(OPINIÓN) Cepeda resucitaría el paramilitarismo. Por Juan Ortiz Osorno

Las respuestas revelan dos doctrinas morales opuestas sobre el crimen. Petro respondió que no había que dispararle al bandido, porque la vida está primero. ¿La del bandido? Según Petro, habría que dejar obrar al bandido, confiando en su buena fe, y llamar a la policía. Uribe respondió desde la idea contraria: el dueño de la casa asaltada por el agresor tiene derecho a la legítima defensa, incluso abatiendo al intruso, como última alternativa. Aclarando que el juez debería evaluar la proporción de la fuerza empleada.

Petro respondió desde una visión en la que el delincuente es un producto de las injusticias sociales: alguien a quien el Estado debe comprender, antes que castigar. Esa lógica atraviesa su política de “paz total”, basada en beneficios jurídicos a secuestradores, levantamiento de órdenes de captura a reclutadores de menores y negociaciones con asesinos condenados, bajo la idea de que los criminales no son responsables individuales de sus actos. Uribe respondió desde la convicción de que la verdadera víctima es el ciudadano honrado que trabaja, paga impuestos y vive sometido al miedo del criminal. Convencido de que el bandido no es un incomprendido social, sino alguien que decidió racionalmente usar la violencia como atajo hacia el poder y el dinero.

Muchos sectores han querido reducir a Uribe al rótulo de “paramilitar” por haber respaldado las Convivir cuando fue gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997. Pero esa acusación suele ignorar deliberadamente el país que existía entonces y que yo reporté a diario: A comienzos de los noventa, Colombia era descrita internacionalmente como el país más violento del mundo sin guerra declarada. Sólo en 1992 hubo más de 27.000 homicidios en un país de apenas 32 millones de habitantes. La tasa de asesinatos era de 73 homicidios por cada 100.000 habitantes y Medellín tenía 375 homicidios por cada 100.000 habitantes. En medio de ese colapso, las FARC pasaron de 7.000 guerrilleros en 1990 a 18.000 en 1999. El ELN tenía 5.000 terroristas. Entre 1996 y 2002, hubo más de 20.000 secuestros.

Fue en ese contexto y no en un escenario de normalidad institucional donde surgieron legalmente las Convivir, creadas mediante normas expedidas por el Estado colombiano en 1994 como cooperativas de vigilancia rural para apoyar la colaboración ciudadana frente al avance guerrillero. La visión de Uribe estaba marcada por el asesinato de su padre, durante un intento de secuestro atribuido a las FARC. Una tragedia que compartieron miles de familias colombianas golpeadas por la violencia terrorista. Para Uribe, el ciudadano abandonado por el Estado tenía derecho a defenderse. Con el tiempo, algunas de esas estructuras fueron infiltradas o desviadas hacia el paramilitarismo y terminaron integrando ejércitos ilegales que llegaron a reunir cerca de 30.000 hombres armados en su guerra contra la guerrilla. Pero años después, ya como presidente, Uribe impulsó la Seguridad Democrática, debilitó militarmente a las FARC y promovió la desmovilización de esos 30.000 paramilitares. Durante sus dos gobiernos, Uribe firmó más de mil órdenes de extradición contra narcotraficantes y jefes criminales, incluidas las de los 14 máximos comandantes paramilitares enviados a prisiones en Estados Unidos. Entre ellos Salvatore Mancuso, Don Berna y Jorge 40, que soñaban con ser senadores sin ir a elecciones, como Petro y los demás desmovilizados de las guerrillas de izquierda. Por eso, reducir el uribismo a una defensa del paramilitarismo no sólo desconoce el contexto histórico, sino también el hecho de que la apuesta central de Uribe terminó siendo la recuperación del monopolio de las armas por parte del Estado y la idea de que ningún grupo armado, guerrillero, paramilitar o narcotraficante, debía estar por encima de la ley.

La visión de Petro sobre el crimen también tiene una historia detrás: Petro delinquió dentro del M-19. Una organización terrorista. Durante las décadas de los setenta y ochenta cometieron secuestros, asesinatos y atentados terroristas de enorme impacto nacional e internacional. El grupo protagonizó acciones como el secuestro y asesinato del líder sindical José Raquel Mercado en 1976, el robo de más de 5.000 armas del Cantón Norte en 1979, la toma de la Embajada de República Dominicana en 1980 con más de 50 secuestrados diplomáticos extranjeros, de Brasil, México, Estados Unidos e Israel, entre otros países. Y, sobre todo, la toma del Palacio de Justicia en 1985, una operación que terminó con más de cien muertos. Entre ellos, los once magistrados más brillantes e inteligentes de la Corte Suprema.

