociar no significa que la Fiscalía esté obligada a hacerlo.

Necesitamos fiscales capaces de pararse en la raya y decir: “No, en este caso no voy a celebrar ese preacuerdo.” Fiscales que entiendan que algunas decisiones trascienden el expediente que tienen encima del escritorio, que comprendan que detrás de una acusación también hay un mensaje institucional y que existen casos en los cuales la sociedad necesita escuchar claramente que determinadas conductas no son aceptables y son castigadas.

Necesitamos fiscales que no lleguen a un preacuerdo simplemente por temor a perder un juicio, porque un fiscal representa al Estado y el Estado también educa con sus decisiones. Por supuesto, nadie propone eliminar los preacuerdos; sería absurdo convertir cada proceso penal en una batalla hasta la última instancia. Esas herramientas existen por razones legítimas y son necesarias para el funcionamiento del sistema pero debe existir criterio para aplicarlas sin presiones.

Si la Fiscalía considera que tiene elementos materiales probatorios sólidos para sostener una acusación, debe preguntarse algo más que cuánto puede obtener mediante una negociación. La Fiscalía y todas las instituciones del Estado deberían preguntarse qué ejemplo quieren dejar a la sociedad después de cada decisión, porque un país donde el atajo paga termina enseñándole a sus jóvenes la peor de las lecciones, que hacer las cosas bien es para los pendejos.