(OPINIÓN) Menos legislación, más libertad. Por: Santiago José Castro Agudelo

En Colombia hay tantas leyes que es difícil saber cuáles nos rigen. De hecho, no es extraño que al momento de preparar un documento que requiere antecedentes legales, debamos recurrir a poderosas plataformas que nos permitan tener todo actualizado.

En el sector educativo, por ejemplo, el Decreto Único Reglamentario del sector Educación, decreto 1075 de 2015, es una compilación extraña que se presta para la interpretación que cada burócrata le dé y genera, por lo tanto, que las instituciones educativas oficiales y no oficiales estén a merced del gobierno de turno, tanto a nivel nacional como a nivel departamental y municipal.

Es tan complejo el asunto, que la ley general de educación, ley 115 de 1994, que sentó las bases para el desarrollo de un sistema nacional de educación, pierde relevancia ante cada embestida legislativa, al igual que la libertad que deben tener las familias al momento de escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos e hijas. No es extraño ver cómo se celebran las expediciones de decretos o la aprobación de nuevas leyes que exigen más a los colegios. Desde la cátedra de paz, pasando por la cátedra de la afrocolombianidad, la de emprendimiento y ahora aterrizando en la obligación de un enfoque socioemocional. Cada día es más difícil pensar proyectos educativos innovadores y quienes lideramos instituciones educativas tenemos que hacer malabares para cumplir con todo y a la vez avanzar en un mundo que evoluciona rápidamente.

Definir “calidad educativa”, “excelencia académica”, entre otros, es algo que no se debe hacer desde el Estado. El conjunto de interacciones que se dan en el sistema debe ofrecer suficiente libertad para que surjan nuevas aproximaciones, enfoques y marcos pedagógicos. De lo contrario, como suele ocurrir, quedamos a merced de lo que el aparato estatal, siempre demorado para responder, permita y promueva.

No es inusual que después de años de interiorizar una forma de hacer las cosas, el gobierno de turno decida tomar otro curso e imponer a los proyectos educativos modificaciones y ajustes, incluso si van en contra vía de lo que esa comunidad ha acordado y valida, razón por la cual deciden hacer parte de este y no de otro. Toda mejora en calidad se desprende de pequeños cambios que se detonan en un escenario de competencia, de atreverse a ser diferentes, que es lo propio de una democracia.

A nuestros legisladores valdría la pena recordarles que su papel está en hacer valer la ley y permitir la iniciativa pública y privada dentro de un marco general que garantice estabilidad y oportunidades para todos. Esa nefasta práctica de cambiar las cosas al vaivén de nichos electorales a los que se les quieren mandar un mensaje, pensando en la próxima elección, es gravísima. Me hacer recordar al gran Groucho Marx, quien ofrecía unos principios, aclarando a su interlocutor que si no gustaba de estos no habría de preocuparse, pues tenía otros también.

En Colombia es urgente ponernos de acuerdo en menos legislación y más libertad, sobre todo en el sector Educación. Recordemos aquí que la economía más poderosa del mundo se mueve en el marco de un Estado cuya Constitución Política tiene siete artículos y 27 enmiendas, acompañadas de un amplio desarrollo jurisprudencial. Aquí, en cambio, nunca sabemos qué definirá el Congreso cada legislatura, qué interpretación le dará a eso la burocracia o que le permitirá decidir a un magistrado.