Carlos Castaño, máximo comandante paramilitar, en su biografía “Mi confesión” afirmó que Pablo Escobar y Los Extraditables financiaron al M-19 en la toma del palacio para destruir los expedientes judiciales relacionados con su extradición. Petro dice que su papel dentro del M-19 fue político y organizativo y que no participó en acciones militares ni en la toma del Palacio. Sin embargo, en 1985 fue capturado por el Ejército y posteriormente procesado por porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Y en 1991 Petro envió una carta al poder judicial, para poder recibir los beneficios de su desmovilización y posesionarse, sin participar en elecciones, como representante a la Cámara. En esa carta confesaba ser miembro indultado del M-19 vinculado anteriormente al proceso penal del Palacio. Lo que desmonta la idea de una militancia puramente simbólica o académica.

La vida delictiva de Petro moldeó una visión en la que el criminal no es un individuo responsable de sus actos, sino alguien a quien el Estado debe comprender y reincorporar. Como presidente, Petro ha destinado 80.000 millones de pesos de recursos públicos a la llamada “paz total”, incluso mientras los que dialogan continúan los asesinatos de líderes sociales, el reclutamiento forzado y la expansión territorial. Como Calarcá, que mientras dialogó estuvo vinculado a la masacre de 26 personas en Guaviare. Petro ve al delincuente no como alguien que eligió conscientemente el crimen, sino como un reflejo de sí mismo: un hombre que, bajo la idea de luchar por un país mejor, termina justificando, poetizando, romantizando, embelleciendo la peor violencia y esperando después que la sociedad lo perdone, en nombre de la manoseada paz. Pero resulta que la paz no existe en ninguna parte del mundo. Existe, sí, la justicia. Entonces, ¿por qué perseguir algo que sabemos que no existe?

Las cifras muestran que la “paz total” de Gustavo Petro y la línea política que representa Iván Cepeda devolvieron a Colombia al escenario previo al gobierno de Uribe con su Seguridad Democrática. Con el agravante de que ahora la violencia es más tecnificada. Los grupos armados ilegales volvieron a expandirse territorial y militarmente, hasta superar otra vez los 27.000 hombres y mujeres armados entre disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo y otras estructuras criminales. Un panorama que recuerda peligrosamente el país que existía antes de la llegada de Uribe al poder.

Colombia ya conoce las consecuencias de ese vacío estatal: cuando las guerrillas crecieron, secuestraron y sometieron regiones enteras, surgieron los paramilitares como respuesta ilegal de sectores de la sociedad que sentían abandonada su seguridad. Elegir a Cepeda y continuar indefinidamente una política que privilegia la negociación y flexibiliza la presión sobre las guerrillas y los narcos no acerca al país a la paz. Al contrario, incuba más guerra y el regreso de nuevas formas de paramilitarismo, como respuesta a esa hegemonía guerrillera y narcotraficante. Porque la historia colombiana demuestra que cuando el Estado pierde el monopolio efectivo de la fuerza, otros terminan ocupando ese espacio de defensa, por la vía de las armas.

Hoy además el problema es cultural: el debate público está reducido a consignas vacías. Un streamer como Westcol entrevista a presidentes y expresidentes sobre legítima defensa, violencia y criminalidad sin la profundidad histórica necesaria para explicar a sus audiencias lo que realmente significan sus respuestas. Entonces todo queda reducido a caricaturas infantiles: “Uribe paramilitar” y “Petro guerrillero”, como si ambas trayectorias fueran equivalentes. Pero mientras Petro sí delinquió en una organización terrorista y luego fue perdonado por el Estado, sin pagar ni un día de cárcel, Uribe, aun después del asesinato de su padre por parte de las FARC, no organizó un ejército privado como lo hicieron los Castaño, a los que les pasó lo mismo. Uribe no terminó defendiendo a los paramilitares. Por el contrario, siendo Presidente, impulsó su desmovilización, encarcelamiento y extradición.

Contrario a lo que digan Petro o Cepeda, votar por Cepeda no alcanzará la paz. Porque la paz no existe más que en discursos. Es una utopía. Una buena intención irrealizable. Elegir a Cepeda, inevitablemente, hará que haya más guerra. Provocará que resucite el fenómeno paramilitar, para combatir a unas guerrillas apoderadas del país. La alternativa lógica para alcanzar la justicia, que es lo que debe buscarse y no la paz, es votar por Paloma Valencia. Cuando en los noventas estuvimos como ahora estamos, la Seguridad Democrática demostró resultados. Lo que está en juego en estas elecciones es la recuperación del monopolio de las armas por parte del Estado, el debilitamiento de las estructuras criminales y la convicción de que la ley, para hacer justicia, debe proteger primero a las víctimas y no a los victimarios.