En el sótano

Por Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Nuestra Constitución Política estableció sus artículos 40 (derecho de participación en la conformación del poder político) y 103 (formas de intervención en ejercicio de su soberanía por parte de los ciudadanos). La ley estatutaria 1757, artículos 43 a 45, desarrolló tal derecho de participación ciudadana en la revocatoria de alcaldes y gobernadores.

No obstante, tales normas, en nuestra ciudad se ha burlado el derecho de la ciudadanía a manifestarse sobre la continuidad del alcalde Quintero, cuyo desprestigio lo sitúa en el último lugar (33) ente los mandatarios municipales de las ciudades capitales, según reciente encuesta.

La revocatoria del alcalde de Medellín, que no es política sino cívica, solicitada con el número de firmas requerido y la cual cumple con todas las exigencias legales, ha sido objeto de toda clase de subterfugios, triquiñuelas y leguleyadas por parte de la Registraduría y del Consejo Electoral, aliados de Quintero, y de la alcaldía misma, temerosa de la decisión ciudadana.

Después de tantas vueltas y revueltas de este proceso de revocatoria, ha venido a pronunciarse de nuevo el Tribunal Administrativo de Antioquia en reciente fallo que ordena a la Registraduría para que se convoque la votación, sin más excusas ni esguinces, en el plazo terminante de ocho días.

Pero como quien no da su brazo a torcer ante la obligatoriedad del fallo, la Registraduría ha venido en presentar una solicitud de “aclaración”, de lo que no es oscuro, sino diáfano, como es la perentoriedad de esa decisión judicial.

El propósito, este sí claro y transparente, es el de dilatar y enredar la revocatoria, con el vano propósito de que finalice el año sin que se haya podido llevar a cabo y que se nos lleguen las elecciones del 2023 y el alcalde se salga con la suya, y que sus actuaciones y las de su redil se cubran con un manto de impunidad.

Entre tanto, la crisis de la ciudad sigue avanzando y en estos tres últimos años hemos perdido lo logrado en avances de los últimos veinte.

Se rompió la creadora relación convergente universidad, empresa y administración, la inseguridad es calamitosa, el expendio y consumo de alucinógenos, inaudito, la salud ha decaído por la ineficiencia y corrupción en el Hospital General, en Metrosalud y en el Hospital Infantil, así como en el Concejo de Medellín y la Secretaría de Salud; las vías y zonas verdes se han vuelto depósitos de basuras que ya no se recogen ni disponen en el lugar adecuado. A la ciudad ya se le conoce como “el mayor burdel a cielo abierto” del mundo. Su administración es una vergüenza.

Todo ello mientras el alcalde cree obsesivamente que su gestión se verá cumplida si logra derrotar a sus opositores y críticos, que no se quejan tanto de sus simpatías por el Pacto Histórico, como de su incuria y corruptela.

En Medellín ya bajamos de los pisos altos al sótano.

Post Scriptum: La administración de Daniel Quintero va a apoderarse de las juntas directivas del Metro y la Cámara de Comercio. ¿Lo permitiremos?